El PP vuelve a plegarse ante las exigencias ideológicas de Vox y a comprar un marco racista y xenófobo, como ya hiciera en ayuntamientos como el de El Ejido, donde una propuesta similar nació del propio Grupo Popular, como en el Congreso de los Diputados. En este caso ha sido en el Ayuntamiento de Sevilla, bajo el grupo que comanda José Luis Sanz, quien se ha mostrado a favor de la moción de Vox para prohibir el burka o el niqab en las dependencias municipales.

Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Popular en el Consistorio Hispalense, Juan Bueno, que ha asegurado que, de manera "serena", se muestra a favor a hacerlo, aunque ha advertido que es conveniente solicitar un informe jurídico sobre si es viable o no, aunque comparten plenamente la medida implementada por la ultraderecha.

En el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP pero con el apoyo municipal de Vox, se votará, por tanto, en el próximo pleno que se celebrará el jueves siguiente, la prohibición del burka y el niqab en las dependencias municipales. 

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha señalado que "la identificación visual del rostro no es un capricho, sino una condición funcional básica para garantizar la verificación de la identidad" y ha asegurado que las instituciones "tienen la obligación de establecer normas claras que garanticen la convivencia con respecto a nuestras reglas comunes".

"Con esta propuesta no planteamos prohibir prendas religiosas en la vía pública, ni pretendemos regular cómo debe vestir nadie en su vida privada. Hablamos de dependencias municipales donde existe una relación especial entre el ciudadano y la Administración", ha remarcado. 

En paralelo, Peláez ha calificado el burka como "el símbolo más evidente de discriminación hacia la mujer dentro de las sociedades islámicas".

"Debate inexistente"

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la iniciativa de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en dependencias municipales, una propuesta que, a su juicio, responde a una estrategia política destinada a generar polémica y división social en lugar de abordar los problemas reales de la ciudad.

Durante la Comisión de Control y Fiscalización celebrada esta mañana, la concejala socialista Sonia Gaya ha cuestionado el supuesto "clamor social" al que ha apelado Vox para justificar la propuesta. "Nos hablan continuamente de las preocupaciones reales de las mujeres sevillanas", que según Gaya son "llegar a fin de mes, tener un empleo estable o poder conciliar". "Y ahora pretenden hacernos creer que el gran problema de Sevilla es prohibir una determinada indumentaria en las dependencias municipales".

Gaya ha subrayado que no existe ningún caso en Sevilla que justifique una medida de este tipo y ha advertido de que el verdadero objetivo de la iniciativa es situar en la agenda pública un debate que busca señalar a una minoría religiosa. "No estamos ante un problema administrativo ni de seguridad. Estamos ante un intento de señalar a una minoría para convertirla en un problema político", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha ironizado sobre que el burka "sea un problema real en Sevilla". "En este ayuntamiento celebramos entre 15 y 20 plenos al año entre ordinario y extraordinario ¿Cuántas mujeres con burka han visto ustedes en este sala? Cero", ha destacado.

"Dicen ustedes que quieren proteger a las mujeres, pero con sus recetas lo que consiguen es excluirlas aún más, es apartarlas aún más, es expulsarlas del espacio público", ha remarcado y ha asegurado que "no hay marco jurídico" para la decisión. "No queremos que ninguna mujer tenga que llevar ninguna prenda por imposición", ha afirmado ante las críticas de PP y Vox.

La iniciativa de la ultraderecha

El objetivo de esta medida es "garantizar" la identificación visual de las personas por motivos de "seguridad, prevención de suplantaciones de identidad y el correcto desarrollo de los trámites y servicios públicos presenciales", reza el documento. Esta condición de acceso se aplicaría con carácter general a cualquier atuendo o prenda que impida total o sustancialmente el reconocimiento facial de la persona.

La propuesta contempla excepciones específicas para aquellos casos en los que la ocultación del rostro esté debidamente justificada por razones médicas, de salud pública o exigencias de seguridad laboral. Asimismo, el texto delimita claramente el alcance de la norma, indicando que se trata de un reglamento de régimen interior exclusivo para edificios administrativos y que en ningún caso será aplicable en la vía pública. Para su puesta en marcha, se solicita a los servicios jurídicos correspondientes la redacción de una norma interna que detalle su aplicación y garantice su correcta difusión a la ciudadanía.