La sanidad en Andalucía ha constituido una de las críticas más gruesas al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla desde que asumió la presidencia y sigue haciéndolo en la actualidad. Los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la desviación de fondos, la presunta malversación o la deficiente gestión de los hospitales suponen el lastre que los andaluces y andaluzas arrastran desde 2019.
Sobre este aspecto se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo andaluz en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' y que el medio ha publicado este domingo. Al margen de abordar otros temas referentes a la política andaluza, la sanidad ha ocupado una buena parte de la conversación entre Moreno Bonilla y el citado periódico. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente de la autonomía ha dejado las máscaras atrás y se ha sincerado. "La sanidad pública para todo y para todos con una población cada vez más mayor puede llegar un momento que sea inviable", ha afirmado contundente, con lo que viene a demostrar una vez más sus reticencias al sistema público de salud. Un comentario que no ha pasado desapercibido en redes, donde un usuario ha alertado de que “ya hablan a las claras de abolir la sanidad pública”.
Petición al fiscal superior por presunta malversación
Lo reseñable, al margen de esta declaración, es que las palabras de Moreno Bonilla poniendo en duda la viabilidad de la sanidad pública se producen en un momento en el que hay elevada una petición al fiscal superior contra su Ejecutivo por presunta malversación y desviación de fondos en los contratos del SAS.
Recientemente se ha conocido que el Gobierno en la Junta ha ampliado el contrato a dedo con clínicas privadas para asistir el verano tras cerrar el 75% de centros públicos de tarde. Para ello, la Junta del popular ha vuelto a prorrogar hasta septiembre los contratos negociados sin publicidad, en vigor desde hace un año, con los mismos hospitales privados beneficiados desde 2020 de adjudicaciones a dedo que investiga la justicia, tal como ha informado elDiario.es. Y tras ello, el Defensor del Paciente ha elevado una petición al Fiscal Superior de Andalucía para su actuación de oficio por la presunta malversación y desviación de fondos públicos en las que podría estar incurriendo el Gobierno de Moreno Bonilla.
Desde el Defensor del Paciente consideran que esta prórroga de tres meses más y a dedo con clínicas privadas es de especial gravedad y por ello estiman que la Fiscalía Superior debe intervenir. En el escrito, han dejado constancia de que entienden esta práctica como “un delito de desviación y malversación de fondos públicos para beneficiar a la privada, dejando sin medios ni personal en la sanidad pública y obligando a los pacientes a ir donde les teledirige el Gobierno de Andalucía”.
“Le pedimos su intervención inmediata por un delito de malversación y desviación de un dinero que es de los ciudadanos para potenciar la sanidad pública”, aseveran, basando esta petición en una serie de reglamentos.
En primer lugar, desde el Defensor del Paciente señalan el artículo 432 del Código Penal, que “establece que los funcionarios públicos que malversen caudales o efectos públicos serán castigados con penas de prisión”, así como el 433, que establece que “la malversación de fondos públicos para favorecer a empresas privadas o a terceros puede ser castigada con penas más graves”. Además, también señalan el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga “a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal”.
Reducción de camas de hospital en verano
Al margen de todo ello, a principios de mes el Sindicato de Enfermería, SATSE, alertaba sobre el cierre de 10.258 camas de hospital durante junio, julio, agosto y septiembre, con Andalucía a la cabeza. Esto incrementará las listas de espera y una peor atención para acabar repercutiendo directamente en el estado de salud de algunas personas.
El sindicato afirmó que "la posibilidad de aprovechar el periodo estival para reducir las listas de espera ha vuelto a ser descartada por las administraciones, que priman el bienestar de sus cuentas antes que el bienestar de las personas”.
Según los datos de SATSE, este verano se cerrarán miles de camas hospitalarias en todo el país. Andalucía encabeza la lista, con el cierre de al menos 2.200 camas. En Madrid, se prevé el cierre de 1.539 camas, bajo la información recabada en ocho hospitales. Le siguen Cataluña con 1.300 camas, la Comunidad Valenciana con 910 y, tanto Aragón como Galicia, donde el cierre afectará a 700 camas en cada comunidad. En el País Vasco dejarán de estar operativas 619 camas, en Extremadura 500, en Castilla-La Mancha 373, en Asturias 370, en Murcia 317, en Castilla y León 250, en Cantabria 164, en Navarra 146, en Baleares 116 y en La Rioja 54.