La receta de Montero para resolver el fracaso de las políticas de vivienda de Moreno Bonilla

El debate sobre la política de vivienda en Andalucía se intensifica de cara a las elecciones autonómicas, con modelos enfrentados entre la propuesta progresista de María Jesús Montero y la gestión que ha desarrollado hasta ahora el Gobierno de Moreno Bonilla. La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno presentó este fin de semana en Dos Hermanas (Sevilla) un plan ambicioso para paliar la crisis habitacional en la comunidad poniendo el foco en vivienda pública y acceso joven, frente a lo que considera una respuesta insuficiente e ineficaz del Ejecutivo andaluz.

Así, Montero ha situado el acceso a la vivienda como uno de los pilares de su proyecto político, definiéndolo como “un derecho exigible en los tribunales”. En este foro celebrado en Dos Hermanas, puso sobre la mesa medidas estructurales, entre ellas la construcción de hasta 100.000 viviendas públicas en Andalucía durante los próximos años. De este modo, estarían destinadas a aliviar una demanda que, según datos aportados por la dirigente socialista, supera las 110.000 personas inscritas en los registros de demandantes.

La candidata también propuso adelantar el 20% de la entrada para jóvenes que accedan a su primera vivienda protegida, financiación que solo tendrían que devolver “al finalizar el préstamo” y sin intereses, con el objetivo de reducir el coste de acceso para la población que más dificultades enfrenta en el mercado actual.

Para financiar estas políticas, Montero planteó destinar de forma progresiva alrededor del 1% del PIB andaluz a vivienda pública, lo que supondría movilizar más de 2.300 millones de euros al año combinando recursos de administraciones estatales, autonómicas y locales. Además, ha asegurado que con la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que permitiría a Andalucía recibir 5.700 millones de euros adicionales anuales, “un mínimo de 1.000 millones se consignaría exclusivamente a políticas de vivienda”.

Vivienda pública frente a precios altos

Frente al modelo autonómico de Moreno Bonilla, Montero ha enfatizado que las viviendas públicas construidas bajo su plan permanecerían dentro del patrimonio público y no se liberarían al mercado libre para obtener beneficios empresariales o especulativos. “Vivienda pública protegida para siempre, ese es el compromiso del PSOE”, afirmó, subrayando que los inmuebles pagados con fondos públicos deben seguir siendo un recurso social permanente.

Esta postura crítica se dirige contra decisiones recientes de la Junta que dejan la gestión de gran parte del acceso a viviendas en manos de la iniciativa privada o de mecanismos poco contundentes en cuanto a reducción de precios y protección del parque público. En este contexto, Montero ha señalado que el decreto autonómico de promoción de 20.000 viviendas protegidas que impulsa la Junta aún “no responde a la magnitud del problema”, cuando Andalucía registra uno de los mayores incrementos de precios de vivienda en España.

Críticas generalizadas a la gestión autonómica

El PSOE de Huelva, por ejemplo, ha denunciado que, si se comparan las promesas del Gobierno andaluz con la realidad de los hechos, las cifras son escasas. Según esta formación, donde Moreno Bonilla prometió “40.000 viviendas” no se habrían alcanzado ni 200 unidades finalizadas, lo que evidencia una falta de voluntad política real para abordar la crisis.

Críticas adicionales se extienden a cuestiones vinculadas con la vivienda turística o el fenómeno de pisos sin registrar que, según grupos como Izquierda Unida Andalucía, siguen operando sin un control real que permita liberar más oferta para residentes.

Además, en la capital andaluza y otras ciudades populares, la subida de los precios de la vivienda de protección oficial hasta niveles comparables con el mercado libre ha generado indignación. Por ejemplo, existen datos que señalan que las viviendas VPO en Sevilla pueden alcanzar precios de hasta 350.000 euros, un nivel que dista mucho de ser accesible para jóvenes o familias obreras.

Mientras Moreno Bonilla ha defendido incrementos de vivienda protegida y medidas fiscales, atribuyendo el problema también a la falta de suelo, burocracia o costes de construcción, Montero plantea una intervención coordinada entre administraciones, mayor inversión pública e instrumentos legales para limitar la especulación, como la integración de suelo municipal y autonómico a cambio de compromisos de reducción de precios y la permanencia de las viviendas en el parque social.

Vivienda como derecho básico

Con estas propuestas, la aspirante socialista pretende reconfigurar la política de vivienda andaluza, alejándola de lo que percibe como un enfoque centrado en la gestión mínima del problema y orientarla hacia un modelo de derecho social garantizado y con herramientas públicas sólidas. Su mensaje principal es que, sin un esfuerzo presupuestario y organizativo decidido, los precios seguirán fuera del alcance de amplios sectores de la población joven y trabajadora, manteniendo a muchos andaluces en la precariedad habitacional.

Este contraste de enfoques resume el debate actual sobre vivienda en Andalucía: por un lado, un modelo autonómico con medidas dispersas y encarecimiento persistente; por otro, una propuesta que coloca la vivienda pública como parte esencial del bienestar social. La definición de cuál de estos caminos tomará la comunidad se perfila como uno de los ejes centrales de las elecciones que se avecinan.