Mientras la crisis de la vivienda continúa asfixiando a las familias andaluzas, convertida ya en la principal preocupación ciudadana según los barómetros del Centra, los altos cargos de la Junta de Andalucía experimentan, sin embargo, otra realidad completamente distinta, ya que gozan de una medida que otrora fue altamente polémica para el PP, y que ahora no paran de incrementar: las ayudas para el alquiler de los altos cargos que viven a más de 60km de la capital andaluza, conocida popularmente como “casas gratis”. Este es un complemento público para el alquiler que, lejos de ser erradicado tal y como prometió en su día el Partido Popular cuando estaba en la oposición, no solo se ha mantenido, sino que se ha ampliado hasta cobijar a los nuevos socios de la extrema derecha tras el último pacto de Gobierno. Ahora, la cuestión vuelve a estallar en el tablero político andaluz tras el movimiento de Adelante Andalucía en el Parlamento.
La hemeroteca
Para entender la radiografía actual es obligatorio consultar a la hemeroteca. Cuando el PP se encontraba en la bancada de la oposición, el cajón de las indemnizaciones por vivienda que percibían los altos cargos de la Junta empadronados a más de 60 kilómetros de Sevilla -instauradas originalmente en el año 2000 por el PSOE- fue el ariete predilecto de los populares contra el PSOE de Susana Díaz. Los actuales mandamases del Ejecutivo andaluz tildaban aquellos complementos con desprecio de "sobresueldos" y "casas gratis" pagadas por todos los contribuyentes.
Sin embargo, el argumentario duró exactamente lo que tardó Juan Manuel Moreno Bonilla en alcanzar la Presidencia de la Junta. En su primera rueda de prensa oficial tras asumir el poder, el entonces portavoz y hombre fuerte del Ejecutivo, Elías Bendodo, despejó cualquier duda al ser interpelado por la prensa sobre si el nuevo Gobierno suprimiría el privilegio. La respuesta fue un rotundo y tibio "no, en principio no, no está previsto", reconociendo de facto que aquello que servía para desgastar al adversario resultaba sumamente cómodo al sentarse en el Consejo de Gobierno.
Aquella ayuda, que en la etapa socialista se situaba en torno a los 1.357 euros mensuales, no ha dejado de escalar con los populares hasta rozar hoy los 2.000 euros al mes por alto cargo.
El gasto superfluo de Vox
El escenario ha adquirido un nuevo tinte con la intrahistoria del nuevo organigrama de la Junta. Tras la reedición andaluza de los pactos institucionales con la ultraderecha, el Ejecutivo autonómico engordó su estructura hasta alcanzar la cifra récord de 314 altos cargos (13 más que en la legislatura anterior), a pesar de presumir de una supuesta simplificación burocrática y eliminación de "gasto superfluo". Fue, de hecho, promesa de ambos partidos durante la campaña electoral.
Este incremento de sillones prevé aumentar la factura pública en dichas ayudas al alquiler. En el segundo trimestre del año, hasta 85 altos cargos de la administración andaluza se beneficiaron de estas subvenciones, arrojando un coste cercano a los 400.000 euros en solo tres meses (lo que equivale a una proyección de 1,5 millones de euros anuales). Para ponerlo en perspectiva, el último gobierno socialista destinó a este mismo concepto poco más de 59.000 euros en su último trimestre de 2018.
Lo llamativo del caso es que Vox, presunto abanderado de la lucha contra el despilfarro político y los 'privilegios políticos', no ha mostrado el menor reparo en integrar a sus propios cuadros en el disfrute de estas mismas "casas gratis", normalizando un privilegio que contradice frontalmente su discurso de las 'paguitas'.
La ley de Adelante Andalucía
Con este telón de fondo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha movido ficha registrando en el Parlamento andaluz la primera proposición de ley de la formación para la presente legislatura. La iniciativa busca modificar la Ley 3/2005 para suprimir estas indemnizaciones por vivienda a los altos cargos de la Junta.
Desde el partido andalucista se argumenta que "mientras los andaluces y andaluzas pasan muchísimas fatiguitas para pagar el alquiler y la hipoteca, nos parece una barbaridad que a los altos cargos se les den hasta 2.000 euros al mes limpio". Asimismo, ponen cifras del ahorro. García prevé desviar los 1,5 millones de euros anuales que calcula de gasto, así como los recortes en dietas de la cúpula política para financiar la contratación de hasta 730 médicos especialistas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) o garantizar más de 90.000 horas de atención en la Ley de Dependencia.
La proposición de ley no es solo una medida económica, sino un pulso directo con el ejecutivo autonómico compuesto por PP y Vox. Para su debate en el pleno, los partidos conservadores estarán obligados a "mojarse" en palabras de García, y explicar a la sociedad dichos privilegios.
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