Este lunes ha arrancado un nuevo curso político que desembocará, previsiblemente, en una convocatoria electoral bien entrado el próximo año 2027, tal y como ha reiterado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cadena Ser este mismo 31 de agosto. Para ello, las derechas llevan reagrupándose desde el constatado fracaso electoral de 2023, donde la suma de PP y Vox no alcanzaba una mayoría absoluta en el Congreso que daban por hecho. Además, la presencia de la ultraderecha en la fórmula de Gobierno impidió que otros grupos parlamentarios cedieran a prestarles su apoyo.

En esas llevan Feijóo y Abascal desde entonces y con ella, este próximo 2 de septiembre, miércoles, y coincidiendo con el día de la ciudad autónoma de Ceuta, el PP -y su socio- han preparado una movilización por todo el Estado para mostrar su "apoyo" y "solidaridad" al pueblo de Ceuta, aunque la realidad es que es una acción empleada, una vez más, para ejercer un potente desgaste al Gobierno central, tras más de un mes desde que se originara la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

Andalucía

En este escenario nacional también entran en juego otros actores políticos, como el caso del presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Moreno Bonilla. Desde la llegada de Feijóo a la dirección nacional del PP hasta hoy el gallego ha ido asumiendo las tesis y postulados más radicales de la formación conservadora, absorbido por las estridencias que dicta (o dictaba) la baronesa más poderosa del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Frente a esta clara radicalización de Feijóo, que muchas veces le ha jugado malas pasadas, el presidente andaluz ha tratado de mantener un perfil más moderado, que le acerque a esa "vía andaluza" que tantos réditos electorales le ha brindado, subrayando la moderación del 'personaje' político Juanma Moreno y del PP andaluz.

Esa versión, no obstante, llegó a su fin el pasado junio, cuando tras no obtener la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo el PP andaluz rubricó su pacto con la extrema derecha, dándoles entrada en el Gobierno andaluz y unas competencias cuestionables, como la valoración de las víctimas de violencia de género, integradas en la macroconsejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que encabeza el portavoz ultra, Manuel Gavira.

Ahora, la "vía andaluza", moderada, choca frontalmente con Vox, como ha ocurrido en esta ocasión tras la crisis de Ceuta.

Ceuta

Cuando Moreno Bonilla visitó Ceuta el pasado 20 de agosto, aseguró que el acuerdo con Vox sobre la acogida de menores no acompañados en Andalucía recoge el "respeto a la ley vigente". Si bien es cierto que Moreno pidió la "devolución" de todos los migrantes llegados a Ceuta a finales de junio. Ante este titubeo de Moreno, Gavira fue bastante más tajante: "El Gobierno andaluz está por supuesto en contra de cualquier reparto de menores inmigrantes" a lo que Gavira se opondría por "tierra, mar y aire".

El nuevo episodio se vivió la pasada semana, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que participa el Gobierno central con las distintas comunidades autónomas. En ella, el Gobierno ofrecía la posibilidad de dotar con una ayuda extraordinaria de 25 millones de euros a la ciudad de Ceuta para paliar la crisis migratoria, una medida que recibió el apoyo de los representantes institucionales de la Junta de Andalucía.

Y, mientras la Junta defiende que su voto está amparado en la legalidad, y que no incumple ningún punto del acuerdo con Vox, esta formación asegura que la Junta habría votado en contra de tener la ultraderecha las competencias.

Ahora, el Gobierno andaluz participará de dos convocatorias que no hacen sino subrayar la lectura más ultra y política de la crisis migratoria de Ceuta. En primer lugar, desde la Junta de Andalucía se ha decidido rendir un pequeño homenaje a la ciudad autónoma izando su bandera desde el Parlamento andaluz el próximo 2 de septiembre.

Esta medida ha contado con el unánime rechazo de las izquierdas andaluzas, que han anunciado que no asistirán al mismo, por entender cierta disonancia entre lo que dice el presidente andaluz y, posteriormente, hace. Ese mismo día, por la tarde, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEPM), que preside la alcaldesa de Jerez, del PP, María José García Pelayo, ha preparado una movilización estatal para, también, mostrar su apoyo al pueblo de Ceuta.

La idea es copar las principales plazas de las ciudades y municipios en toda España. Y el homólogo de Pelayo en Andalucía, José María Bellido, a la sazón alcalde de Córdoba (PP), ha secundado dicha propuesta en Andalucía, aunque no sin el rechazo de otros tantos alcaldes y alcaldesas que rechazan la "instrumentalización" política de la crisis de Ceuta, como ha sido el caso de Jaén.

A Moreno, otra vez, Feijóo y Abascal le han vuelto a ganar la batalla, dejando atrás la "defensa de la legalidad" y cediendo al constante desgaste al Gobierno central por la crisis migratoria de Ceuta, mientras que no se aporta ningún tipo de medida para solucionarla.

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