La sesión plenaria celebrada este 11 de marzo en el Parlamento de Andalucía ha estado marcada por el choque entre la mayoría del Partido Popular de Andalucía y los grupos de la oposición de izquierda. El debate ha supuesto la aprobación del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía y la convalidación del decreto de ayudas tras las borrascas que afectaron a la comunidad entre enero y febrero.
El pleno ha comenzado con polémica. Los grupos de izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, habían intentado incluir en el orden del día una comparecencia del Gobierno andaluz para abordar las consecuencias del conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, la petición fue rechazada por el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, al considerar que la iniciativa no había pasado previamente por la Mesa del Parlamento: “Si no ha pasado por la Mesa, no puede debatirse en el Pleno. No hay más intervenciones”. Y, así, con ese “no hay más intervenciones”, ha impuesto su decisión a toda la Cámara.
La oposición apeló entonces al artículo 73 del Reglamento del Parlamento que permite alterar el orden del día si lo solicitan dos grupos parlamentarios o una décima parte de los diputados, e incluso recordó la posibilidad de hacerlo por unanimidad de la Cámara. Igualmente, el diputado socialista, Rafael Recio, defendió que el debate debía celebrarse por tratarse de un asunto de “gran preocupación” para la ciudadanía andaluza, pero la propuesta no prosperó.
Después de este espectáculo, más propio de un mandato dictatorial que de uno democrático, se ha procedido a una “votación”, cuyo final se podía anticipar conociendo la mayoría absoluta del Partido Popular, para modificar el orden del día al inicio de la sesión. La intención de este cambio era situar primero el debate final de la Ley de Patrimonio Cultural y dejar en segundo lugar la convalidación del decreto de ayudas por las borrascas. La decisión salió adelante con los votos del PP y Vox, mientras que los grupos de izquierda votaron en contra.
Por otro lado, el pleno también ha estado precedido por un gesto simbólico de la oposición progresista. Las portavoces del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han leído ante el salón de plenos un manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional de la Mujer, tras no lograrse una declaración institucional unánime en la Cámara.
Falta de ambición del Gobierno de Moreno Bonilla
Desde el grupo socialista, las críticas se han centrado tanto en el contenido de la nueva ley de Patrimonio como en la gestión del decreto de ayudas aprobado tras el paso de varias borrascas por Andalucía.
La diputada socialista Carmen Ambrosio ha abierto su intervención en el debate sobre patrimonio apelando a la figura de Blas Infante y al simbolismo del verde de la bandera andaluza “como color de la esperanza”. Sin embargo, rápidamente situó el tono crítico del grupo socialista hacia el proyecto legislativo impulsado por el Gobierno de Moreno Bonilla.
Así, Ambrosio ha calificado el texto de “proyecto de ley con falta de ambición” y ha reprochado al Ejecutivo que tratara una de las competencias fundamentales del Estatuto de Autonomía “como un simple trámite de legislatura”. A su juicio, la norma no responde a los retos reales de conservación y gestión del patrimonio cultural andaluz.
La parlamentaria también ha aprovechado para cuestionar el procedimiento seguido para su elaboración, denunciando la escasa participación de los sectores implicados y alertando de que la norma puede generar inseguridad jurídica. “Es una mala ley en la forma por la ausencia de participación”, ha sostenido, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno andaluz no haya incorporado las propuestas de la oposición. No obstante, para ella, “no te puede decepcionar aquello que sabes que va a ocurrir”, ha apostillado.
Las críticas socialistas se han extendido también al decreto de ayudas aprobado tras las borrascas. El parlamentario socialista onubense, Mario Jiménez, lo ha calificado directamente como “una estafa” y una “tomadura de pelo para los andaluces”. Según ha denunciado, las medidas no responden a las necesidades reales de los municipios afectados ni de los sectores económicos golpeados por los temporales. Así, Jiménez ha acusado al Gobierno andaluz de priorizar la imagen política frente a la gestión efectiva de las ayudas. Según el socialista, para Moreno Bonilla los andaluces son “figurantes que forman parte de un escenario en el que él quiere salir”.
Igualmente, Jiménez ha señalado que “este decreto no resuelve los problemas de los sectores afectados”, al tiempo que ha denunciado la diferencia entre las cuantías que recibirán los damnificados y otras partidas destinadas a proyectos vinculados al Ejecutivo andaluz. El diputado ha concluido con que “son ustedes los que se llevan el dinero”, refiriéndose a los populares de Moreno Bonilla.
