El Ayuntamiento de Jaén impulsará una estrategia municipal para prevenir desahucios y reforzar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad. La propuesta ha salido adelante en el pleno celebrado este miércoles con el respaldo de PSOE, PP y Jaén Merece Más, mientras que Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra. La iniciativa plantea reforzar la mediación antes de que se produzcan los lanzamientos, ampliar las alternativas de alquiler social y aumentar progresivamente el parque público de vivienda.
La propuesta parte de la consideración de que la pérdida de una vivienda no constituye únicamente un conflicto entre particulares, sino que puede tener consecuencias sobre la cohesión social, la infancia y el arraigo de las familias. El Ayuntamiento señala además que los procedimientos de desahucio que afectan a personas vulnerables en la ciudad evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y mediación, especialmente cuando hay menores.
Entre las medidas planteadas figura la creación de un servicio permanente de mediación con grandes tenedores, entidades financieras y fondos de inversión inmobiliaria. Esta labor se desarrollaría a través de la Sociedad Municipal de Vivienda (SOMUVISA) y tendría como objetivo alcanzar acuerdos que permitan evitar desahucios y facilitar la permanencia de las familias en sus hogares mediante alquileres sociales, alquileres asequibles u otras soluciones habitacionales.
La propuesta también contempla reforzar la coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y la Delegación de Justicia de Jaén. El objetivo es agilizar la elaboración de informes sociales que acrediten situaciones de vulnerabilidad y que puedan ser utilizados por los abogados que representan a estas familias, tanto en procesos de mediación como en su defensa judicial. El documento plantea que estos informes puedan elaborarse sin esperar necesariamente a que exista un requerimiento judicial.
Otro de los compromisos pasa por continuar impulsando los alquileres sociales y las soluciones que permitan a las familias permanecer en sus viviendas, con especial atención a hogares vulnerables en los que haya menores, personas mayores, personas con discapacidad o perceptores del Ingreso Mínimo Vital. También se propone desarrollar nuevos ámbitos urbanísticos que permitan generar suelo para vivienda protegida y aprovechar las posibilidades de financiación contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
La iniciativa incorpora asimismo una reivindicación dirigida a la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento considera relevante que la comunidad autónoma movilice los 136,8 millones de euros transferidos por el Estado para políticas de vivienda destinadas, principalmente, a incrementar el parque de vivienda protegida y rehabilitar el existente.
La votación se produjo después de que colectivos en defensa del derecho a la vivienda leyeran en el Ayuntamiento un manifiesto en el que reclamaron medidas frente a los abusos del mercado inmobiliario. Durante el acto también se puso el foco en el caso de MariCarmen, cuyo desahucio se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles del problema habitacional, para recordar que su situación representa únicamente uno de los numerosos lanzamientos que se producen cada día en España. El caso de la mujer ha coincidido, además, con la aprobación por parte del Gobierno de nuevas medidas estatales de protección frente a los desahucios.
Vox se queda solo en el pleno y rema a contracorriente
Vox ha sido el único grupo municipal que ha rechazado la iniciativa. En las declaraciones previas al pleno, la formación de Abascal cargó contra el Gobierno de España y defendió que no corresponde a los ayuntamientos asumir este tipo de medidas, al considerar que la responsabilidad debe recaer en el Ejecutivo central. A preguntas de ElPlural.com, Vox no concretó si trasladará esa misma reclamación al Gobierno andaluz para que acelere la construcción de vivienda pública o para que se garantice que las viviendas protegidas lleguen a precios asumibles. La cuestión cobra especial relevancia porque Vox forma parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y el acuerdo de legislatura entre PP y Vox contempla la construcción de 20.000 viviendas protegidas.
El portavoz municipal de Vox había defendido, precisamente, la necesidad de acelerar la construcción de vivienda pública. Sin embargo, preguntado por si la formación reclamaría a la Junta que aumentase esa oferta y por los casos de viviendas públicas que han llegado a anunciarse por encima de los 250.000 euros, Vox ha esquivado responder y se ha centrado en sus críticas al Ejecutivo nacional.
El portavoz de Jaén Merece Más en el Ayuntamiento, Luis García Millán, usó su turno de intervención en este punto del pleno para responder a las palabras de Manuel Ureña. EN relación a ellas, el de JM+ ha asegurado que mientras los consistorios municipales dispongan de competencias que les permitan actuar en distintos ámbitos como este de la vivienda, es una obligación moral impulsar medidas para ayudar a la ciudadanía. Es más, García Millán ha preguntado a Ureña de qué sirve que Vox pelee tanto por la denominada como "prioridad nacional" si cuando se trata de ayudar el vecino, a la persona más cercana que pueden tener, se echan a un lado, tal y como ha ocurrido al votar esta propuesta de la alcaldía jienense.
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