Los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han sentenciado que la Junta de Andalucía llevó a cabo en el ejercicio de 2021 una contratación de emergencia a dedo abusiva, contraria a la ley y "sin justificación alguna". El informe "desfavorable" de más de 130 páginas fue enviado al Gobierno regional en diciembre del pasado 2023 y que ha saltado ahora a los medios por, entre otras cosas, adjudicar ilegalmente cerca de 300 millones de euros.
Ante estas informaciones, reveladas por elDiario.es, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha respondido a las acusaciones de los interventores con otro informe, en ese caso elaborado por la Cámara de Cuentas en julio de 2024 al respecto de los contratos elaborados por la Junta en 2020 en el marco de la pandemia por coronavirus. Pero al popular no le ha salido especialmente bien ya que este dossier, elaborado más tarde que el del SAS, apunta en la misma línea.
Moreno Bonilla se agarra a un informe "favorable"
Y es que no solo incide en las advertencias de los auditores, sino que también apela al uso sistemático y abusivo de la contratación de emergencia cuando el covid y la legislación ya no justificaban la prórroga de este proceso de adjudicación. Sin embargo, este asegura que "resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable", a lo que el Ejecutivo andaluz se ha aferrado para hacer oídos sordos al informe previo de sus interventores.
De hecho, el propio dirigente popular se ha mostrado en este sentido esta misma semana al ser preguntado por este escándalo. "La Cámara de Cuentas ha revisado esos contratos y no ha hablado en ningún momento de irregularidades. Eso ha quedado bastante claro", ha dicho Moreno Bonilla en una entrevista con El Mundo. Para el presidente andaluz no hay vulneración de la ley en la contratación a dedo de más de 300 millones de euros.
Como destaca en su última publicación elDiario.es, mientras el SAS analiza solo los contratos de emergencia durante el ejercicio 2021, la Cámara de Cuentas lo hace sobre los contratos exprés de toda la Administración andaluza un año antes, en 2020. La coyuntura sanitaria de ambos años eran completamente diferente a causa de la incidencia del covid, por eso los interventores apelan a una aplicación "indebida" con una pandemia "muy atemperada".
Sin embargo, la Cámara de Cuentas sí se mostró en términos similares al SAS respecto a los contratos a dedo de la Junta en 2020, hasta el punto de apreciar una "defectuosa planificación" en un tercio de los convenios firmados de forma exprés, que aseguran que atendía a situaciones "previsibles, programables y no sobrevenidas por la pandemia". Así, ya entonces recomendaron al Gobierno andaluz volver al sistema de contratación normal de forma paulatina.
"El número de contratos de emergencia Covid–19 formalizados en el ejercicio 2021 por el sector público autonómico se considera elevado y no resulta conciliable con la evolución dinámica y progresiva de la pandemia en dicho ejercicio", dice el documento al que se acoge Moreno Bonilla, que no desgrana las contrataciones por expediente sino en conjunto. Aseguran que se produjeron 2.159 contratos por un importe de 396.769,42 millones de euros, cifras que no cuadran con el SAS, que apuntan a 3.669 expedientes y 296,3 millones de euros.
Elevada contratación a dedo por parte de la Junta
También la Cámara señala los largos tiempos. "La fecha de celebración de esos contratos y la proyección de los mismos con un plazo de ejecución tan extenso, condicionan las notas de excepcionalidad e inmediatez exigibles en la tramitación de emergencia, por lo que en todos esos supuestos, salvo que quedara condicionada la ejecución del contrato, hubiese requerido la utilización de procedimientos más garantes con los principios fundamentales de la contratación", advierte en su documento, que deslizan la derogación de dos artículos legales.
Este informe también recupera la instrucción de la Consejería de Hacienda el 18 de junio de 2021 instando a los departamentos a dejar de usar por sistema la contratación a dedo, algo que no pasó en Andalucía. "La realidad demuestra que el volumen de contratos de emergencia que aún a día de hoy siguen siendo elevados al Consejo de Gobierno a efectos de rendición de cuentas, no es conciliable con la evolución de la pandemia, lo cual revela una situación que no resulta deseable de mantener", indica el texto.
Así, esta entidad advierte de que en 2021 toda la Junta recurría de manera “sistemática” a los contratos a dedo, pese a que el marco legal estatal estaba derogado y la propia Consejería de Hacienda había advertido de que su uso debía ser "residual" por entonces. Con todo, el 94,82% del total de contratos realizados en 2021 fue por la vía de emergencia, que corresponde al 87,58% del importe total adjudicado a dedo por este procedimiento.
“El proceso de desescalada y el avance hacia la etapa denominada nueva normalidad, producida a partir del mes de junio de 2020, con la progresiva relajación de las medidas inicialmente acordadas, deberían haber conllevado, a partir de aquella fecha, la continuación de procedimientos contractuales en curso y la utilización por los órganos gestores de procedimientos menos restrictivos de la competencia y más garantes con los principios generales de la contratación que el de la contratación de emergencia”, advierte el informe de la Cámara de Cuentas.
Así, son claros. "No queda justificado que la finalidad perseguida por el correspondiente contrato no pudo ser lograda utilizando otros procedimientos”, entre los que enumera la tramitación abreviada o urgente prevista en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, o el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.