El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictado una resolución en la que concede un plazo improrrogable de diez días al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que publique los datos de las listas de espera de pruebas diagnósticas en la comunidad autónoma. La resolución, firmada por el director del organismo, Jesús Jiménez, responde a una reclamación presentada por la vía administrativa por un ciudadano en septiembre de 2025, después de que la administración sanitaria rechazara suministrar unos registros detallados que permanecen opacos desde el año 2019.
El pasado 21 de julio de 2025 este ciudadano solicitó al SAS el estado actualizado de las listas de espera de procedimientos diagnósticos a nivel provincial, desglosadas por tramos, tiempos medios de respuesta y especialidades. Esta petición llegó tras trascender la anulación del procedimiento para la contratación de un polémico acuerdo marco con empresas privadas destinado a derivar asistencia sanitaria complementaria.
Ante esta solicitud, la respuesta del SAS, emitida el 19 de agosto de 2025, consistió en alegar que el organismo "no cuenta con ninguna herramienta que permita facilitar la información registrada" en los términos requeridos. Una contestación que el reclamante calificó de "sorprendente", al considerar inaceptable que un sistema sanitario público carezca de elementos tan básicos de planificación y control asistencial.
El PSOE exige el cumplimiento inmediato
La exigencia del organismo de Transparencia ha provocado la reacción del principal partido de la oposición, que ha elevado el tono contra el Ejecutivo que preside Moreno. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha comparecido para instar de manera formal al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, a cumplir estrictamente con el "últimatum impuesto y entregar los registros en el plazo fijado de diez días".
Durante su intervención, la representante socialista ha criticado la gestión sanitaria del Gobierno de PP y Vox, denunciando que "la Junta de Moreno Bonilla lleva desde el año 2019 sin publicar estas listas de espera" y lamentando que el presidente lleve "ocho años gobernando y ocho años ocultando cuánto esperamos por estas pruebas los andaluces". Márquez ha subrayado que detrás de esta "lamentable opacidad" se esconde un trasfondo de sufrimiento humano, señalando que hay "familias que sufren angustia, personas que sufrimos con dolor, pendientes de una llamada para saber qué nos pasa y qué tratamiento tenemos que recibir".
Asimismo, desde las filas socialistas se ha puesto el foco en la gravedad de que esta falta de transparencia afecte a pruebas determinantes como resonancias, biopsias, mamografías, TACs o ecografías, las cuales "pueden marcar un antes y un después en un tratamiento". El PSOE ha exigido que se depuren responsabilidades y que se aclare "qué tiene que ocultarnos Moreno Bonilla", advirtiendo de que "el tiempo es el mejor aliado de la verdad" y que tarde o temprano se conocerán los motivos reales de haber mantenido ocultas estas estadísticas. Por último, la formación ha ampliado su reclamación exigiendo a la Junta que, además de acatar la resolución sobre pruebas diagnósticas, vuelva a hacer públicas de forma inmediata las listas de espera de consultas externas y de intervenciones quirúrgicas, que acumulan también más de un año de opacidad institucional.
Consejo de Transparencia
En su resolución, el Consejo de Transparencia desmonta los argumentos esgrimidos por el organismo sanitario andaluz. El órgano recuerda que el Registro de Procedimientos Diagnósticos agrupa a los pacientes en espera de pruebas solicitadas por médicos autorizados de la atención primaria o especializada, y subraya que la normativa exige a las administraciones realizar un "esfuerzo razonable" para localizar y entregar la información de la que dispongan.
En este sentido, el organismo fiscalizador afea al SAS que no acredite motivos reales que le impidan proporcionar los datos, aunque estos no estén organizados exactamente como pedía el solicitante. Asimismo, la resolución recuerda que tanto el Real Decreto estatal 605/2003 como el Decreto andaluz 96/2004 imponen la obligación legal de gestionar, tratar de forma homogénea y remitir la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Por todo ello, el Consejo ordena que se facilite la información requerida en el plazo de diez días y advirtiendo de que los datos accesibles mediante un uso informatizado corriente deben ser puestos a disposición del ciudadano.
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