El convenio que la Junta de Andalucía firmó con Google, para disponer en las aulas de la plataforma Workplace for Education, no ha garantizado la intimidad de hasta 738.502 alumnos menores de edad, 43.202 profesores y 2.676 centros escolares. Así lo ha subrayado en un dictamen el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de esta región española, que ha explicado que, a cambio de hacer uso de esta herramienta digital, el Ejecutivo andaluz cedió los datos de la comunidad educativa al gigante tecnológico.
La infracción cometida, como se apuntaba, ha afectado a un importante número de personas, por lo que el Consejo ha impuesto hasta seis sanciones al Gobierno de Moreno Bonilla, de las cuales dos serían muy graves, tres graves y una leve. En conjunto, esta mala praxis en la que ha caído la Junta de Andalucía ha afectado a casi la mitad de sus alumnos, ya que cuenta con más o menos 1.700.000 niños y adolescentes entre primaria y secundaria.
El dictamen emitido por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha llegado tras haber analizado el caso, fruto de las denuncias interpuestas por numerosos ciudadanos. Entre otros asuntos por los que el organismo ha interpuesto las sanciones se halla el hecho de que los datos de los afectados han volado a 18 países de fuera de la Unión Euopea, los cuales no cuentan con normativas que atiendan de la misma manera a la protección de la información personal. Un aspecto que, en este caso, cobra especial relevancia, ya que, en el uso que el Ejecutivo andaluz hace de esta plataforma digital, no se han establecido límites tales como los contenidos que los alumnos pueden subir a su espacio de Google Drive, por lo que las imágenes, vídeos u otros elementos que han guardado en esta "nube" ha terminado llegando mucho más lejos de lo que podían imaginar.
De esta manera, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos apunta a que en la resolución publicada a que “ha quedado acreditado que la Consejería no ha adoptado medidas técnicas ni organizativas adecuadas para limitar el elevado riesgo que puede suponer que los usuarios del sistema introduzcan en la plataforma Google Workspace for Education categorías especiales de datos”.
No solo eso, sino que, también en relación al contenido que los alumnos hayan podido cargar a su Google Drive y que ha terminado esparcido por el mundo, el organismo es severo con que no se informó a los jóvenes, familiares y profesorado sobre el tratamiento de los datos que incluyeran en esta plataforma. De hecho, este se trata de un punto importante ya que el Consejo recuerda que en el punto 10 del convenio entre el Gobierno andaluz y el gigante tecnológico sobre la transferencia de datos se indica que “Google podrá almacenar y tratar los datos en cualquier lugar en el que Google o sus subencargados tengan instalaciones”.
Esta no es la primera vez que Google es cuestionado por el tratamiento que hace de los datos de sus usuarios. Ejemplo de ello es que, en el 2024, la Agencia de Protección de Datos española emitía un informe en el que afirmaba que esta plataforma digital viola el reglamento europeo, o que, en los últimos años, la Unión Europea ha interpuesto a la compañía tecnológica multas que han alcanzado una valor conjunto de 8.257 millones por abuso de posición dominante.
A pesar del informe remitido por la Agencia de Protección de Datos, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias siguen manteniendo acuerdos con Google para el uso de la plataforma educativa, lo cual podría implicar un peligro, ante esta información, para los datos de hasta cuatro millones de estudiantes de primaria y secundaria.
Ante la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos andaluz, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha negado que la información personal de los usuarios haya llegado tan lejos como apunta el dictamente y Google señala ni procesa los datos ni muestra anuncios a los alumnos.