A comienzos de septiembre las Mareas Blancas, sindicatos, colectivos civiles y andaluces y andaluzas presentaron en Sevilla una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el "desmantelamiento y deterorio" sanitario en Andalucía. En total, esta iniciativa obtuvo el respaldo de 57.509 firmas, según reconocieron los propios proponentes. Ahora, la Oficina del Censo Electoral ha validado esas miles de firmas cuyo objetivo es la presentación de una Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía. Por tanto, Moreno Bonilla, que ha eludido en reiteradas ocasiones la celebración de un pleno extraordinario sobre sanidad exigido por la oposición, tendrá que hacerle frente a una proposición de ley que emana directamente de la ciudadanía.
Para que la ILP llegue al Parlamento de Andalucía el grupo promotor, las Mareas Blancas de Andalucía, ha tenido que sortear dos obstáculos principales, que otorgan aún más fuerza, si cabe, a la proliferación de la iniciativa: obtener más de 40.000 firmas en un plazo establecido y que todas estas sean válidas para la Oficina del Censo. Una vez superado estos requisitos, la Junta Electoral de Andalucía ha acordado elevar a la Mesa del Parlamento de Andalucía este certificación, por lo que ahora se inicia el plazo para que la proposición de ley se debata en el Parlamento andaluz.
En un plazo máximo de dos meses el Parlamento de Andalucía celebrará una sesión plenaria en la que se discutirá una proposición de ley que nace contra la "privatización" del sistema sanitario andaluz, tal y como los manifestantes clamaron y escenificaron tras la presentación de firmas. Miles de personas coparon la avenida de Roma, donde está ubicado el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno andaluz, tras la entrega de firmas, en una movilización 'improvisada' y que escenificó más músculo que el esperado por los organizadores.
Los manifestantes apuntaron a que en los últimos cinco años Andalucía ha sufrido un sustantivo deterioro en el servicio público sanitario, marcado por una gestión que ha intensificado la colaboración sanitaria público-privada y que, según el portavoz de Marea Blanca Sevilla, Sebastían Recio, está provocando un “adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del sector privado”.
El secretario general de SATSE Andalucía, José Sánchez, también cargó duramente contra la gestión de Moreno Bonilla, que considera “motivo suficiente” para estar presentes tanto en la entrega de firmas como en la posterior movilización. “Las declaraciones del presidente donde dice que la sanidad pública no es sostenible es lo que trae hoy aquí a sindicatos, partidos políticos y ciudadanos”.
La Iniciativa Legislativa Popular
El documento respaldado por 57.509 personas lo que presentaba era una nueva legalidad que modifique la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, encaminada a poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la Sanidad Pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado.
Principalmente son tres puntos sustanciales los que vehiculan el resto de artículos que la ILP pretende modificar. En primer lugar, una mayor participación ciudadana en la gestión. La intención de los proponentes es que la ciudadanía adquiera mayor participación en la gestión sanitaria que de la que gozan en la actualidad, que no va más allá que la de "presentar reclamaciones o relegados a un papel meramente de ‘espectador’ ".
En segundo lugar, se busca un mayor control democrático “de sentido común” del dinero público que se destina a la sanidad privada. “No se puede estar dando año tras año miles de millones de euros, muchas veces sin control e, incluso, de manera ilegal, a expensas del servicio público y del presupuesto.
Y, en tercer lugar, saber de dónde se saca ese dinero para desviar a la sanidad privada. Tal y como argumentaba el portavoz de Marea Blanca Sevilla, en los últimos años se ha ido “disminuyendo” el presupuesto público dedicado a la sanidad pública para destinarlo a la sanidad privada. “Queremos recuperar ese dinero porque le pertenece al presupuesto público para dedicarlo a un plan de choque a desarrollar en 5 años que permita reconstruir y reforzar todo lo que debe ser la sanidad pública, que está cayendo en desgracia por una estrategia que va buscando beneficiar a la privada y cambiar el modelo”, sentenció el portavoz.