Más allá de los grandilocuentes anuncios de recorte de gasto superfuo y de desregularización, anunciadas tanto por PP como Vox, y de la reticencia de acoger menores migrantes tras la crisis de Ceuta -medida contemplada también en el pacto-, el acuerdo suscrito entre el PP y Vox en Andalucía despliega un amplio abanico de supresiones y recortes de perfil ideológico. Entre la letra pequeña del documento y su aplicación práctica sobre el terreno, el Ejecutivo autonómico ha comenzado a materializar ya su hoja de ruta con la no renovación del Programa de Inserción de Personas Sin Hogar en Andalucía.
Tal y como ha publicado eldiario.es/andalucia, esta decisión gubernamental deja de financiar el próximo 20 de diciembre las ayudas a entidades sociales clave como Cruz Roja, Inserta y la Fundación SAMU, para gestionar pisos de acogida e itinerarios de inserción repartidos por las ocho provincias andaluzas. El impacto de la medida afecta directamente a una red que daba cobertura a unas 315 plazas en toda la comunidad, con un porcentaje muy elevado de usuarios de origen migrante, alcanzando el 80% en Inserta, más del 60% en SAMU y el 45% en Cruz Roja, abocando a los participantes a enfrentarse al riesgo de regresar a la intemperie en pleno invierno si no se articulan alternativas urgentes.
Por parte de la administración autonómica, el director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huertas, ha rechazado en declaraciones a EuropaPress, cualquier vinculación entre la finalización del programa y el pacto político suscrito con la formación de extrema derecha. Desde la Consejería de Inclusión Social se esgrime que los contratos iniciales firmados en enero de 2023 establecían una vigencia de dos años, prorrogables por otros dos como máximo. Bajo este argumento, la Junta sostiene que simplemente se va a agotar el periodo límite de prórroga previsto en los pliegos y se procederá a evaluar los resultados obtenidos. Además, Huertas ha matizado que el dispositivo no consiste en la simple concesión de una vivienda, sino en un itinerario especializado de inserción sociolaboral enfocado a perfiles que cumplan los requisitos técnicos establecidos, recordando que el recurso no está destinado de forma exclusiva a población migrante.
Recortes
Aparte del citado recorte ya materializado -aunque la Junta podría aún reaccionar poniendo el dinero de su propio bolsillo- el pacto contempla otros tantos recortes de perfil ideológico, principalmente a petición de la ultraderecha. En el plano económico y fiscal, el acuerdo plasma una apuesta decidida por la reducción de cargas impositivas mediante la supresión directa de figuras tributarias autonómicas. Aún está por ver, porque anunciado sí está, como y a quién afecta esta eliminación de recursos. Una de las medidas de las que más presume el presidente andaluz es la de la supresión del impuesto de patrimonio, que pagaban en Andalucía las 20.000 personas más ricas de Andalucía.
En concreto, el pacto contempla la eliminación progresiva de los tres tributos propios dedicados al medio ambiente que se encontraban vigentes en la comunidad: el impuesto sobre las bolsas de plástico, el gravamen sobre la emisión de gases y el impuesto sobre vertidos a aguas litorales. Desde la perspectiva del Ejecutivo, esta medida busca simplificar el sistema tributario y rebajar la presión fiscal sobre empresas y autónomos; sin embargo, para los colectivos ecologistas supone renunciar a herramientas disuasorias de fiscalidad verde.
Del mismo modo, el acuerdo incide también en la reorientación ideológica y administrativa de la Junta de Andalucía mediante la supresión de organismos, ayudas y normativas previas. En concreto, el acuerdo aborda este proceso a través de varias medidas específicas que reestructuran el sector público y las prioridades de financiación.
Dentro de las medidas relativas al gasto institucional, la medida 145 establece textualmente la reducción "al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva". Esta línea se complementa con la medida 146, que condiciona el acceso a cualquier subvención a la previa justificación y acreditación de su utilidad efectiva, advirtiendo expresamente que todo euro invertido en cooperación internacional al desarrollo deberá redundar en el fin concreto sin superar el "mínimo legal".
En materia de movilidad y transporte, el documento incorpora un compromiso taxativo a través de la medida 143, en la que se estipula que "la Junta de Andalucía se compromete a no promover, financiar, subvencionar ni incentivar con fondos propios la creación, ampliación o endurecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces", marcando distancias con las directrices de restricciones al tráfico urbano.
Otro de los puntos polémicos es el de la Ley de Concordia, que es como la ultraderecha cataloga la supresión de la Ley de memoria histórica y democrática. Enmarcado dentro del bloque dedicado a las denominadas "leyes ideológicas", el acuerdo establece negro sobre blanco la liquidación del marco normativo actual en esta materia.
En concreto, la medida 148 fija el compromiso explícito de registrar y aprobar antes de que finalice 2026 "una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica". Esta sustitución no se limita a un mero cambio de denominación o a una revisión técnica, sino que entronca directamente con la medida 149, orientada a revisar y, en su caso, "derogar, cualquier disposición normativa, ente, organismo, subvenciones o ayudas públicas en cuyo desarrollo o efecto práctico actual se demuestren superfluos o ineficientes", siempre a criterio de los gobernantes. De este modo, el texto asume la premisa de desmantelar las políticas públicas de memoria impulsadas hasta la fecha bajo el argumento de excluir de la acción de la Junta cualquier iniciativa que, a juicio de los firmantes, suponga imprimir un sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento de los ciudadanos.
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