El problema del acceso a la vivienda es el principal problema para los andaluces, según el Centra. La batalla política está servida en nuestra comunidad, entre quienes defienden un modelo de mayor intervención por parte de las administraciones para regular el mercado, bajar precios y gravar en impuestos las más de 600.000 viviendas vacías, y quienes defienden que la única solución pasa por construir más vivienda (oferta) para compensar la alta demanda.
La última Ley de vivienda de la Junta de Andalucía, elaborada en 2025, va en este último sentido. Sin embargo, pese a ocho años de Gobierno de Moreno Bonilla administrando las competencias autonómicas de vivienda, esta no ha cesado hasta convertirse en un serio problema para los andaluces -igual que en el resto de España-, en un contexto marcado por el alza de precios, la proliferación de vivienda turística y la contención de salarios.
En cualquier caso, la Adminsitración autonómica podría asumir mayores competencias que de las que goza actualmente. Concretamente, las que están plasmadas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, elaborado por el Gobierno central. Este plan, presentado el pasado abril -ante la inminente campaña andaluza- contó rápidamente con el respaldo del Gobierno andaluz.
Cambio de postura
El plan aprobado por el Ejecutivo central establecía un nuevo modelo de financiación para esta competencia y se basaba en un modelo de "corresponsabilidad" entre administraciones. Así, en el caso andaluz, el Estado aportaría el 60% del total (718,2 millones) y la Junta de Andalucía el 40% restante (478,8 millones).
Seis días más tarde, en la recta final de la precampaña para las elecciones andaluzas, el Gobierno de Moreno Bonilla aceptó el nuevo plan, advirtiendo de que además de incorporarlo en el programa electoral, la Consejería de Vivienda iniciaría los procesos para adecuar el Plan Vive 2020-2030 a las nuevas exigencias del Gobierno respecto a las VPO.
Sin embargo, cuatro días después de finalizar la campaña electoral, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Díaz, acudió a la Conferencia Sectorial de Vivienda de Madrid, donde denunció la "imposición" del Gobierno de España en algunas competencias de vivienda autonómica y anunció que los servicios de la consejería que dirige estaban revisando el contenido completo del plan porque "no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho la financiación".
Apenas un mes después de dicho anuncio, el Gobierno de Moreno -todavía en funciones- anunció que plantearía un conflicto de competencias al Gobierno de España en relación con el plan de vivienda, en paralelo con la Comunidad de Madrid. Se trata del paso previo preceptivo para poder iniciar el conflicto de competencias para dirimir cuál de las dos administraciones tiene el derecho y la capacidad de ejercer una función o regular una materia específica, en este caso, las ayudas a la vivienda y que resolverá el Tribunal Constitucional.
La invasión de las competencias que denuncia la Adminsitración de Moreno ocurre, principalmente, en los requisitos establecidos por el Gobierno central para aplicar el Plan. Es decir, si la Junta se sirve de la dotación económica extra del Gobierno para vivienda, Moreno tendrá que comprometerse a aportar el 40% de la financiación, lo que supone un desembolso propio de 479 millones de euros, una cuantía seis veces superior a su asignación actual para estos fines.
Asimismo, el Gobierno de España ha vinculado la ejecución de los fondos a dos exigencias normativas: la modificación de la reciente ley andaluza para recuperar el depósito público de las fianzas de alquiler -bajo advertencia de quedar fuera del plan si no se acata- y el mantenimiento de la protección permanente para todas las viviendas protegidas (VPO) construidas con estos fondos, prohibiendo su venta futura en el mercado libre, algo que actualmente no se da.
Finalmente, el acceso a la línea máxima de subvenciones por vivienda queda condicionado a la declaración de "zonas tensionadas" según prevé la ley estatal, una medida que el ejecutivo andaluz había rechazado hasta ese momento. Dado que las competencias son autonómicas, corresponderá a la Junta decidir qué planes concretos activa y bajo qué condiciones dentro de este nuevo marco de financiación estatal.
Parlamento andaluz
Es en este contexto cuando la pasada semana en el Parlamento andaluz el Grupo Parlamentario Socialista registró una PNL para instar a la Junta de Andalucía a abandonar su "estrategia de bloqueo institucional" y a poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Una PNL que contó con el rechazo de los grupos de PP y Vox, que conforman el Gobierno andaluz.
Los motivos que llevaron a Dani Pérez, proponente en la Cámara de la iniciativa para su debate son, básicamente, comenzar a aplicar las medidas de intervención que contempla dicho Plan Estatal.
