La renovación de los órganos instrumentales de la Junta de Andalucía durante las últimas semanas ha situado en el centro de la polémica los nombramientos impulsados por PP-A y Vox.
Entre ellos figuran la continuidad por tercera vez consecutiva del director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, así como de Rafael Porras al frente del Consejo de Administración de la RTVA y la incorporación de María Jesús Botella, cuñada de José María Aznar y hermana de Ana Botella, al mismo órgano como consejera, tras ocupar el puesto de coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Córdoba; y la elección de Ana María Vielba, exviceconsejera de Agricultura, quien tuvo que abandonar el Partido Popular tres días antes de su nombramiento como directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, cargo incompatible con afiliaciones políticas.
A estos nombramientos se suma el de la expresidenta del Parlamento andaluz y exdiputada autonómica, Marta Bosquet, como Defensora del Pueblo; y la reciente reforma de la Cámara de Cuentas, donde se excluye a Adelante Andalucía de su consejo.
Con todo esto, el pasado jueves en la sesión de control en el Parlamento andaluz, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, apuntó al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, como "artífice" de todas estas reformas de calado, acusándole de una "colonización" en las instituciones públicas andaluzas por parte del Partido Popular: "Cada día este Parlamento es más chico, y las instituciones siguen una deriva peligrosa", aserveró.
Reforma de la Cámara
La Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano de control externo del sector público andaluz. Su función principal es fiscalizar cómo utiliza el dinero público la Junta de Andalucía, así como los ayuntamientos, las diputaciones y otros organismos públicos. La mencionada Ley de Cámara de Cuentas en disputa, que data de 1988, permite que todos los grupos parlamentarios tengan derecho, como mínimo, a disponer de un consejero en la Cámara. Sin embargo, la reforma que han aprobado PP-A y Vox en el pleno del Parlamento el pasado miércoles, el día de la Huelga General, donde no estuvieron presentes las izquierdas, excluye del mismo a Adelante Andalucía, y otorga una mayoría total a las formaciones conservadoras.
PP-A y Vox introdujeron el pasado 16 de octubre un escrito en el Parlamento, que terminó por conseguir la aprobación de trámite el 11-N, para suprimir de urgencia el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 24 de dicha Ley de Cámara de Cuentas, que dicta, textualmente, que "todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta". Asimismo, la norma establece que, si el reparto proporcional no permite garantizar esa representación, deberá ceder un puesto el grupo que, teniendo ya asegurado un consejero, haya obtenido el menor resto en el cálculo del reparto.
La reforma impulsada por la derecha elimina la proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la elección de sus representantes en el órgano de fiscalización. Al recortar esta regla, la derecha y la ultraderecha continuarán teniendo la mayoría para tomar decisiones políticas en la renovación pendiente de los consejeros el próximo enero. En cambio, si el artículo que eliminarán, que había estado vigente desde hace 37 años, no se hubiese alterado finalmente, la habrían perdido.
Montero utilizó la expresión de "meter por la puerta de atrás" entendiendo que PP-A y Vox aprovecharon la jornada plenaria de la huelga para dar luz verde a dicha reforma, dado que los tres partidos de la oposición de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, no estuvieron presentes en la Cámara por secundar la Huelga General. Hasta ahora, en la anterior legislatura, Adelante Andalucía había constado como grupo mixto pero, al haber conseguido grupo propio con ocho diputados, les correspondría, por primera vez, el derecho a proponer al menos un consejero en el órgano de no ser por la reforma.
El diputado de Vox Benito Morillo aserveró en relación a esta medida que la Cámara de Cuentas "no está para satisfacer los intereses de ningún partido político ni para repartir sillones", a pesar de que Adelante Andalucía alcanzó grupo propio. El portavoz de los andalucistas, José Ignacio García, alegó ante esto que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
RTVA, "aplaudiendo a Moreno Bonilla en un mitin"
Otras renovaciones que han sido condenadas por la oposición: la reelección del director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, además de la renovación de Rafael Porras como presidente del Consejo de Administración de la RTVA, ambos por tercera vez consecutiva; además de la incorporación al consejo de María Jesús Botella, cuñada del expresidente del Gobierno José María Aznar y hermana de Ana Botella.
