Catalina García y Jesús Aguirre son dos de las grandes ausencias de esta próxima legislatura en Andalucía. La primera, tras ostentar en última instancia la consejería de Medioambiente -tras un cambio a mitad de mandato donde quedó desplazada de la gestión sanitaria- dejará de formar parte del Gobierno que presidirá Moreno y que tendrá hasta tres vicepresidencias, una de Vox. Por otro lado, Aguirre dejará de ser el presidente del Parlamento andaluz. Pese a que fue reelegido como tal el pasado 11 de junio, el reciente acuerdo entre PP y Vox para conformar Gobierno también lleva aparejado una modificación en los componentes de la Mesa del Parlamento, de la que saldrá el exconsejero de Sanidad.
Las polémicas sanitarias han sacudido a Moreno Bonilla en los últimos años. Tal ha sido el eco de las mismas que la oposición las llevó como lemas electorales en los últimos comicios. Entre estas polémicas, dos han brillado por encima de las demás: el caso de los cribados de cáncer de mama y las acusaciones de contratación irregular con clínicas privadas. Desde el presunto troceo masivo de contratación menor hasta el uso y abuso de la contratación de emergencia, una normativa estatal para contratar sin control previo, promulgada durante la pandemia y derogada prácticamente un año después, y que Sanidad estuvo extendiendo hasta, al menos, 2024.
En cualquier caso, cabe señalar que la Justicia ha archivado las macrocausas contra la consejería en ambos casos. Pendientes de resolución queda aún la investigación iniciada en un juzgado de Cádiz, por presunto delito de malversación derivado del fraccionamiento masivo e irregular de contratos menores durante el año 2021, y en Córdoba, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y fraude.
Como decíamos, la Consejería de Sanidad ha salido 'indemne' de estos procesos judiciales. Pese a que la oposición se continúa agarrando que los juzgados han apreciado indicios de "irregularidad" en sus autos, en estos ha primado la absolución de los cargos y el archivo de los mismos, un hecho que los de Moreno no dudan en sacar a relucir. El coste político, no obstante, sí ha sido acusado. Además, más allá de 'librarse' de las denuncias, la percepción social, manifiesta en las diferentes encuestas, demuestra una creciente insatisfacción ciudadana con la gestión sanitaria andaluza, que se sitúa a la cola de valoración por sus propios ciudadanos.
Cribados
Aunque más allá de esto, el caso más sonoro y 'dañino' políticamente para el Ejecutivo popular fue el caso de los cribados de cáncer de mama, cuyo capítulo aún no se ha cerrado. De hecho, el hombre escogido por Moreno para tapar política y mediáticamente el mismo fue su mano derecha y, a la postre, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Quien maneja con mano de seda los hilos en la radio televisión pública andaluza consiguió apaciguar las consecuencias que la llamada crisis de los cribados ocasionó en la Presidencia de la Junta.
En total, y según datos oficiales, 2.317 mujeres estuvieron afectadas por los retrasos en la comunicación de sus mamografías. Sin embargo, el alcance que este retraso ocasionó en las mujeres no ha trascendido. Según Amama, la asociación que ha liderado la lucha de las mujeres andaluzas, no solo son más afectadas, al menos 4.000, sino que entre ellas ya se encontrarían algunas fallecidas. La asociación de mujeres asegura que las denuncias patrimoniales que han realizado al Servicio Andaluz de Salud dan muestra de ello.
Una crisis que le costó el cargo a la entonces consejera de Sanidad, Rocío Hernández, pero que comenzó con Jesús Aguirre al frente de las competencias sanitarias. El que fuera presidente del Parlamento durante la legislatura de la absoluta de Moreno fue, en la primera andadura del PP al frente de la Junta, el responsable de las competencias sanitarias. Amama denunció que trató de reunirse con Aguirre en cuanto detectaron que el problema de las mamografías estaba afectando a algunas mujeres, pero no tuvieron éxito en sus reclamaciones.
El mismo reproche le realizan a Catalina García, viceconsejera durante la etapa de Jesús Aguirre y posterior consejera de Sanidad desde 2022 a 2024, cuando cambió a dirigir Medioambiente. Amama asegura que trató de reunirse con García. Sin embargo, tampoco se escucharon sus reclamaciones.
Tras destaparse la crisis de los cribados en septiembre de 2025, las diferentes investigaciones han constatado que desde al menos 2023 profesionales del que se ha considerado epicentro de la crisis, el Virgen del Rocío de Sevilla, trataron de advertir a sus superiores de que había un cuello de botella con las pruebas, y que mujeres que podrían estar dudosas de tener cáncer pasaban a una lista de espera que no paraba de engrosar.
De hecho, una de las personas al frente de estos informes, realizados en 2023 y 2025 (meses antes de que estallara la crisis) fue Javier Castell, exjefe de Radiodiagnóstico y cesado por Moreno dentro de la "asunción de responsabilidades" que hizo el presidente andaluz. La versión del líder del Ejecutivo fue que hubo un error en la cadena de comunicación y que no llegó a sus oídos que esto estaba ocurriendo, pese a los dos informes elevados al SAS por Castell, donde denunciaba que en abril de 2025 se dejaron sin hacer en el Virgen del Rocío hasta 20.400 ecografías, 12.100 TAC, 10.100 resonancias magnéticas y 6.400 mamografías. El motivo al que atribuyeron esta desatención es a la falta de personal y recursos del hospital.
Ahora, Moreno ha dejado fuera del futuro Gobierno a Catalina García, así como del Parlamento a Jesús Aguirre, que será sustituido por Ana Mestre, también del PP. La primera continuará, no obstante, en el Parlamento andaluz como diputada, mientras que del segundo, que el próximo agosto cumple 70 años, ha trascendido que será uno de los senadores que el PP nombrará por designación autonómica.
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