La Fiscalía de Cádiz ha presentado esta semana una denuncia ante los juzgados tras un año y medio de investigación en torno al servicio de transporte escolar gestionado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae), dependiente del Partido Popular al frente del Gobierno andaluz. El ministerio público estima un perjuicio económico de unos 300.000 euros, causado por facturas falsas y trabajos que nunca llegaron a realizarse. Según fuentes fiscales, en la causa están implicados varios empleados públicos y empresarios, a quienes se atribuyen delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Intervención General de la Junta de Andalucía, que también ha detectado irregularidades contables en el Parque de las Ciencias de Granada. Aunque la Fiscalía no ha apreciado indicios de delito en la gestión de este museo público, el Gobierno autonómico sí reconoce un daño a las arcas públicas y exige ahora 120.000 euros a tres ex responsables del centro.
Paralelamente, la Intervención ha elevado nuevas alertas a la Oficina Andaluza Antifraude, tras detectar perjuicios económicos en sus controles financiero-contables sobre otros entes públicos: la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), el Consorcio Fernando de los Ríos y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Según el informe del interventor que destapó el caso en febrero de 2024, se contrató un servicio por 762.210 euros que, en realidad, debía haber costado 172.863 euros. La empresa de autobuses Marceli y Juanito SL habría emitido facturas por un total de 544.580 euros, de los cuales ya se habrían abonado 455.035 euros. El análisis reveló además 38 contratos menores duplicados firmados entre 2022 y 2023.
El instituto Fernando de los Quiñones y el colegio José de la Vega en Chiclana de la Frontera, entre otros, fueron perjudicados por el desbarajuste contable dado en la provincia gaditana. La investigación concluyó con el despido de un administrador de gestión de la propia agencia pública, al que se le atribuye la ejecución de traspasos presupuestarios no autorizados, que fueron realizados al margen del procedimiento establecido.
Las reclamaciones desde la Junta de Andalucía
A caballo con la investigación, la Intervención General de la Junta de Andalucía trasladó a la Fiscalía de Granada las irregularidades contables detectadas en el Parque de las Ciencias. Sin embargo, el ministerio público no apreció indicios de delito, según confirmó una portavoz de la Fiscalía. A pesar de ello, el órgano fiscalizador advirtió que el exdirector gerente del museo, Ernesto Páramo, habría cobrado su salario en 2020 sin acudir a su puesto de trabajo y sin autorización de teletrabajo durante un periodo prolongado tras la pandemia.
Actualmente, la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reclama en los juzgados 50.000 euros que considera cobrados de forma indebida por parte de Páramo. Además, exige la devolución de otros 70.000 euros a Cristina González, su sucesora en la gerencia del museo, y a Pablo Espinosa, exdirector económico del Consorcio Público que gestiona el centro. El pasado otoño, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la procedencia del despido de Espinosa, tras el recurso que él mismo interpuso.
La Intervención General también denunció una serie de contratos suscritos por el museo, entre ellos uno con la empresa Sede Electrónica SL, en el que detectó un posible conflicto de intereses por parte de un técnico del propio centro. La falta de personal cualificado en ciertas áreas llevó a encadenar contratos menores “perpetuados” en el tiempo, justificados por la experiencia adquirida por los trabajadores. El conjunto de estos contratos, incluyendo uno destinado a la atención al público, asciende a cerca de un millón de euros. La Junta asegura que actuará en consecuencia, tras recibir informes jurídicos que respaldan la reclamación de fondos por irregularidades contables.
“El Parque de las Ciencias era un proyecto artesanal y exitoso de público, pero otra cosa es el control de las cuentas”, resumen fuentes del Ejecutivo andaluz. Añaden que, por primera vez en varios ejercicios, el museo ha logrado aprobar sus cuentas en 2025, lo que permitirá liberar 800.000 euros bloqueados hasta ahora en tesorería.