La Junta ocultó al TSJA un informe clave de los vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar al Guadalquivir

La polémica por la reapertura de la mina de Aznalcóllar suma un nuevo episodio judicial y político. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Junta de Andalucía que entregue documentación técnica que habría permanecido oculta durante más de un año dentro del procedimiento contra la autorización ambiental concedida a Minera Los Frailes, filial de Grupo México, para realizar vertidos al estuario del Guadalquivir.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictó el pasado 29 de abril un requerimiento dirigido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, encabezada por Catalina García, para que remita en un plazo de diez días toda la documentación solicitada en el procedimiento judicial impulsado por Ecologistas en Acción.

Tres envíos incompletos enviados por la Junta

La organización ecologista sostiene que la Junta ha enviado hasta en tres ocasiones un expediente incompleto, retrasando durante cerca de año y medio la tramitación del recurso presentado contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) aprobada en julio de 2024. Esa autorización permite a la empresa minera verter más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas procedentes del recinto minero de Aznalcóllar hacia el estuario del Guadalquivir, en una zona incluida en la Red Natura 2000 y situada junto al entorno de La Cartuja, en Sevilla.

Entre la documentación que el TSJA reclama figura un informe técnico elaborado en 2023 por la consultora especializada SITRA, contratada por la Dirección General de Recursos Hídricos para evaluar el impacto real de los vertidos sobre la calidad del agua del estuario en distintos escenarios de caudal.

Según denuncia Ecologistas en Acción, la Junta únicamente facilitó un resumen del estudio, omitiendo el documento completo. En ese resumen ya se advertía de posibles incumplimientos ambientales si el caudal desembalsado desde la presa de Alcalá del Río bajaba de 35 metros cúbicos por segundo. Además, el informe señalaba al cadmio como el elemento más preocupante, al alcanzar concentraciones hasta 400 veces superiores a los valores de referencia existentes en el río.

El alto tribunal también ha reclamado información más precisa sobre la distribución y comportamiento de otros metales pesados presentes en el futuro vertido, entre ellos plomo, mercurio, níquel, arsénico, cobre, cromo y zinc.

Pese a estas advertencias técnicas, la Junta autorizó finalmente un incremento del volumen de vertido previsto durante la explotación minera, pasando de 2,6 a 4 millones de metros cúbicos anuales. Un aumento del 53% que, según los denunciantes, nunca fue sometido a exposición pública ni a procesos de participación ciudadana, lo que podría vulnerar la legislación ambiental vigente.

Los colectivos ecologistas también acusan al Gobierno andaluz de ignorar numerosos estudios científicos sobre el comportamiento de los metales pesados en el estuario del Guadalquivir. Investigaciones desarrolladas por universidades andaluzas concluyen que muchos de estos contaminantes quedan adheridos a partículas en suspensión y terminan depositándose en los sedimentos del río, con potenciales efectos acumulativos sobre ecosistemas y actividades económicas ligadas al estuario.

Para Ecologistas en Acción, la autorización ambiental concedida a la mina carece de una base científica sólida y responde más a los intereses económicos de Grupo México que a la protección del interés general y de los sectores agrícolas, pesqueros y turísticos vinculados al Guadalquivir.

Movilización en Sanlúcar

La controversia ha desembocado además en una movilización convocada este sábado 9 de mayo por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Salvemos el Guadalquivir y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. La protesta partirá desde Bajo de Guía, en la desembocadura del río frente a Doñana, para exigir la paralización del proyecto y una revisión independiente de sus impactos ambientales.