Las primeras protestas estudiantiles contra la nueva Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) han comenzado a hacerse visibles este jueves en Granada. Varios estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) se han concentrado en el comedor universitario del campus de Fuentenueva para denunciar la subida del precio del menú y criticar lo que consideran una estrategia de recortes e infrafinanciación de la universidad pública.
Durante la movilización, los estudiantes han trasladado críticas contra el aumento del precio de los comedores y contra la nueva normativa universitaria impulsada por la Junta de Andalucía. La protesta se ha desarrollado a la hora del almuerzo en uno de los espacios más frecuentados por el alumnado con el objetivo de visibilizar el impacto que estas medidas tienen en la vida cotidiana de los estudiantes.
Así, los organizadores de la acción han defendido que el encarecimiento del menú no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio que, a su juicio, está deteriorando los servicios universitarios. En ese sentido, han reclamado más financiación para la universidad pública y criticaron tanto al Gobierno andaluz como al Rectorado de la UGR.
La subida del menú en los comedores universitarios
El detonante de la protesta ha sido la subida prevista en el precio de los comedores universitarios de la Universidad de Granada. Según las previsiones, el menú presencial pasará de costar 3,5 euros a 4 euros para el estudiantado a partir del próximo curso.
Asimismo, el incremento forma parte de los presupuestos de la universidad y fue anunciado por el Rectorado como una actualización necesaria después de más de una década sin cambios en las tarifas. Desde la institución académica han argumentado que el aumento responde al encarecimiento de los alimentos y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del servicio, que cuenta con más de cien trabajadores y requiere cubrir costes de infraestructura y personal.
Sin embargo, la decisión ha generado malestar en parte del estudiantado. La Delegación General de Estudiantes ya había criticado la subida meses atrás, señalando que el anuncio se habría realizado “sin consulta previa” y que afectará especialmente a los estudiantes con menos recursos.
Además, el colectivo estudiantil ha recordado que los comedores universitarios constituyen uno de los servicios sociales más importantes de la UGR, ya que permiten acceder a un menú completo a bajo precio y ayudan a paliar la precariedad económica que afecta a muchos universitarios.
Críticas a la LUPA y al modelo universitario
La protesta en Fuentenueva también ha estado marcada por las críticas a la nueva Ley de Universidades para Andalucía, conocida como LUPA, aprobada recientemente en el Parlamento andaluz. Esta norma regula aspectos clave del sistema universitario, como la financiación, la organización de las universidades o los requisitos académicos.
Sin embargo, desde su tramitación ha generado un fuerte rechazo entre estudiantes, sindicatos y parte de la comunidad universitaria, que consideran que la ley favorece la privatización de la educación superior y limita la autonomía de las universidades públicas.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la obligación de acreditar un nivel B2 de un idioma extranjero para obtener el título universitario a partir de 2030, además de cambios en el sistema de financiación y control administrativo de las universidades. Igualmente, los críticos sostienen que la norma no garantiza una financiación suficiente para las universidades públicas y que, al exigir captar recursos externos, puede empujar a los centros a competir en el mercado educativo.
Durante la protesta, los estudiantes han hecho un llamamiento a la movilización de la comunidad universitaria para defender la educación pública y frenar lo que consideran un proceso de privatización del sistema universitario andaluz. Del mismo modo, los organizadores han señalado que las movilizaciones continuarán en las próximas semanas. En su mensaje, también han interpelado al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, para que no “traslade a los estudiantes el coste” de lo que califican como una estrategia política de recortes en la financiación universitaria.