Este viernes 19 de junio colectivos vecinales y que trabajan por el derecho a la vivienda han convocado una manifestación bajo el lema "La Vivienda nos cuesta la Vida", que se desarrollará en manifestaciones que alcanzarán hasta 32 ciudades de España. En la capital andaluza comenzará a las 19:00 horas desde el Parlamento de Andalucía.
Ante este día marcado en rojo para muchos jóvenes y ciudadanos andaluces que no pueden acceder a una vivienda digna, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, una de las organizaciones convocantes, ha realizado una llamada a la movilización contra las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.
El Sindicato describe las políticas de vivienda que aplican tanto Consistorio como Junta de Andalucía, del mismo signo político, se corresponden con una política "antisocial, dirigida a favorecer el negocio de la construcción privada y aumentar el patrimonio de algunos hogares, sin ofrecer soluciones a la población vulnerable y a aquellos que realmente tienen problemas de vivienda".
Según el último Índice de Precios de la Vivienda del INE, correspondiente al primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda se incrementó un 13,3% en Andalucía, por encima de la media nacional. Por su parte, en Cataluña, Navarra y País Vasco se contiene la escalada de precios, precisamente las únicas tres Comunidades Autónomas que están aplicando políticas de control de precios del alquiler de conformidad a la Ley de Vivienda Estatal, señala la organización. En Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla se sigue "negando de forma incomprensible a aplicar esta política que aliviaría la burbuja de precios y la crisis habitacional que vivimos".
Además, el Sindicato de Inquilinas señala que uno de los principales problemas que atesora el debate de la vivienda en Andalucía redunda en la escasez de la Vivienda Protegida y su paulatina derivación hacia operaciones de comproaventa durante las últimas décadas. De este modo, han sido especialmente críticos con la ley de vivienda que ha puesto en marcha el Ejecutivo del PP, donde el "periodo de calificación es cada vez más breve, con lo que las viviendas financiadas con fondos públicos pasan al mercado libre al poco tiempo". El Plan Estatal de Vivienda señala que se han construido 6,5 millones de viviendas de promoción pública desde 1960 en España, de las cuales solo 300.000 siguen formando parte del parque público, suponiendo tan solo un 1,7% de los hogares.
La Junta de Andalucía, apuntan, ha sido una de las administraciones que "se ha puesto a la cabeza" de la descalificación de la vivienda protegida en los últimos años. Las inquilinas recuerdan el recurso ante el Tribunal Constitucional de la Junta de Andalucía a los artículos de la Ley de Vivienda Estatal que establecían un periodo mínimo de 30 años de calificación para la vivienda protegida. Posteriormente, continúan, mediante el Decreto-ley 1/2025, redujo a 10 años el periodo mínimo de calificación de las viviendas protegidas, al tiempo que incrementaba a 7 veces el IPREM los ingresos máximos de los hogares que podían acceder a estas viviendas, lo que sitúa este límite cerca de los 60.000 euros anuales.
En paralelo, la política de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla "sigue punto por punto esta política de vivienda antisocial". Como ejemplo señala las nuevas viviendas protegidas que la Administración que dirige José Luis Sanz ha construido en la Cruz del Campo a través de la empresa pública de vivienda, alcanzando precios de hasta 350.000 euros. En zonas mucho menos céntricas de la ciudad, como El Pítamo (Residencial Entreolivos), ha ofertado viviendas de hasta 250.000 euros. Con estos precios, los adjudicatarios más vulnerables "no tienen más remedio que renunciar a las viviendas hasta que aparecen hogares con el poder adquisitivo suficiente. Hogares de clase media que en 10 años pueden especular en el mercado libre con el precio de sus viviendas. De esta manera, la vivienda pública está sirviendo para aumentar el patrimonio de algunos hogares en detrimento del erario público y del interés general de la política de vivienda", denuncian..
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla llama la atención de la necesidad de un giro en la política de vivienda pública, con la aplicación de control de precios de alquiler en las zonas tensionadas de las ciudades andaluzas y con un compromiso claro por parte de las administraciones públicas para que todas las viviendas de protección oficial lo sean en alquiler y con calificación permanente, generando un parque público de vivienda que garantice este derecho y combatiendo de forma efectiva la especulación inmobiliaria.
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