La historia de Amal está marcada por una sucesión de tragedias desde que en 2012 huyó de la guerra en Siria junto a su familia. Catorce años después, tras pasar por un campo de refugiados en Líbano, perder a un hijo en España, ser enviada de regreso desde Alemania y quedarse sin atención institucional, su caso ha terminado en manos del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz.
La situación es muy grave para esta familia siria, integrada por Amal, su marido —con una grave discapacidad tras sufrir un ictus— y sus hijos menores, al considerar según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que ha sido víctimas de un "trato inhumano" por parte tanto del Sistema de Acogida de Protección Internacional como de los servicios sociales municipales de Sevilla.
Tiene que huir de Siria en 2012 a un campamento en Líbano
La familia abandonó la provincia siria de Idlib en 2012, cuando la guerra civil obligó a miles de personas a huir de los combates entre las fuerzas del régimen de Bashar al Assad, grupos rebeldes e islamistas. Tras refugiarse en un campamento del sur del Líbano durante nueve años, donde nacieron dos de sus hijos, el padre sufrió un ictus que le dejó completamente dependiente de los cuidados de Amal.
Esa situación permitió que la familia fuera incluida en el programa europeo de reasentamiento de refugiados y llegara a Sevilla a finales de 2022, obteniendo oficialmente el estatuto de refugiados.
Sin embargo, según relata la APDHA, el episodio más traumático llegó apenas unos meses después. En julio de 2023, el hijo mayor de Amal falleció durante una excursión a Matalascañas organizada por el propio Centro de Acogida y Protección Internacional (CAPI) de Sevilla. La madre no acudió porque debía permanecer cuidando de su marido, cuya dependencia está acreditada en informes médicos.
La asociación asegura que Amal había advertido previamente de que sus hijos no sabían nadar ni habían visto nunca el mar. Tras la muerte del menor, denuncia además que el centro le impidió participar en el lavado ritual del cuerpo y en las ceremonias funerarias, permitiéndole únicamente ver el cadáver durante unos minutos a través de un cristal.
A raíz de aquella tragedia, la familia solicitó ser trasladada a otro centro de acogida al no poder continuar viviendo en un lugar asociado a la muerte de su hijo. Según la APDHA, la petición fue rechazada.
Ante esa situación, decidieron trasladarse a Alemania, donde residían familiares. Las autoridades alemanas les facilitaron alojamiento, pero posteriormente resolvieron que era España el país responsable de atenderles al haber sido el Estado que aceptó su reasentamiento.
A finales de 2025 fueron enviados de regreso a Madrid, donde, siempre según la organización, nadie acudió a recibirles en el aeropuerto pese a que así se les había comunicado. Sin recursos ni asistencia, regresaron nuevamente a Alemania.
Seis meses después fueron devueltos otra vez a España. La familia optó por regresar a Sevilla para solicitar ayuda en el mismo centro donde había residido anteriormente. La APDHA sostiene que el CAPI les negó verbalmente el acceso sin entregar resolución escrita ni ofrecer alternativas de alojamiento.
Sin otra opción, acudieron a los servicios sociales municipales, donde, según denuncia la organización, permanecieron durante dos días durmiendo en la calle junto al edificio de Sevilla Este hasta que el Ayuntamiento les facilitó una habitación en un hostal.
La estancia, sin embargo, duró pocos días. La asociación afirma que agentes de la Policía Local desalojaron posteriormente a la familia del establecimiento sin previo aviso y sin que ninguno de sus integrantes, que no hablan español, comprendiera la situación. Desde entonces, volvieron a dormir en la calle hasta que diversas entidades sociales y vecinales asumieron el coste de un alojamiento provisional.
Actualmente, la estancia de la familia está siendo sufragada gracias a aportaciones solidarias de particulares y colectivos como la APDHA, Sevilla Negra y Mairena Solidaria.
La organización ha presentado ya sendas quejas ante el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz al entender que se han vulnerado los derechos de esta familia refugiada.
Críticas al Ayuntamiento de Sevilla
Además, la APDHA dirige duras críticas al Ayuntamiento de Sevilla y, en particular, al delegado de Derechos Sociales, José Luis García. La entidad rechaza las declaraciones realizadas por el concejal sobre el caso, sostiene que la familia nunca agotó el tiempo máximo previsto en recursos de emergencia y denuncia que existieron directrices políticas para limitar la atención prestada.
La asociación también cuestiona la devolución por parte del Ayuntamiento de una subvención superior a 1,6 millones de euros destinada a la construcción de centros de atención para colectivos vulnerables, al tiempo que denuncia que familias con menores permanezcan sin alojamiento.
Para la APDHA, el caso de Amal representa un ejemplo de "racismo institucional" y de un sistema de acogida que, lejos de proteger a personas especialmente vulnerables, ha terminado dejándolas en una situación de absoluta desprotección.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.