¿Crisis política en el Ayuntamiento de Bormujos por una paella? ¿Quién la cocinó? ¿Cuántos fueron los invitados? ¿Guardaron los comensales las distancias exigidas por el estado de alarma?

Son solo algunos de los interrogantes que deberán esclarecerse en el Pleno extraordinario de la corporación que ha solicitado por la vía de urgencia el PP de la localidad sevillana.

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Bormujos, Lola Romero, sospecha que “mientras España estaba bajo el decreto de estado de alarma que prohibía expresamente reuniones, desde la Alcaldía se organizó un encuentro, el pasado 25 abril, para la celebración de una copa con paella incluida”.

¿Y cómo ha sabido todo eso la portavoz conservadora? Muy sencillo: porque entre los comensales había un traidor que no solo hizo fotografías del encuentro supuestamente clandestino, sino que además el muy ladino las remitió sigilosamente al grupo de la oposición.

Recibido el valioso material gráfico, el PP se apresuró a exigir la convocatoria urgente de un Pleno para que el alcalde socialista, Francisco Molina, explique si realmente se trató de una “reunión técnica”, como él mismo había dicho, o más bien de una celebración fuera de la ley".

Según una versión del propio consistorio, la reunión obedeció a que los mandos de la Policía Local y de Protección Civil acordaron dicho encuentro "aprovechando la hora del almuerzo que realizan los voluntarios de Protección Civil en su propia sede".

Romero, sin embargo, no cejará en su empeño hasta el alcalde dé una explicación convincente o dimita: “Es inadmisible que, el que debe ser garante de la legalidad y exije a todos sus vecinos que cumplan las estrictas normas del estado de alarma por una cuestión sanitaria, se salte la ley y además ponga en riesgo al pueblo favoreciendo el contagio del covid-19 con este encuentro absolutamente prescindible”.

La portavoz popular quiere saber quién dio la orden de celebrar el fiestorro y por qué se invitó al mismo a miembros de la Policía Local, cuyo sindicato habría alertado de la ilegalidad del mismo: “Sólo caben dos justificaciones –sostiene Romero–: o el alcalde suele organizar reuniones técnicas de trabajo entre gambas y langostinos, o ha mentido a los bormujeros con el único objetivo de tapar su irresponsabilidad”.