Hace no tanto, marcharse a municipios situados a más de 45 kilómetros de la capital era la única salida para muchos malagueños que buscaban una vivienda asequible sin tener que destinar casi todo su sueldo al alquiler. Ahora, ni siquiera eso garantiza escapar de la burbuja inmobiliaria, que ya se extiende también a numerosos pueblos de la provincia.
Mientras el acceso a una vivienda digna se convierte en un problema cada vez más grave, el Ayuntamiento de Málaga continúa impulsando decisiones que, lejos de aliviar la situación, contribuyen a agravarla.
Más pisos turísticos, menos locales comerciales: incumplimiento de moratoria
Es el caso de la moratoria aprobada con relación a los pisos turísticos que inundan Málaga y expulsan a sus ciudadanos. Este acuerdo ha quedado en papel mojado con nuevas licencias para bloques turísticos y cambios de uso de locales, en una ciudad cada vez más cercada por la especulación y la presión inmobiliaria.
El Ayuntamiento gobernado por el popular Francisco de la Torre, insensible a este drama humano, Málaga sigue ampliando su oferta de alojamientos turísticos pese a la moratoria aprobada por el Ayuntamiento para frenar la expansión de las viviendas de uso turístico. La Gerencia Municipal de Urbanismo, órgano dependiente del Ayuntamiento, ha autorizado recientemente la construcción de cuatro nuevos edificios que sumarán alrededor de un centenar de apartamentos turísticos repartidos en distintos puntos de la ciudad, además de nuevos cambios de uso de locales comerciales para convertirlos en viviendas.
El proyecto de mayor envergadura se levantará en la calle Paul Dukas, en la zona de Carretera de Cádiz, donde se construirán 81 apartamentos turísticos junto a una veintena de aparcamientos y piscina en la azotea. También en el mismo distrito se ha concedido licencia para otro edificio con seis apartamentos en calle Emilio de la Cerda. Es importante destacar que la zona de Carretera de Cádiz es uno de los distritos más poblados y extensos de la capital costasoleña, situado en la zona oeste de la ciudad, junto al litoral. Hace décadas este distrito se transformó mutando de ser un área obrera e industrial, a estar plagado de promociones y zonas comerciales junto a una fuerte presión turística e inmobiliaria. A estas actuaciones se suman otros proyectos en el ya de por sí asfixiante y masificado centro histórico. En concreto, se trata de nueve apartamentos en calle Capuchinos, tras la demolición de edificaciones existentes, y otros cuatro apartamentos en calle Regimiento. Además, en calle Beatas se transformarán cuatro viviendas y un local comercial en nuevos alojamientos turísticos.
Estas polémicas autorizaciones vuelven a ser muy criticadas por parte de la sociedad que cuestionan impacto del modelo turístico habilitado, y fomentado, en la ciudad. Aunque la moratoria municipal, vigente desde agosto de 2025 hasta 2028, impide nuevas viviendas turísticas individuales en zonas saturadas, los edificios completos de apartamentos turísticos quedan fuera de esa limitación al considerarse actividad hotelera. Lo cierto es la ciudadanía asiste atónita al hecho de que los bloques de apartamentos turísticos continúan creciendo en Málaga mientras el acceso a una vivienda para la mayor parte de la población se vuelve una especie de “misión imposible”.
Pero hay más leña a este incendio por parte del Ayuntamiento. Y es que, paralelamente, Urbanismo ha informado de la concesión de 49 permisos para transformar locales comerciales en viviendas en distintos puntos de la capital. Colectivos vecinales y partidos de la oposición alertan de que muchas de estas nuevas viviendas podrían terminar destinadas también al alquiler turístico, reduciendo tanto el comercio de barrio como la oferta residencial para larga estancia.
La oposición municipal ha criticado duramente estas decisiones. Desde el PSOE y Con Málaga consideran que el Ayuntamiento mantiene una doble moral y un falso argumentario cuando dicen en público defender límites a los pisos turísticos, pero la realidad de la gestión, es bien distinta al continuar otorgando autorizaciones para complejos completos destinados al turismo. También advierten de que este modelo agrava el problema de acceso a la vivienda y contribuye a la subida de los precios del alquiler en la capital malagueña.
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