“Las aguas envenenadas” del Guadalquivir: la mina de Aznalcóllar avanza pese a la movilización ciudadana

Apenas dos días después de la movilización ciudadana contra los vertidos mineros al río Guadalquivir, la reapertura de la mina de Aznalcóllar siguió avanzando y haciendo oídos sordos a las reclamaciones y advertencias de ecologistas que cuestionan las garantías ambientales de explotación y alertan de las consecuencias para el estuario. El Ayuntamiento de Aznalcóllar, sin embargo, dio luz verde a la construcción de una depuradora de aguas mineras de 60 millones de euros.

Isidoro Albarreal, representante y responsable del área de minería de Ecologistas en Acción en Sevilla, considera “muy sorprendente” que el Consistorio haya concedido esta licencia cuando, según denuncia, “la autorización para sacar las aguas la tiene que dar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. No las puedes depurar y verter al río como quieras”.

Uno de los principales motivos de oposición de Ecologistas en Acción es la duración y el volumen de los vertidos previstos. Albarreal sostiene que la evaluación realizada no aborda suficientemente las consecuencias acumulativas de esas descargas sobre los sedimentos, la fauna y las actividades económicas que dependen del estuario. Destaca y denuncia que “los metales pesados se adhieren a las partículas en suspensión que hay en el Guadalquivir, se van al fondo y se depositan en los sedimentos del río. Ahí se quedan durante mucho tiempo”.

Frente a discursos alarmistas sobre la pérdida del empleo en la zona, Albarreal asegura que este vertido tiene consecuencias reales y medibles que afecta al cultivo de arroz, la pesca y el marisqueo en zonas como Sanlúcar o Chipiona, donde también se perderían empleos debido a los metales pesados que llevan las aguas del Guadalquivir y que contaminarían estas actividades agrícolas y pesqueras.

Albarreal desmiente el relato tanto del Ayuntamiento de Aznalcóllar como de la Junta de Andalucía sobre la supuesta limpieza absoluta del agua tratada. “Es mentira”, defiende el ecologista, al mismo tiempo que reclama conocer con mayor profundidad los efectos del vertido y las garantías del sistema de tratamiento bajo una evaluación independiente de los intereses de la Junta de Andalucía.

La organización también cuestiona que el proyecto se presente como una restauración ambiental de la zona minera. “Esto no es un proyecto de restauración, es un proyecto de explotación que, como todo proyecto de explotación, tiene que tener obligatoriamente un proyecto de restauración”, afirma Albarreal.

Ecologistas en Acción lleva años reclamando a la Junta de Andalucía una evaluación científica independiente que analice los efectos del vertido durante todo el periodo previsto. “Lo que queremos es que se haga un comité de expertos científicos que estudie verdaderamente las consecuencias que ese vertido durante 17 años va a tener en todas las economías del estuario y del Guadalquivir”, explica.

Asegura Albarreal que ya existen tres procedimientos contencioso-administrativos relacionados con las autorizaciones ambientales, los vertidos y la actividad minera, impulsados por Ecologistas en Acción y Greenpeace. Sobre la tramitación, denuncia que “tanto la Junta de Andalucía como la empresa minera están retrasando muchísimo el envío del expediente administrativo”, al igual que asegura que la documentación llega “con defectos y cosas que faltan”.

“¿Por qué nos vamos a creer ahora que van a cumplir, si durante diez años no han impedido que se siga contaminando el contraembalse del Agrio?”, denuncia Albarreal, que continuará en la lucha contra los vertidos mineros hasta que se logre concienciar tanto a la población como a instituciones de los efectos reales e irreversibles para el ecosistema y la salud pública. Habrá, advierte, nuevas movilizaciones. Se seguirá luchando, una vez más, en la idea de que “el Guadalquivir no se toca”.