El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), el más mortífero registrado en Andalucía en los últimos años, ha vuelto este jueves al centro del debate político en el Parlamento autonómico. Dos semanas después del fuego que causó la muerte de 13 personas, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, compareció para defender la actuación del Gobierno andaluz y justificar algunas de las decisiones más cuestionadas durante la gestión de la emergencia, entre ellas la negativa a activar el sistema de alertas masivas Es-Alert.
La comparecencia estuvo marcada por el cruce de acusaciones entre el Ejecutivo de Moreno Bonilla y los grupos de la oposición, especialmente el PSOE-A, que reclamó la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido y criticó la ausencia del presidente de la Junta en un debate sobre una de las mayores tragedias vividas por Andalucía en los últimos años.
Sanz comenzó su intervención recordando a las 13 víctimas mortales, así como a los heridos y a los profesionales que participaron en las labores de extinción. El consejero calificó el incendio de "terrible" y "extraordinario", asegurando que presentó un comportamiento "fuera de toda lógica" y una velocidad de propagación que rompía "todos los parámetros conocidos".
Según explicó, la superficie finalmente afectada asciende a 5.200 hectáreas, una cifra inferior a las primeras estimaciones de casi 7.000 hectáreas gracias a la actualización realizada mediante el sistema europeo de observación satelital Copernicus. Respecto al origen del incendio, evitó realizar conclusiones definitivas al señalar que la investigación continúa abierta, aunque reiteró que la principal hipótesis sigue siendo la caída de un cable eléctrico.
Uno de los aspectos más polémicos volvió a ser la decisión de no activar el sistema Es-Alert durante las primeras horas del incendio. Antonio Sanz insistió en que el envío de una alerta masiva habría resultado contraproducente debido a la compleja orografía de Sierra Cabrera, con viviendas aisladas y escasas vías de evacuación.
Según defendió, el sistema no permite enviar avisos diferenciados por zonas concretas y un mensaje generalizado habría provocado desplazamientos innecesarios, colapsos de tráfico y mayores riesgos para la población. Por ello, aseguró que el alcalde de Bédar, como máxima autoridad de Protección Civil en el municipio, optó por avisos individualizados realizados por agentes de las fuerzas de seguridad y Protección Civil.
El PSOE reclama una investigación y carga contra Moreno Bonilla
Las explicaciones del consejero no convencieron al Grupo Socialista. El diputado por Almería Rodrigo Sánchez Haro ha denunciado que todavía existen "intervalos críticos y decisiones no aclaradas" durante la gestión del incendio y reclamó una comisión de investigación parlamentaria "por justicia con las víctimas y por precaución ante lo que está por venir".
El dirigente socialista cuestionó especialmente la cronología de las decisiones adoptadas aquella noche. Preguntó por qué la situación operativa de nivel 2 y la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) no llegaron hasta las 22.37 horas, cuando ya se habían producido cuatro fallecimientos y las evacuaciones estaban en marcha.
También insistió en que la Junta debe explicar quién tomó la decisión de no utilizar Es-Alert y por qué ese sistema sí se activó en incendios posteriores, como el registrado en Cerro del Andévalo o en otros fuegos recientes en Aragón y Castilla-La Mancha.
Además, Sánchez Haro dirigió sus críticas directamente al presidente andaluz: "¿Qué tiene que ocurrir en Andalucía para que Moreno Bonilla dé la cara en el Parlamento?", ha preguntado. El socialista reprochó al presidente no solo que delegara la comparecencia en Antonio Sanz, sino que abandonara el hemiciclo al inicio del debate.
A juicio del PSOE-A, el Ejecutivo intenta trasladar parte de la responsabilidad a las propias víctimas. "Hay que tener hielo en las venas para insinuar responsabilidades de quienes perdieron la vida antes de explicar qué hizo su Gobierno para protegerlas", afirmó Sánchez Haro.
El choque político se intensifica
Las críticas no llegaron únicamente desde el PSOE. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sostuvo que un incendio de semejante magnitud exigía la comparecencia directa del presidente de la Junta y preguntó si el Gobierno andaluz emprenderá acciones legales si finalmente se confirma que el origen fue la caída de un cable de alta tensión.
Por Andalucía también reclamó transparencia y dejó abierta la puerta a una comisión de investigación si persisten las dudas sobre la actuación de la Administración autonómica. Su portavoz, Antonio Maíllo, defendió además que la lucha contra los incendios exige asumir la realidad del cambio climático.
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