Estos nombramientos levantan suspicacias en un contexto de polémica hacia la imparcialidad de la radio-televisión pública de la comunidad andaluza. Recientemente, Adelante Andalucía denunciaba el veto del propio consejo de administración de la RTVA —donde, como se ha explicado, PP y Vox cuentan con mayoría— a su participación en los debates electorales del 29-N. De hecho, esta fue una de las primeras decisiones del renovado órgano, que justificó la exclusión de los andalucistas alegando que no obtuvieron representación en las elecciones generales de 2023. Sin embargo, Adelante se ampara en dos disposiciones de la Ley Electoral que permiten reconocer como grupo político a una formación sin representación parlamentaria si alcanza más del 5% de los votos en comicios posteriores, lo que abriría la puerta a su participación en los debates. El portavoz de la formación, José Ignacio García, anunció que recurrirán la decisión por considerarla un agravio y denunció que "PP y Vox controlan la RTVA para sus intereses partidistas". No obstante, la Junta Electoral Provincial ha dado la razón a la RTVA, por lo que, a priori, los andalucistas quedarán fuera de los debates.
Montero señaló que el director de la radio-televisión andaluza y la recién nombrada directora del consejo de Transparencia estuviesen "aplaudiéndole en un mitin", habiendo sido vistos el —también recién reelecto por tercera vez— director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, junto con Vielba en el público de un mitin electoral de Alberto Núñez Feijóo y Moreno Bonilla, en Málaga.
El Consejo de Transparencia y Defensoría, también dirigido por una exviceconsejera popular
Un aliciente más es el nombramiento como nueva directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Ana María Vielba, quien tuvo que darse de baja en el Partido Popular tres días antes de su propuesta para el cargo el 25 de marzo, dado que el cargo al que aspiraba es de todo punto incompatible con la afiliación a cualquier partido político, para garantizar la independencia del Consejo. La exviceconsejera fue colocada tras las negociaciones entre el PP-A y Vox.
Este organismo vela por la transparencia en Andalucía, obligando a la Junta a dar información a los ciudadanos y limitando al Gobierno autonómico cuando es necesario; por lo que, tal y como dictamina el Decreto 434 de 2015, el cargo de director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es incompatible con “la afiliación o el ejercicio de funciones de dirección o ejecutivas en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales”, algo que se pone en duda ahora desde la oposición con la llegada de Vielba a pocos días de dejar el PP. Previo a ella, ocupaba el cargo un jurista de prestigio ajeno a los partidos.
“Renuncié cuando supimos que el puesto era inelegible, no incompatible, para que todo estuviera lo más legal posible. Evidentemente, tengo mi ideología, pero la ley es la ley. Todos los partidos ponen a sus afines en determinados puestos, en el Defensor del Pueblo o en la Cámara de Cuentas. Y yo soy políticamente pulcra, tengo un perfil muy técnico”, según apuntó a El País.
Por último, respecto al nombramiento de la Defensoría, también efectuado el 11N, la polémica no ha sido menor. El cargo ha recaído en los hombros de Marta Bosquet, que sustituye a Jesús Maeztu, que llevaba trece años al frente de la institución y permanecía en funciones desde 2023.
El recorrido profesional de Marta Bosquet combinó el ejercicio de la abogacía con una trayectoria política e institucional vinculada primero a Ciudadanos y, posteriormente, al Gobierno de Moreno Bonilla. Bosquet fue diputada autonómica por Ciudadanos y presidió el Parlamento de Andalucía durante la XI Legislatura, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre su formación y el PP en 2018. Posteriormente, se incorporó al Ejecutivo de Moreno Bonilla como presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), cargo que ocupaba cuando fue propuesta para dirigir la Defensoría del Pueblo Andaluz.
El nombramiento evidenció la falta de consenso entre los grupos parlamentarios. Su candidatura recibió el respaldo de PP y Vox en la Comisión Consultiva de Nombramientos, mientras que PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía votaron en contra.
Por todo ello, Montero denunció este jueves lo que consiera una "deriva peligrosa" en las instituciones andaluzas, que cuyas decisiones califica de "vergüenza" por los nombramientos citados y considera una "colonización" por parte del PP.
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