Una de las partidas más atractivas, según informó el Gobierno, es la financiación para la creación de viviendas públicas o de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por inmueble, el doble que en el plan de recuperación previo. Estas viviendas tendrán un alquiler máximo de 900 euros y estarán protegidas de forma permanente. Andalucía, dada su riqueza patrimonial, se beneficiará especialmente del programa de rehabilitación. En los cascos históricos, las ayudas podrán llegar hasta los 50.000 euros por vivienda si se combinan mejoras estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética.
Por otro lado, el Gobierno busca movilizar las viviendas que lleven vacías más de dos años. Los propietarios andaluces podrán recibir hasta 30.000 euros (35.000 si es en el medio rural) para rehabilitar sus inmuebles si aceptan ponerlos en alquiler asequible durante al menos cinco años.
Asimismo, se ofrece una ayuda de hasta 25.000 euros por ceder la gestión de la vivienda a la Administración para alquileres de máximo 600 euros mensuales. También introduce una batería de medidas diseñadas para amortiguar el impacto de los precios en los colectivos más sensibles de Andalucía. Entre las partidas, destaca el nuevo Bono Joven de Alquiler, una subvención directa de hasta 300 euros mensuales destinada a facilitar la emancipación. O para combatir el reto demográfico en el mundo rural andaluz, donde se ha habilitado una línea de ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que decidan adquirir o construir su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Este incentivo se extenderá a localidades de hasta 20.000 habitantes en aquellos casos donde se certifique una pérdida constante de población, buscando así fijar el capital humano en el interior de la comunidad. Entre otras medidas.
Para los otros grupos de izquierda, sin embargo, estas medidas no son suficiente. El diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, defendió dos enmiendas realizadas por su grupo a la PNL socialista, donde subrayó que "es vital, urgente, que Andalucía cree un registro de viviendas vacías en manos de grandes propietarios" para identificar a quienes "están acaparando viviendas para especular con ellas".
También propuso "instar a los ayuntamientos de Andalucía a que cobren el 150% del IBI a todas esas viviendas vacías en manos de grandes propietarios", así como "ampliar el derecho de tanteo y retracto a favor de la Junta de Andalucía para traspasar en masa viviendas del parque privado al público", recordando que "la crisis de la vivienda es la crisis vital de una gran mayoría de los andaluces" y que condiciona los proyectos de la juventud, la vida de las familias trabajadoras y "amarga los últimos años de vida a nuestros ancianos".
Por último, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, partió de que existe un "grave problema con la vivienda" en la comunidad y señaló que su coalición "comparte plenamente el diagnóstico" del PSOE-A, pero "discrepa" sobre las soluciones para "corregir ese problema" que "se está llevando por delante el derecho fundamental de miles de personas".
Rodríguez defendió que "la mera aplicación del Plan Estatal de Vivienda, tal y como está redactado, no es suficiente para acabar con el problema de la vivienda en Andalucía" y reclamó un cambio de "estrategia" hacia otra "ambiciosa y valiente, porque la emergencia habitacional exige medidas estructurales" y "una nueva fórmula" que incluya topes al precio del alquiler o "establecer por ley que ninguna persona dedique más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda", además de "aumentar el parque público de vivienda".
Rechazo de PP y Vox
En el turno de los grupos, el diputado del PP-A, Antonio Saldaña, defendió que el hecho de que "las comunidades autónomas o el Gobierno de España planteen conflictos de competencia o recursos de inconstitucionalidad es algo habitual en España" y recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha planteado a la Junta de Andalucía conflictos de competencia" por medidas como la simplificación administrativa. A su juicio, no puede calificarse como "una herramienta de bloqueo", sino como "una herramienta constitucional".
Saldaña acusó además al PSOE de no cumplir desde el Gobierno sus "promesas" en vivienda y, tras la aprobación de la Ley estatal de Vivienda, que "se presentó con la promesa de frenar la escalada de precios del alquiler a través de la contención de las rentas en zonas tensionadas", apuntó que en realidad "se ha desviado el volumen de alquileres de temporada, lo que ha provocado un incremento de precios en las capitales de provincias", reprochando a los socialistas los "bulos" que, según dijo, llevan "cada semana" al Parlamento.
El parlamentario de Vox ,Ricardo López, por su parte, responsabilizó a los socialistas y a sus "mariachis" de haber provocado que a "una generación entera" se le hayan "cortado las alas" y no pueda "levantar su propio hogar". "Ese es el verdadero drama que han traído al país", les espetó, criticando que acudan a la Cámara con sus "recetas nefastas" y calificando el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como "otro invento más" del PSOE. Remarcó que "la vivienda no se construye ni con palabras ni con anuncios ni con propaganda", sino "con suelo, seguridad jurídica, financiación y presupuestos, esos que ustedes no tienen, y con una política que piense primero en las necesidades de los españoles".
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