Nuevo frente de batalla entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, esta vez a cuenta de la pretensión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de implementar en el futuro modelo de financiación autonómica una medida que ella misma reclamó muchas veces sin éxito cuando era consejera de Hacienda de Andalucía.
Se trata de la armonización de impuestos cedidos a las autonomías –sucesiones, donaciones o patrimonio– para evitar que los territorios más prósperos sigan practicando el ‘dumping fiscal’, es decir, la competencia desleal bonificando tales impuestos hasta con el 99 por ciento de la cuota, que no pueden suprimir porque la titularidad de los mismos es estatal.
Artillería verbal
El consejero andaluz de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha desplegado hoy toda su artillería verbal contra la titular de Hacienda: "Montero es el enemigo público número uno de Andalucía" porque “está pensando en obligarnos a subir otra vez los impuestos a los andaluces, pero no vamos a aceptar esa intromisión y amenaza”.
El Gobierno socialista de Susana Díaz ya rebajó el impuesto de sucesiones y donaciones a instancias de su socio parlamentario Ciudadanos. El nuevo Gobierno andaluz del PP y Cs decidió suprimirlo de hecho bonificándolo al 99 por ciento.
No solo España
Al igual que el portavoz, el vicepresidente Juan Marín (Cs) también se ha mostrado muy crítico con los planes de la ministra, echando mano de un argumento muy recurrente entre los abolicionistas fiscales: "Se trata de un impuesto que ya pagamos durante toda nuestra vida y a la hora de dejarle a los herederos les toca volver a pagar e incluso tienen que vender para poder pagar los impuestos".
Bastantes países europeos discrepan, sin embargo, del punto de vista de Marín y de la Junta de Andalucía. Según una detallada información publicada en 2018 por Cinco Días y firmada por el periodista Jaume Viñas, el impuesto sobre sucesiones y donaciones está vigente, dentro de la Unión Europea, en Bélgica, Francia, Bulgaria, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España, Luxemburgo, Malta, Finlandia, Reino Unido, Irlanda y Grecia.
Únicamente en estos dos últimos países la recaudación en tanto por ciento sobre el PIB es del 0,1 por ciento, mientras que en el resto es del 0,2 por ciento, a excepción de Bulgaria y los Países Bajos, donde llega al 0,3 por ciento, Francia que recauda un 0,5, y Bélgica que llega al 0,7.
La rebaja de Cs
Obligada finalmente por Ciudadanos a rebajar el impuesto en Andalucía, la entonces consejera Montero se resistió cuanto pudo a renunciar a una fiscalidad cuya exención favorecía a las clases más pudientes y mermaba las exhaustas arcas andaluzas.
En marzo de 2017, siendo consejera de Hacienda, Montero abogó por la armonización estatal del impuesto para “garantizar que no se produzcan situaciones de asimetría en el marco de España", pero siempre con "un modelo fiscal que permita que aquellos que más tienen o más ganan aporten más".
Fue también entonces, en la misma sesión parlamentaria, cuando volvió a reprochar al PP su incoherencia: si tanto propugna la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, "¿por qué no lo eliminó en la última reforma fiscal que aprobó en la pasada legislatura el Gobierno central contando con mayoría absoluta?”.
Mariano Rajoy tenía, en realidad, una buena razón para no suprimir el impuesto: de haberlo hecho, tendría que haber compensado a las comunidades autónomas que lo cobraban.
Competencia desleal
Durante su comparecencia de hoy ante la Comisión de Hacienda del Congreso, la ministra ha destacado que el Gobierno propondrá "armonizar" los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, en el marco de la reforma de la financiación autonómica que quiere impulsar, reforma sobre la que promete tener listo un borrador en noviembre.
Montero ha recordado que esta propuesta tiene por objetivo evitar la "competencia desleal" entre regiones para "atenuar el dumping fiscal", en alusión a la Comunidad de Madrid, lo que ha asegurado que se hará sin afectar a la autonomía fiscal. La armonización consistiríá, en principio, en estrechar la generosa horquilla ahora vigente, que permite a las autonomías suprimir de hecho el impuesto.
