La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado este viernes de “gravísimo” que la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla hubiera sido advertida hasta tres años antes de que salieran a la luz los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza.
Montero ha realizado estas declaraciones durante una atención a medios en Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde ha participado en la presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía. Allí se ha referido a informaciones que apuntan a que profesionales sanitarios ya habían alertado a la administración autonómica de un posible colapso en el servicio de radiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, responsable de realizar las pruebas de detección precoz del cáncer de mama.
Según ha explicado, estos profesionales habrían solicitado más recursos para evitar el deterioro del sistema y el aumento de retrasos en las pruebas diagnósticas. Sin embargo, esas advertencias no habrían sido atendidas en su momento.
Desconocimiento del impacto real en las pacientes
Igualmente, la dirigente socialista ha asegurado que las informaciones conocidas recientemente muestran que la Junta conocía desde hacía años que el servicio encargado de los cribados sufría “cuellos de botella” y retrasos que podían comprometer la detección temprana del cáncer. “Me parece gravísimo que el presidente de la Junta nunca haya hablado de esto”, ha afirmado Montero, quien ha considerado que la situación evidencia una responsabilidad directa del Gobierno andaluz por no haber actuado antes ante los avisos de los profesionales sanitarios.
Los problemas en el programa de detección precoz salieron a la luz hace unos meses tras conocerse retrasos y fallos en el seguimiento de pruebas diagnósticas. En algunos casos, mujeres que presentaban resultados sospechosos en mamografías no fueron citadas a tiempo para realizar las pruebas complementarias necesarias. De hecho, investigaciones periodísticas y denuncias de colectivos de pacientes, como la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), apuntan a que miles de mujeres pudieron verse afectadas por estas demoras en el diagnóstico, lo que ha generado una fuerte polémica política y sanitaria en Andalucía.
Del mismo modo, Montero ha subrayado que, aunque hayan pasado meses desde que se conoció la situación, aún existen numerosas incógnitas sobre las consecuencias reales del problema. Entre ellas ha señalado que todavía no se ha aclarado cuántas mujeres desarrollaron un cáncer que podría haberse detectado antes, cuántas tuvieron que someterse a tratamientos más agresivos o cuántas intervenciones quirúrgicas podrían haberse evitado con un diagnóstico temprano.
La vicepresidenta del Gobierno también ha cuestionado que no se disponga de información clara sobre el número de pacientes afectadas ni sobre el tiempo que tardaron en realizarse las pruebas posteriores tras detectarse anomalías en las mamografías. “Es grave que a estas alturas no sepamos cuántas mujeres han desarrollado un cáncer o cuántas han tenido que someterse a una mastectomía que quizá podría haberse evitado”, ha señalado.
Una comisión de investigación que no llega
Ante esta situación, Montero ha reclamado que se esclarezca lo ocurrido y ha criticado que el Parlamento andaluz no haya impulsado una comisión de investigación sobre el asunto. A su juicio, Moreno Bonilla ha evitado abordar políticamente un problema que afecta directamente a la gestión del sistema sanitario público.
La dirigente socialista también ha reprochado que el Ejecutivo andaluz dedique esfuerzos a investigar asuntos sobre los que, según ha afirmado, no tiene competencias directas, mientras que no se abre una investigación sobre un problema sanitario que depende de la propia administración autonómica.
La crisis de los cribados de cáncer de mama se ha convertido en uno de los mayores conflictos sanitarios de la legislatura de Moreno Bonilla. El problema había afectado principalmente al sistema de radiodiagnóstico del hospital sevillano Virgen del Rocío encargado de gestionar gran parte de estos cribados, donde la falta de personal y recursos habría generado una acumulación de pruebas pendientes.
Ante las críticas, la Junta de Andalucía ha defendido que ya ha adoptado medidas para corregir el problema, incluyendo cambios en los protocolos y refuerzos en el personal sanitario. Sin embargo, tanto Amama como otras asociaciones de pacientes y partidos de la oposición consideran que estas medidas llegan tarde y reclaman responsabilidades políticas por lo ocurrido.