La futura transformación del ámbito de Castellar-Dueñas, en pleno centro histórico de Sevilla, ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno municipal del PP y el Grupo Socialista. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha denunciado este jueves que la operación prevista constituye un “pelotazo urbanístico” que, a su juicio, favorecería intereses privados a costa de reducir suelo destinado a equipamientos, vivienda protegida y actividad productiva.
Según ha explicado Muñoz, la actuación se encuentra actualmente en tramitación urbanística y contempla una modificación del planeamiento que afectaría a los corralones de la calle Castellar y al antiguo colegio Calderón de la Barca. El dirigente socialista sostiene que la operación permitiría incrementar notablemente el valor de los terrenos mediante cambios de uso y un aumento de la edificabilidad.
“El Gobierno de José Luis Sanz modifica las reglas urbanísticas y quienes se benefician son los intereses privados, mientras la ciudad pierde equipamientos, vivienda asequible y actividad productiva”, ha afirmado.
De acuerdo con la información facilitada por el PSOE, la propuesta permitiría sustituir el actual uso educativo por un hotel de cuatro estrellas y convertir parte del ámbito en una promoción residencial de 29 viviendas libres. Los socialistas denuncian además la desaparición de espacios productivos vinculados a los tradicionales corralones del casco histórico.
Un hotel en lugar de un colegio
Uno de los principales puntos de crítica del PSOE se centra en la sustitución del colegio Calderón de la Barca por un establecimiento hotelero. Muñoz rechaza que la reducción de alumnado en el centro histórico pueda utilizarse como argumento para justificar este cambio de uso.
“Primero se expulsa a las familias porque no pueden acceder a una vivienda asequible, después se utiliza la falta de niños para justificar el cierre del colegio y finalmente ese colegio se convierte en otro hotel”, ha señalado.
El portavoz socialista enmarca esta actuación dentro de lo que considera un proceso creciente de turistificación del centro de Sevilla. A su juicio, la transformación de equipamientos educativos en usos turísticos contribuye a agravar la pérdida de población residente en los barrios históricos.
Durante su comparecencia, Muñoz ha insistido en que el casco antiguo no dispone de un exceso de plazas escolares y defendió la necesidad de preservar los equipamientos públicos existentes para favorecer la permanencia de familias en el centro de la ciudad.
Más vivienda libre y menos usos productivos
El PSOE también cuestiona la distribución de usos prevista en el proyecto. Según sus cálculos, una de las alternativas estudiadas inicialmente contemplaba 29 viviendas, de las que cuatro tendrían algún régimen de protección. Sin embargo, la opción finalmente elegida mantendría el mismo número de inmuebles, pero todos ellos serían de mercado libre.
Los socialistas denuncian además la eliminación de 1.848 metros cuadrados de techo destinados a Servicios Avanzados, una categoría urbanística vinculada a actividades empresariales y económicas. Esa superficie, aseguran, pasaría a destinarse íntegramente al uso residencial.
Para Muñoz, este cambio responde a una lógica de maximización de la rentabilidad inmobiliaria: “Cada vez que el PP elimina un uso productivo para sustituirlo por vivienda libre o negocio inmobiliario, Sevilla pierde capacidad para generar empleo estable y diversificar su economía”, ha afirmado.
El dirigente socialista relacionó además esta operación con otras actuaciones urbanísticas desarrolladas en la ciudad y alertó sobre el futuro de elementos patrimoniales vinculados a la historia industrial sevillana, como la antigua fábrica de sombreros situada en el mismo entorno.
La propuesta alternativa del PSOE
Frente a la actuación planteada, el Grupo Socialista reclama la paralización del expediente y la realización de una evaluación económica que determine las plusvalías derivadas de la modificación urbanística.
Asimismo, propone estudiar la adquisición pública de los terrenos, incluso mediante expropiación por interés social, para desarrollar un proyecto alternativo. La propuesta contempla la construcción de vivienda protegida en alquiler, la conservación de actividades artesanales y productivas, la incorporación de equipamientos educativos, sociales o culturales y la creación de espacios públicos y zonas verdes.
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