Los peores pronósticos en el ámbito judicial se están cumpliendo. Es ya palmario que la vuelta a la normalidad de la actividad judicial va a ser de las más lentas. Peluquerías, bares o viveros van muy por delante de Juzgados y Tribunales en cuanto a recuperación de la actividad se refiere. Nada parecen importar las miles de causas pendientes o los señalamientos que padecemos a años vista. Se suman a esta dramática situación los miles de actos judiciales suspendidos desde marzo y que ya esperan a ser nuevamente convocados. Es la crónica de un desastre anunciado.

La continua falta de inversión padecida por la justicia ha revelado -a diferencia de otros ámbitos empresariales, sociales o de la propia administración- como la paralización ha sido prácticamente absoluta. Sin tecnología, sin modernización y sin contar siquiera con medios al alcance de cualquier ciudadano (hablamos de correos electrónicos o mensajería instantánea, sin ir más lejos) son los propios funcionarios quienes han dispuesto en ocasiones hasta de sus propios medios para mantener el mínimo de hilo de vida necesario. Asistimos a la agonía del sistema.

Además, a este cóctel le hemos de añadir la postura intransigente de los dirigentes del Ministerio de Justicia, quienes de espaldas a los operadores jurídicos han decidido un paquete de medidas con el que “dotar de contenido” la comparecencia del Ministro ante los medios de comunicación y ante el Congreso. Que parezca que hacemos algo. Simular y disimular. El nivel de patrañas y disparates ha alcanzado una cota tal que ha merecido la contestación casi unánime por parte de todos los sectores: jueces, abogados, procuradores y funcionarios.

Nos hablan de “teleprocesos” cuando se siguen amontonando toneladas de papel en los pasillos y estanterías de la mayoría de las sedes judiciales. Nos presentan dos semanas de agosto como la medida estrella que descongestionará el colapso de los juicios. Nos montan un fraude de ley (aplicar una norma para burlar los efectos de otra) pese a que todos sabemos que alterando la Ley Orgánica del Poder Judicial se generará este verano aún mayor atasco por las suspensiones. Nos cuentan que la agilización debe suponer menores garantías y mayores dificultades para acceder a los recursos. Nos hablan del “teleproceso” y de introducir la inteligencia artificial como sustitución futura de jueces y magistrados. Nos imponen la aceptación de la “estereotipación” y el uso indiscriminado del “corta-pega” y los formularios de las resoluciones judiciales. Nos imponen denigrar la justicia, el derecho y todas las profesiones jurídicas.

La justicia lleva tiempo herida de muerte. A nadie se escapa que una justicia independiente, eficaz, ágil y con miedo es un contrapeso del resto de poderes. Precisamente por eso se le sigue clavando rejones en forma de Reales Decretos. Es esa la causa que explica esta situación. Al menos, entre tanta oscuridad, observamos una pequeña luz. Es la que ilumina el fin del plan de la Junta de Andalucía de trasladar los órganos judiciales de Sevilla a la sede de Abengoa. Quizá no pueda llevarse a término. Es el efecto colateral e imprevisto para quienes decidieron anteponer el rescate de multinacionales y banca con dinero público y condenar a la Justicia a sufrir tal escarnio. Por eso nos queda la esperanza de que nos escuchen y aunque desde las alturas no guste oírlo, es imperativo dotar de medios a nuestra justicia y escuchar a sus protagonistas. Es la única receta para que además de juicios, pueda haber justicia.

(*) Luis Ocaña Escolar es abogado y profesor asociado de la Universidad de Sevilla.