La antigua cúpula del Partido Popular de Almería desfila por los juzgados a partir de este jueves por el 'caso Mascarillas' en la Diputación provincial. El juez investiga una trama de contrataciones irregulares para la compraventa de material sanitario, por la que están investigados, entre otros, el expresidente de la entidad, Javier Aureliano García, y los que fueran sus vicepresidentes primero, Fernando Giménez, y tercero, Óscar Liria, cuya detención en junio de 2021 hizo estallar el caso.
Este primer día de declaraciones en los juzgados de Instrucción de Almería abrirá con la de Giménez, y la del presunto comisionista del contrato irregular de dos millones de euros, casi un millón de sobrecoste, firmado en abril de 2020, Kilian López. El viernes será el turno de Liria, que fue el primer detenido por la trama; mientra que el expresidente y, entonces, líder del PP en la provincia, lo hará el próximo 26 de junio.
El juez les imputa, entre otros, delitos de malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales o fraude en contratación pública. Se trata del primer caso de compraventa fraudulenta de mascarillas que estalló en España, que se ha alargado varios años en instrucción, y que se investiga en paralelo a otra pieza relacionada con García. El entonces presidente de la Diputación viajó a Madrid junto a su jefa de gabinete en junio de 2025, cargando los costes a la Federación Española de Municipios y Provincias, a pesar de que no acudió a ningún acto de esta entidad. Está acusado por ello de prevaricación y malversación.
En noviembre, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron los domicilios de los encausados y otros edificios, incautándose de material informático, móviles y documentación. Cuando el juez les convocó estas declaraciones, varios de los acusados pidieron su suspensión, alegando que aún no se conocía el informe del cuerpo armado sobre esos registros. El magistrado lo ha rechazado, y se reserva el derecho a que vuelvan a declarar más adelante si se conocen nuevos datos que les incriminen.
La trama de López y la Diputación
Todo comenzó en abril de 2020, cuando la Diputación de Almería firmó una adjudicación para la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. La beneficiaria fue Azor Corporate, mercantil propiedad de López, y el contrato se cerró en 2.036.186,24 euros. Unos días más tarde, el comisionista presumía de haber cerrado ese acuerdo, presuntamente amañado, en mensajes de texto que fueron intervenidos por otra causa judicial, relacionada con el narcotráfico.
La instrucción empezó a tirar de ese hilo, y descubrió que López había cobrado 945.000 euros de sobrecoste por la adjudicación. Según la UCO, este dinero fue canalizado a una empresa de la órbita del comisionista y, posteriormente, se repartió entre la cúpula del PP almeriense. Los agentes sostienen que Liria, García y Giménez cobraron entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas. López era "la persona encargada de la canalización de estos fondos hasta sus últimos destinatarios", según los agentes. Está acusado de los delitos de malversación, cohecho, blanqueo de capitales y fraude en contratación pública.
Pero esto no fue solo cosa del empresario, pues el amaño y la canalización de esas mordidas se habría orquestado desde el corazón de la Diputación: "Desde los momentos iniciales de la tramitación de ese contrato público entre los diferentes empresarios y cargos públicos se alcanzó un concierto para llevar a cabo una facturación al proveedor por un precio superior al real", sostiene la UCO.
La investigación avanzó, y descubrió que este no fue el único contrato fraudulento entre López y la Diputación. Entre 2016 y 2020, el órgano provincial había firmado con él 16 contratos, presuntamente amañados y por un importe total de 421.805,13 euros. El empresario, siempre según la versión de la Guardia Civil, organizó una trama empresarial para dar a apariencia de legalidad a los concursos públicos, organizando las ofertas para conseguir la adjudicación con el sobrecoste deseado.
La UCO sitúa a García, Giménez y Liria en la cúpula de la trama
Es en este modus operandi donde aparece la primera pieza política. La trama de López habría conseguido llevarlo a cabo gracias a Óscar Liria, que además de vicepresidente tercero era delegado de Fomento de la Diputación, por lo que era el responsable de esas adjudicaciones. La UCO señala que fue él quien ofreció en el organismo la posibilidad de comprarle mascarillas a la empresa de López. De hecho, los agentes señalan que la trama pudo funcionar gracias "a las capacidades ostentadas" por Liria, "como consecuencia de su cargo público", por lo que se le imputa prevaricación. A esto se suman los delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y organización o dirección de trama corrupta.
Liria y López se conocen de toda la vida, ya que les unen varios vínculos familiares entre personas que también están llamadas a declarar. El comisionista es sobrino de Hortensia López, excuñada del tío de Liria, que es el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, también imputado. El que fuera vicepresidente provincial fue detenido en junio de 2021, tras lo que la UCO le encontró 26.750 euros en metálico. Los agentes sostienen "indicios de cobro" de "importes en efectivo como consecuencias de estas adjudicaciones", y también de que Liria canalizó ese dinero "a otros cargos públicos de la misma corporación, entre los que se encuentran Fernando Giménez y Javier Aureliano García".
Las evidencias en las que se basan están en los mensajes intervenidos a los tres. Los encausados hablaban de mordidas en un chat grupal, utilizando, según la UCO, metáforas de ortodoncia, lo que para el juez constituye "un indicio muy claro y muy sólido" de la participación del entonces presidente en el cobro de comisiones. "Tengo que ir al dentista y no sé cuando ir… yo también me tengo que hacer una limpieza"; "Esta tarde he pedido cita para una limpieza"; "Me debes dinero tú… necesito empastarme dos o tres muelas, sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer", son algunos de los mensajes que se intercambiaban.
La UCO también recoge de sus pesquisas cómo se canalizaba el dinero de las adjudicaciones hasta terminar en los bolsillos de la trama, rol en el que sitúan también como cabecilla a Liria. Los agentes sospechan de varias actividades con las que el ex vicepresidente habría blanqueado mordidas. Primero a través de empresas pantalla gestionadas por su hermano Francisco Liria, y su primo Rodrigo Sánchez López, ambos imputados. Segundo con la compra de vehículos para su difunto padre y su pareja. Y tercero por la compra de una administración de lotería en la localidad almeriense de Adra junto a su hermano.
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