Las 91 familias de las viviendas sociales de La Alcarrachela, en Écija, siguen sin saber cuánto les costará permanecer en sus casas, pues cerca de seis años después de que los inmuebles acabaran en manos privadas, la nueva empresa vinculada a su propiedad ha planteado tres alternativas a los residentes: comprar sus viviendas, continuar de alquiler o marcharse a cambio de una compensación. Sin embargo, no ha concretado las cantidades económicas de ninguna de las opciones.
Mientras tanto, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, mantiene sobre la mesa una propuesta de ayudas que todavía depende de la venta de suelo municipal y de su aprobación plenaria.
La compañía FOURNOX Capital SL, que ha adquirido la deuda de Ría del Rompido, propietaria de las 91 viviendas, se reunió el 14 de octubre con la alcaldesa, Silvia Heredia, y otros representantes del Gobierno local. Según la información difundida por el propio Consistorio, la empresa pretende negociar individualmente con cada familia y ha anunciado que estudiará reformas y mejoras en los edificios cuando alcance acuerdos con los residentes.
No se sabe todavía cuánto costará a los vecinos mantener sus casas. La falta de cifras deja en el aire la salida que el Ayuntamiento había anunciado días antes. El pasado 6 de octubre, el Gobierno municipal propuso vender por 1,7 millones de euros el suelo donde se ubica la residencia de mayores de Vitalia. De ese dinero, un millón se destinaría a subvenciones directas para ayudar a las familias a comprar sus viviendas, mientras que los 700.000 euros restantes se invertirían en actuaciones en la zona del Genil.
Sin embargo, sin conocer todavía el precio no es posible determinar si el millón de euros previsto bastará para facilitar la compra, cuántas familias podrían beneficiarse de las ayudas o qué esfuerzo económico tendría que asumir cada hogar. El cambio de interlocutor empresarial ha complicado, según ha reconocido el propio Ayuntamiento, la fórmula que manejaba para alcanzar un precio asumible.
En julio de 2025, Izquierda Unida acusó a la Junta de Andalucía de "ponerse del lado de la especulación y un fondo buitre" por la situación de las 91 viviendas protegidas. La formación denunció entonces que "hay 91 familias que se juegan su casa" y sostuvo que el Gobierno andaluz había favorecido los intereses inmobiliarios frente al derecho a la vivienda.
Los diputados nacionales Toni Valero, Engracia Rivera y Enrique Santiago registraron una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo Sumar, para solicitar al Gobierno “información detallada y pronunciarse sobre la situación de las 91 viviendas sociales de Écija”.
De una promoción municipal a manos privadas
El origen del conflicto se remonta a la quiebra de SEDESA, la sociedad municipal a la que pertenecían estas viviendas. Tras su liquidación, el Ayuntamiento adquirió otras promociones vinculadas a la antigua empresa, pero los 91 pisos de La Alcarrachela quedaron fuera y terminaron en manos privadas después de una subasta. Desde entonces, las familias han vivido pendientes de unas condiciones que pueden determinar si continúan en sus hogares.
La situación vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias de que viviendas concebidas con una finalidad social acaben sometidas a intereses privados. Los residentes llevan meses denunciando problemas de mantenimiento y habitabilidad, además de la incertidumbre sobre el futuro de sus casas. En julio reclamaron la intervención municipal ante el estado de los edificios y en septiembre recurrieron a pancartas y mensajes públicos para visibilizar el conflicto. Entre sus lemas: "Los hogares son para las personas" y "La vivienda social es un derecho, no es un negocio de fondo".
Frente a estas reclamaciones, el Gobierno de Silvia Heredia asegura que está del lado de las familias y reconoce que el Ayuntamiento tiene una deuda con ellas. Pero ese compromiso todavía no se ha traducido en una solución cerrada. La propuesta municipal depende de una operación sobre suelo público, necesita el respaldo unánime del pleno y no garantiza que la ayuda prevista sea suficiente para que los residentes puedan comprar.
Por ahora, el fondo que gestiona la operación ofrece alternativas, pero no cifras, y el Ayuntamiento presenta una fórmula de financiación que aún debe superar varios obstáculos. Después de casi seis años de incertidumbre, las 91 familias continúan esperando una respuesta concreta sobre cuánto costará seguir viviendo en sus casas y si podrás hacer frente a este gasto.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.