El grupo socialista ha presentado hoy ante el Registro del Parlamento una proposición de ley para "desbloquear" la situación creada tras la derogación del decreto ley que reconocía la antigüedad a los interinos para los concursos de traslados y la promoción interna.

Búsqueda de soluciones
"En un ejercicio de responsabilidad y en la constante búsqueda de soluciones para el desbloqueo del derecho a la carrera administrativa y a la promoción profesional de más de 22.000 funcionarios públicos andaluces, que no tienen por qué soportar esta limitación de sus derechos, es por lo que el grupo socialista plantea esta proposición", explica en su exposición de motivos. El texto de la proposición de ley consta de un sólo artículo por el que se modifica la ley de 1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta.

Propuesta
La reforma legal propuesta por los socialistas consiste en añadir dos nuevos apartados a sendos artículos de la citada norma, con el objetivo de "valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos" tanto en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, en los que se computarán los servicios prestados como personal funcionario de carrera e interino, como en los procedimientos de promoción interna. Según la propuesta del PSOE, la citada modificación legal entraría en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En la exposición de motivos se subraya que una Administración que trate de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía debe ser capaz "no sólo de atraer a los profesionales que necesita, sino también de estimular a los que ya forman parte de su estructura para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades".

Valor de la antigüedad
El PSOE recuerda que la antigüedad, como mérito baremable, ha constituido el centro del debate en los procesos judiciales que han tenido como objeto los procedimientos de promoción interna y provisión de puestos de trabajo convocados por la Junta, procesos en los que jueces y tribunales han llegado a conclusiones contradictorias sobre el tratamiento que debe darse a los servicios prestados por el personal funcionario interino. A raíz de la sentencia dictada en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Junta, que había adecuado su actuación a los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tuvo que anular las actuaciones practicadas en los procedimientos de provisión de puestos que por entonces se encontraban en curso.

Según el PSOE, dichas circunstancias justifican la necesidad de adoptar las decisiones normativas que, con la predeterminación legal suficiente, garanticen la gestión estable de los procesos de promoción interna y de provisión de puestos de trabajo, evitando que puedan verse afectados por los "efectos indeseables de una excesiva litigiosidad".