La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descartado la existencia de una "red clientelar" en la investigación de la denominada "pieza política" de los cursos de formación de la Junta de Andalucía durante la etapa de gobierno del PSOE andaluz. Así lo recoge el último atestado policial remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y adelantado por Diario de Sevilla, una macrocausa en la que figuran como investigados 24 exaltos cargos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tanto de los servicios centrales como de las distintas delegaciones provinciales.
El documento judicial contraviene de manera directa una de las tesis principales sobre las que se construyó este procedimiento en sus inicios. La macrocausa fue impulsada en 2014 por la magistrada Mercedes Alaya, quien en diversos autos acusó formalmente a los responsables del anterior Gobierno autonómico del PSOE de haber estructurado un sistema de "clientelismo político" sostenido a través de la concesión arbitraria de subvenciones públicas destinadas a la formación para el empleo.
Frente a esa interpretación inicial, los investigadores de la UCO son contundentes en su informe más reciente. La Policía Judicial aclara que la hipótesis de una trama clientelar orientada a favorecer a fines políticos "jamás" formó parte de sus atestados u oficios, ni tan siquiera como una mera conjetura de trabajo. Los agentes señalan que la labor policial nunca se centró en identificar esa supuesta red, término que atribuyen al ámbito judicial y no al policial, sino en esclarecer las anomalías cometidas durante las fases de concesión, fiscalización y justificación de las partidas para determinar si existían responsabilidades penales.
La postura expresada por la Guardia Civil coincide plenamente con el criterio que la Fiscalía Anticorrupción sostiene desde hace casi una década. Ya en el año 2016, el fiscal delegado del caso, Fernando Soto, interesó el archivo de la causa al considerar que la instrucción no había aportado indicios de que existiera un grupo predeterminado de beneficiarios vinculados al partido del Gobierno que recibieran fondos de forma arbitraria para su enriquecimiento personal.
No obstante, el Ministerio Público sí reconoció en su momento que determinados empresarios y entidades próximas a la administración autonómica se vieron beneficiados de forma recurrente con dinero público. Entre estos expedientes se citaron las ayudas vinculadas al exconsejero Ángel Ojeda o al exvicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, si bien la Fiscalía precisó que dichas actuaciones dieron lugar a investigaciones judiciales independientes y no a la causa general por la que se imputó a la cúpula del SAE.
A pesar de descartar el móvil del clientelismo político, el nuevo informe de la UCO vuelve a poner de manifiesto la existencia de serias deficiencias operativas en la Administración andaluza. Los investigadores señalan que la falta de un control riguroso facilitó la distribución continuada de dinero público a entidades y empresas que no habían justificado adecuadamente las partidas asignadas con anterioridad.
Según la Guardia Civil, este fenómeno no obedeció a un plan coordinado para el desvío de fondos, sino a la propia incapacidad de la infraestructura administrativa para procesar el elevado volumen de expedientes, unida en muchos casos a la presentación extemporánea o incompleta de la documentación justificativa por parte de los receptores. Los agentes insisten en que el examen detallado de las ayudas revela un patrón de actuación uniforme y un "elevado número de irregularidades" que se repitieron de forma defectuosa en todas las fases del procedimiento, abarcando a la totalidad de las delegaciones provinciales.
Este último informe de la UCO responde al mandato dictado por la Audiencia de Sevilla en julio de 2019. En aquel momento, el tribunal provincial ordenó reabrir la investigación previamente archivada a petición de la Fiscalía y comisionó a la Guardia Civil para que, en colaboración con la Intervención General del Estado y la de la Junta de Andalucía, cotejara los expedientes físicos que permanecían precintados en la sede del SAE con la información registrada en las aplicaciones informáticas.
A pesar de que el informe ha tardado años en completarse, fuentes del caso señalan que el documento no aporta elementos sustancialmente nuevos a las conclusiones que ya constaban en el sumario desde la pasada década. Tras la recepción de este atestado, la decisión sobre el futuro de la macrocausa queda en manos del titular del juzgado, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, quien deberá resolver si decreta el sobreseimiento definitivo planteado históricamente por Anticorrupción o si, por el contrario, mantiene las actuaciones contra los 24 imputados.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.