El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona número cuatro ha aceptado la petición del PSOE para ejercer la acusación popular en el caso donde está citado a declarar el alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de la concesión de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para uso de restauración a una empresa de la que era socia única y administradora la pareja del hijo del regidor.
El Mirador del Carmen es un edificio de titularidad municipal que alberga un complejo cultural con una biblioteca, un conservatorio de música, un auditorio y una sala de exposiciones. Un espacio con una torre mirador que ofrece impresionantes vistas panorámicas del Mediterráneo y cuya planta baja se dedicaría al restaurante, motivo de este litigio judicial por la concesión a la pareja del hijo del alcalde.
En este contexto, la jueza emitió este martes un auto donde se reconoce al PSOE, representado por la portavoz municipal en el Ayuntamiento, Emma Molina, como parte personada en el procedimiento judicial y fija una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acción popular.
Además de García Urbano en este caso están llamados a declarar la teniente de alcalde y edil de Infraestructuras y Urbanismo, Ana Velasco más cuatro técnicos municipales integrantes de la mesa de contratación que adjudicó esta concesión.
Este caso se abrió después de que la Fiscalía Provincial pidiera investigar los hechos tras las indagaciones realizadas por la UDEF y entender que existían indicios de que la adjudicación de la concesión a una empresa podría haber omitido los requisitos imprescindibles para contratar con la administración al carecer de solvencia económica y profesional, algo que supone una contradicción con el derecho, inexplicable desde el punto de vista legal o de argumentos técnico-jurídicos. Según se recogía en la denuncia todo ello “lleva a concluir que obedece sólo a la voluntad unilateral de su adjudicación por parte del órgano adjudicador” -mesa de contratación del Ayuntamiento- sobre todo cuando la socia única y administradora resulta ser o haber sido la pareja del hijo del alcalde que ha sufragado los gastos imprescindibles que la mercantil adjudicataria ha tenido que hacer frente en el procedimiento administrativo”.
Desde el Ayuntamiento se ha alegado en defensa del regidor popular que este no es integrante de ninguna mesa de contratación del Ayuntamiento.
La portavoz socialista, Emma Molina, ha confirmado a este medio, que su formación se ha vuelto a personar en una causa judicial contra el alcalde de Estepona por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según Molina “no estamos hablando de una denuncia cualquiera porque es una investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción por la concesión de tres plantas de la Torre Mirador del Carmen a la novia del hijo del alcalde”.
La empresa se creó siete meses antes con sede en el domicilio de dos mercantiles del alcalde
Este asunto fue denunciado por el Grupo Socialista en el pleno de julio del 2023 donde pidió explicaciones al alcalde y este se negó a darlas. Según Molina, “la respuesta fue ninguna y las explicaciones estuvieron enfocadas a una serie de hechos que habíamos descubierto como que la empresa se había creada siete meses antes de la licitación, que la sede social y fiscal de esa empresa correspondía al mismo domicilio de dos empresas que tiene el alcalde en Málaga capital y también el teniente alcalde que es el mismo domicilio que donde tiene la gestoría el teniente alcalde y asesor fiscal de José María García Urbano, el señor Salvador Pedraza, por lo que la jueza ha entendido que los hechos son lo suficiente graves y admitido a trámite”.
El día 23 van a declarar dos testigos y el día 30 declararán como investigados el alcalde y la teniente alcalde que fue la presidenta de esa mesa de contratación, Ana Velasco y algunos técnicos.
El Partido Socialista no es la primera vez que se ha personado en causas contra el alcalde como el tema de la malversación de fondos públicos. Los socialistas inciden que van a llegar hasta el final porque “creemos que los vecinos de Estepona merecen un ayuntamiento limpio, transparente y que no se use para beneficiar presuntamente a familiares y amigos”.