Aunque en principio era una más de las concentraciones convocadas para hoy en distintas ciudades por la Plataforma para la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable, la protesta de Huelva ha tenido una emotividad que no han tenido otras.
No en vano han participado en ella los padres de Mari Luz Cortés y Marta del Castillo, el padre de Diana Quer, la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, y familiares de María y su padre Miguel Ángel, brutalmente asesinados en el doble crimen de Almonte, cuyo principal acusado fue absuelto por la Audiencia de Huelva aunque la sentencia ha sido recurrida.
Dolor y política
Tanto dolor inconsolable se daba cita a las doce del mediodía en la Plaza de las Monjas de Huelva, donde varios miles de personas –hasta 6.000, según la Policía Nacional, dependiente del Gobierno central– se han sumado a un acto que era la culminación de una semana particularmente intensa: intensa en lo político, por el Pleno del Congreso donde se debatió sobre la supresión de la prisión permanente revisable (PPR), e intensa en lo emocional, por el esclarecimiento del asesinato del pequeño Gabriel Cruz en una pedanía de Níjar.
Entre los manifestantes no había mucha presencia de políticos con ganas de hacerse notar notar, aunque hubo representación de Ciudadanos y, sobre todo, del PP, con la asistencia de la ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez, y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno.
En declaraciones a los medios, varios de los padres insistieron en que no les mueve la venganza en su defensa de la PPR, sino evitar nuevos crímenes horrendos. El líder del PP-A no desaprovechó la ocasión de dirigirse a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que “recapacite” y apoye el mantenimiento de la medida.
Un agrio debate
Aunque los promotores de la plataforma de padres aseguran que jamás serán utilizados por ningún partido, lo cierto es que el agrio debate de esta semana en Congreso parece sugerir más bien lo contrario.
PP y Ciudadanos aceleraron la agenda parlamentaria para incluir en ella el debate sobre la derogación de la PPR coincidiendo con el caso del pequeño almeriense Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre.
Se veían así fuertemente contrariados los partidos que defienden su supresión, particularmente el PSOE, donde el asunto ha abierto una brecha interna que la dirección federal no acierta a cerrar. Algo parecido podría haberle ocurrido a Ciudadanos, pero decidió ponerse la venda antes de la herida cambiando radicalmente de posición: si en el pasado apoyó sin reservas la derogación, ahora en cambio no tiene prisa alguna en que se suprima el endurecimiento del Código Penal aprobado en solitario por el PP cuando gozaba de mayoría absoluta.
Por su parte, el PP ha visto en la polémica de la PPR una ventana de oportunidad con la que amortiguar, siquiera parcialmente, los letales efectos que las encuestas adversas –y favorables a Ciudadanos– están teniendo en la moral de su tropa.