No obstante, la consejera de Economía de la Junta, Carolina España, ha rechazado esas críticas y defendido que el decreto responde con “respeto, claridad y política de hechos” a los efectos de las borrascas. Así, ha reprochado a la oposición su rechazo a medidas similares en el pasado y ha asegurado que su Gobierno es “el único que tiene la dignidad de ponerse al lado de Andalucía”.
Por Andalucía alerta de intereses económicos en la actuación del PP
Las críticas del grupo Por Andalucía se han centrado especialmente en el contenido de la nueva ley cultural y en lo que consideran una política patrimonial orientada a intereses económicos.
La portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, y la portavoz adjunta, Alejandra Durán, han defendido que el proyecto legislativo no responde a las necesidades reales de protección del patrimonio andaluz y han denunciado que se aprobará sin incorporar las aportaciones de la oposición.
También, durante el debate, la diputada de este partido, Esperanza Gómez, ha llegado a afirmar que Moreno Bonilla “es el único que se puede permitir acceder a un psicólogo”, aprovechando las declaraciones del presidente de la Junta en el programa El Hormiguero y actuando como crítica directa al rumbo político del Ejecutivo andaluz.
Desde la coalición de izquierdas han insistido en que Andalucía atraviesa una “crisis patrimonial de enorme gravedad” que la nueva norma no aborda. Según han denunciado, el proyecto pone el foco en la explotación económica del patrimonio en lugar de reforzar su protección.
Las críticas también han alcanzado al decreto de ayudas por las borrascas. Así, han cuestionado la falta de claridad sobre el llamado “Plan Actúa” y acusado al Gobierno andaluz de mover partidas presupuestarias “de un lado a otro según les convenga”, lo que, a su juicio, resta credibilidad a las medidas anunciadas.
Desde el grupo popular, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha defendido el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que ha calificado como una norma “muy trabajada” y elaborada tras escuchar a profesionales y a la sociedad civil. Según del Pozo, la nueva ley moderniza una legislación anterior “obsoleta” y mejora los procedimientos de gestión del patrimonio cultural andaluz.
“Andalucía Actúa se debería llamar Andalucía No Actúa”
Desde Adelante Andalucía, el portavoz José Ignacio García ha centrado parte de su intervención en denunciar lo que considera falta de transparencia en la gestión del patrimonio y en las políticas del Gobierno andaluz. Durante el debate sobre el decreto de ayudas por las borrascas, García ha criticado que muchas de las medidas anunciadas por el Ejecutivo no aparecen reflejadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. “Todo lo que han contado de Andalucía Actúa no está en el BOJA”, ha señalado, acusando al Gobierno de presentar anuncios sin respaldo normativo. Para el portavoz, el plan “Andalucía Actúa se debería llamar Andalucía No Actúa”, pues los datos que se saben es gracias a medios de comunicación o no por su publicación en el BOJA, “que es donde tienen que poner las cosas para que no se quede en un engañabobos”.
Del mismo modo, la diputada Begoña Iza también ha reclamado explicaciones sobre el caso de las obras del Estadio de La Cartuja y las investigaciones judiciales relacionadas con su adjudicación, un asunto que ha planeado sobre varios momentos del pleno.
En el debate sobre patrimonio, Iza ha defendido además la necesidad de proteger elementos culturales que, según denunció, han terminado fuera de Andalucía. “Muchos elementos se los han quedado otros territorios”, ha afirmado, reclamando una política más decidida para preservar el legado histórico y cultural andaluz. “Madrid tiene mucho patrimonio que pertenece a Andalucía, tanto que hasta la Feria nos quieren quitar”, ha añadido la diputada.
En respuesta a las críticas sobre el decreto de ayudas y el plan “Andalucía Actúa”, la consejera de Economía, Carolina España, ha insistido en que las medidas adoptadas forman parte de la política de apoyo a los municipios y sectores afectados por los temporales y ha defendido que el Ejecutivo andaluz está respondiendo con “compromiso real” y medidas concretas frente a los daños provocados por las borrascas.
La sesión plenaria ha terminado así con la aprobación de dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno andaluz, la nueva Ley de Patrimonio Cultural y el decreto de ayudas por las borrascas, gracias a la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, el debate ha dejado también patente la profunda distancia entre el Ejecutivo de Moreno Bonilla y los grupos de la oposición de izquierda, que han denunciado durante toda la jornada, incluso toda la legislatura, la falta de diálogo, escasa ambición legislativa y una tramitación parlamentaria en la que sus propuestas apenas encuentran espacio.
El pleno ha vuelto a evidenciar así el clima político que lleva atravesando la Cámara andaluza durante cuatro años: una mayoría sólida que garantiza la aprobación de las iniciativas del Gobierno frente a una oposición que insiste en denunciar su exclusión del proceso de decisión.