Antes de entrar hoy en los juzgados dijo estar tranquilo y parecida actitud tenía a la salida de los mismos. Para el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', su imputación tiene tintes claramente políticos: "Estoy convencido de que esto es un juicio absolutamente político", señaló a los periodistas tras declarar durante una hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la capital.
El redigor de Podemos fue denunciado por los concejales de Ciudadanos Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación por la tramitación de una supuesta “transmisión de la titularidad de las concesiones de ocupación de los establecimientos playeros”.
Antes de comparecer ante el juez el alcalde declaraba a los periodistas: "No sé muy bien qué hago yo aquí". El propio delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ángel Acuña, ha subrayado también que la Administración autonómica "ya dio por cerrados" los procedimientos de la cesión de la titularidad de los chiringuitos al Ayuntamiento. En su opinión, la decisión municipal de "dar marcha atrás y desligarse de ese procedimiento" debería dirimirse por la vía contenciosa-administrativa, ya que "es excesivo" que se recurra a la vía penal.
El alcalde insiste en que lo que se hizo fue consultar si se podía hacer una transmisión de la titularidad, pero eso no implica que efectivamente se produjera. "Ahí es donde se ha producido un error de interpretación grave por parte de la Junta de Andalucía y que Ciudadanos ha aprovechado de forma malintencionada para formular su denuncia", sostiene.
Como se recordará, Cs interpuso la denuncia en el mes de julio, siendo admitida a trámite en el mes de agosto. La denuncia, dijeron los concejales de Cs, fue contra el alcalde "al ser éste el que ha firmado el decreto de la concesión de la gestión de los chiringuitos a los empresarios donde se aprecia la presunta comisión de dos delitos".
Para Cs hubo prevaricación y malversación de fondos al realizar con el decreto la concesión administrativa de los chiringuitos de la que el Consistorio era titular a los empresarios titulares de la explotación "sin presentar un concurso público y ceder las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna, lo que es evidente perjuicio para el patrimonio municipal".