La sombra del pacto de gobierno firmado entre PP y Vox donde este último hizo brillar su eslogan electoral, la "prioridad nacional", ya se cierne sobre las políticas sociales en la comunidad. En este contexto político, el Ejecutivo andaluz de Moreno ha decidido no prorrogar ni convocar una nueva licitación del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar, una medida que coincide con el agotamiento de los fondos europeos que financiaban mayoritariamente la iniciativa y ante lo cual la Junta comunicó a las organizaciones la finalización del recurso.
Tal y como ha publicado eldiario.es/andalucia, esta decisión gubernamental deja de financiar el próximo 20 de diciembre las ayudas a entidades sociales clave como Cruz Roja, Inserta y la Fundación SAMU, para gestionar pisos de acogida e itinerarios de inserción repartidos por las ocho provincias andaluzas. El impacto de la medida afecta directamente a una red que daba cobertura a unas 315 plazas en toda la comunidad, con un porcentaje muy elevado de usuarios de origen migrante, alcanzando el 80% en Inserta, más del 60% en SAMU y el 45% en Cruz Roja, abocando a los participantes a enfrentarse al riesgo de regresar a la intemperie en pleno invierno si no se articulan alternativas urgentes.
Por parte de la administración autonómica, el director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huertas, ha rechazado en declaraciones a EuropaPress, cualquier vinculación entre la finalización del programa y el pacto político suscrito con la formación de extrema derecha. Desde la Consejería de Inclusión Social se esgrime que los contratos iniciales firmados en enero de 2023 establecían una vigencia de dos años, prorrogables por otros dos como máximo. Bajo este argumento, la Junta sostiene que simplemente se va a agotar el periodo límite de prórroga previsto en los pliegos y se procederá a evaluar los resultados obtenidos. Además, Huertas ha matizado que el dispositivo no consiste en la simple concesión de una vivienda, sino en un itinerario especializado de inserción sociolaboral enfocado a perfiles que cumplan los requisitos técnicos establecidos, recordando que el recurso no está destinado de forma exclusiva a población migrante.
A este argumento contractual se suma el factor financiero clave señalado por las propias entidades gestoras. Para contrastar el alcance de la noticia, el testimonio aportado por fuentes de las organizaciones, como es el caso de la Fundación SAMU a ElPlural.com, apunta a que el programa finaliza fundamentalmente porque se han agotado los fondos europeos que estaban asignados a la iniciativa, sin que la administración haya previsto una alternativa presupuestaria propia para su continuidad. Al menos, que haya sido advertida por el momento.
El programa, dotado con 6,4 millones de euros y enfocado a unas 315 plazas en toda la comunidad, atendía a un perfil donde un porcentaje muy elevado de usuarios son de origen migrante (el 80% en Inserta, más del 60% en SAMU y el 45% en Cruz Roja). Al expirar las subvenciones y confirmarse que no habrá continuidad, las organizaciones sociales han tenido que reaccionar con semanas de margen para evitar que los acogidos regresen a la intemperie en pleno invierno.
Tal y como relatan desde la Fundación SAMU, se ha puesto en marcha una estrategia individualizada caso por caso. En primer lugar, Alternativas de alquiler particular: usuarios que han logrado ahorrar parte del dinero obtenido durante sus prácticas laborales y pueden mantenerse en las viviendas asumiendo el coste de la renta de forma privada.Por otro lado, derivación a otros recursos: canalización de personas con problemáticas complejas de salud mental o adicciones hacia diferentes dispositivos asistenciales. Y, por último, la inserción laboral directa: negociaciones a contrarreloj con las empresas colaboradoras para formalizar contratos de trabajo que garanticen la emancipación de los participantes.
Mientras el debate político continúa abierto sobre la influencia del pacto de la "prioridad nacional" y la sostenibilidad de las redes de apoyo para las más de 8.000 personas sin hogar que estima la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la comunidad, el fin de los fondos europeos y el agotamiento de las prórrogas contractuales dibujan un escenario de extrema vulnerabilidad para los recursos de inserción social en Andalucía.
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