Es habitual en el argot de las (extremas) derechas mediáticas y políticas vilipendiar la figura de Pedro Sánchez. Más allá de las diferencias políticas entre partidos, la figura del presidente del Gobierno ha sufrido un importante descrédito desde el primer momento, aunque acuciado tras las elecciones generales de 2023, donde el PP nunca aceptó la legitimidad de su gobierno y activó la maquinaria del fango contra el mismo.
Ahora, el presidente del Gobierno tiene la intención de convalidar los dos decretos ley de vivienda que la pasada semana fueron rechazados en el Congreso por las derechas y que precipitaron el adelanto electoral. Para ello, existe una fórmula legal y a la que recurrirá Sánchez, y de la que también necesita apoyo de otras fuerzas políticas. Se trata de la Diputación Permanente.
Esta es, básicamente, un sustituto del Parlamento cuando se encuentra fuera del periodo de sesiones, como ocurre en los meses no habilitantes de verano. En este órgano, que está compuesto por 68 diputados más Francina Armengol, presidenta del Congreso, será quien ratifique o rechace los decretos, aunque parece que Sánchez tiene todo de cara para que se ratifiquen, tras el "sí" del PNV y tras contar con el apoyo de 35 diputados en total: 25 del PSOE, 6 de Sumar, 4 de ERC, PNV, Eh Bildu y Grupo Mixto, respectivamente, que en esta ocasión será representado por la diputada de Podemos, Ione Belarra. La oposición, en este caso representada por PP, Vox y Junts, cuenta con 34 votos.
Polémica
La intención de Sánchez ha sido respondida con especial virulencia desde los sectores conservadores. Vox ya ha anunciado, a través de su portavoz, Pepa Millán, que estudiarán recurrir ante la Justicia dicha acción, que califica de "cacicada". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a asegurado que su Gobierno “estudiará” el contenido de los dos reales decretos en materia de vivienda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros tras haber sido tumbados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, y no ha descartado acabar recurriéndolos en los tribunales si son convalidados por la Diputación Permanente de la Cámara Baja, órgano que asume las funciones cuando las Cortes Generales están disueltas.
“Vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance si finalmente se convalidan por algún tipo de trama, como llevarlos a la Diputación Permanente a espaldas de la Cámara, del sentido común y de la propia Constitución”, ha dicho la dirigente madrileña durante su intervención en el marco del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar que está teniendo lugar en Madrid.
Incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha asegurado que la Diputación Permanente del Congreso no debería aprobar los decretos de vivienda rechazados por PP, Vox y Junts en el Congreso, y valora esa posibilidad como un "fraude" y "trampa a la democracia".
Moreno aprobó siete decretos en Diputación Permanente
Sin embargo, las acusaciones no han tardado en ser enmendadas por parte de los socialistas. La líder de la oposición en Andalucía, María Jesús Montero, defendía este martes la actuación del Gobierno central y respaldaba la validez legal y jurídica de este órgano, recordando que el propio presidente de la Junta de Andalucía había aprobado hasta siete decretos en la Diputación Permanente cuando disolvió el Parlamento para la campaña electoral.
El presidente andaluz disolvió el Parlamento el 23 de marzo. Desde entonces, se convalidaron hasta siete decretos ley, tal y como se puede comprobar en los expedientes parlamentarios en la web del Parlamento andaluz. Tan solo tres días después de la convocatoria, la Diputación Permanente aprobó el decreto por el que se aprueban medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y para el fomento de la actividad cinegética en Andalucía.
Ese mismo día, también se aprobó el Decreto-ley 3/2026, de 11 de marzo, por el que se modifica la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, y otras normas en materia de empleo público, para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos acaecidos en Andalucía.
Así, hasta siete, entre los que se encuentran medidas para dar apoyo fiscal por el impacto de las borrascas en Andalucía, el Decreto-ley 5/2026, por el que se contemplaban medidas en materia de Emergencias; la exención de la tasa a la pesca fresca regulada con carácter urgente, un decreto por el que se fomenta el uso silvopastorales del monte para la prevención de incendios forestales o medidas económicas y fiscales a las víctimas de Adamuz.
De este modo, la líder de los socialistas andaluces ha afeado las críticas al presidente andaluz, que además cuando ha actuado sirviéndose de este órgano parlamentario, "no he escuchado críticas", advertía. Además, Montero señaló que dos de estos decretos, los dos últimos se aprobaron con una distribución de la Diputación Permanente a la que había emanado de las urnas. Se refiere a las medidas económicas y fiscales a las víctimas de Adamuz, convalidada por la Diputación Permanente el 22 de mayo; y al uso de silvopastoral, convalidada el mismo día.
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