El Parlamento andaluz se constituye el próximo 11 de junio. Fecha hasta la que el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, emplazaba a Vox para comenzar a negociar el futuro Gobierno de la Junta. Estas semanas los parlamentarios de distintas provincias están comenzando a recoger sus actas de diputados. Ha sido el caso de Almería, donde han acudido los hasta 12 parlamentarios de PP, Vox y PSOE por dicha provincia. Así, el diputado socialista, José Nicolás Ayala, ha advertido que una de las primeras medidas que tomarán será la de solicitar la convocatoria de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el caso PP de Almería.

Este caso comienza a juzgarse esta próxima semana. Concretamente el jueves, 4 de junio, después de ser aplazado. Según la oposición, esto motivó a Moreno Bonilla a realizar una convocatoria electoral anticipada a mediados de mayo. Una fecha que prácticamente nadie tenía en el radar. Así lo ha aseverado el propio diputado almeriense, que asegura que ha sido el motivo del "adelanto electoral" del presidente.

"Los problemas de los vecinos y vecinas de la provincia de Almería son los mismos que hace 15 días, hace un mes, que hace dos años, y en eso vamos a trabajar", ha apuntado al subrayar asuntos como la sanidad, la calidad de los servicios públicos o a la situación de la vivienda.

No obstante, ha recordado que esta misma semana está previsto que comiencen a declarar aún en fase de instrucción los investigados en el caso 'Mascarillas', que indaga sobre el presunto cobro de comisiones a través de contratos de la Diputación de Almería.

"Hoy en día Moreno Bonilla sigue sin dar explicaciones de lo que ha pasado y sigue situando además en cargos públicos a personas que están investigadas en el caso del Partido Popular de la Diputación Provincial", se ha quejado Ayala.

De otro lado, también ha manifestado que se instará a la Junta a poner fecha para que la comisión mixta Junta-Estado sobre el Algarrobico se convoque y estudie el derribo del hotel y la restauración del paraje tras el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) que abre la puerta a que el Ayuntamiento de Carboneras pueda declarar nula la licencia de obras del inmueble.

El PP no hace alusiones

Por otro lado, el parlamentario almeriense Fernández Pacheco, que asumió la presidencia del PP de Almería precisamente tras la renuncia del que se considera el "cabecilla" de la trama Mascarillas de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García, no ha hecho alusión en sus declaraciones a este caso.

El nuevo hombre fuerte de Moreno en Almería ha expresado de nuevo el agradecimiento de la formación por la confianza "mayoritaria" que el electorado ha depositado en el partido, que ha obtenido seis de los doce representantes por Almería en el Parlamento.

"Tengan por seguro que este grupo de personas, en el seno del grupo parlamentario popular, trabajará sin descanso para que Almería siga teniendo voz propia en el Parlamento de Andalucía para que Andalucía cuente, a su vez, con un gobierno de estabilidad que nos permita seguir afrontando los muchos retos de futuro que tenemos por delante", ha manifestado Fernández-Pacheco.

Caso PP Almería

El pasado 16 de marzo, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba que el expresidente popular de la Diputación almeriense recibió dinero en metálico a cambio de adjudicar contratos a las empresas investigadas, fondos que habría utilizado para pagar la hipoteca de su vivienda. La Benemérita señala el blanqueamiento del dinero de la trama, mediante "varias operativas" con las que el expresidente provincial lo habría integrado "en el circuito financiero legal". Apuntan también a que García habría involucrado a su familia en ese proceso, ingresando el dinero en una cuenta a nombre de sus padres, ya fallecidos, y de su hermana, María del Rosario, desde la que habría abonado el préstamo hipotecario.

También señalan a un tercer hermano, Juan Carlos, que junto al expresidente popular de Almería y a María del Rosario, habrían utilizado una "comunidad de bienes" para "canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina" de forma fraudulenta, siempre según el contenido del informe de la UCO del pasado 9 de marzo.

El dinero procede, apunta el informe, de la "adjudicación aparentemente fraudulenta" de contratos del Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente, que dirigía Óscar Liria, otro de los altos cargos de la Diputación que fueron detenidos en noviembre. Liria habría entregado a García parte del dinero en metálico que cobró de la trama. También habría recibido mordidas el número dos del organismo, Fernando Giménez, quien está señalado por haber engordado contratos de mascarillas en casi un millón de euros para beneficiar a empresarios

El juez elevó el número de imputados a 43

No fue la única novedad en el 'caso mascarillas' del PP almeriense. El juez que investiga esta trama elevó a 43 el número de imputados a raíz de este nuevo informe de la UCO. La Guardia Civil mantiene abiertas tres líneas de investigación, empezando por el contrato presuntamente amañado por la Diputación de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas en la pandemia. También investigan a estas 43 personas por otros dos contratos de obra pública, también presuntamente amañados, del organismo provincial, que ascienden a más de un millón y medio de euros en total.

La tercera pata de la investigación apunta al dinero de la trama que se movió entre los cargos imputados, que incluyen a la antigua directiva de la diputación del PP. Esto es lo que resalta este último informe de la UCO, el efectivo que se traspasaron Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Óscar Liria, y que el primero habría empleado en pagar su hipoteca. La Guardia Civil incluye también en sus pesquisas un viaje de García a Madrid, supuestamente para actos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad que habría abonado 2.000 euros para pagar el acomodo del entonces presidente de la Diputación. Según los agentes, se trataba de un viaje "personal", ya que en las 36 horas que pasó en la capital, Javier Aureliano García no estuvo en ninguna instalación de la FEMP.

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