El arranque del curso escolar en la comunidad autónoma se ha visto salpicado por un profundo malestar y un evidente desconcierto organizativo después de que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía haya decidido anular de urgencia la primera adjudicación de sustituciones y vacantes del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI). La resolución, firmada por el director general del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Carlos Muñoz Morales, dejó sin efecto el listado publicado apenas veinticuatro horas antes debido a una incidencia técnica detectada por el servicio de provisión de puestos. Esta marcha atrás en el último minuto deja a centenares de interinos y aspirantes en un completo limbo administrativo justo en la víspera de la incorporación a los centros educativos.
Detrás de este giro administrativo se esconde una realidad marcada por gastos imprevistos, desplazamientos innecesarios y una gran frustración personal. Con la adjudicación inicial ya en su poder, muchos profesionales se habían movilizado a contrarreloj para organizar su traslado, firmar contratos de alquiler o abonar reservas de alojamiento con el objetivo de cumplir de estar preparados para cuando iniciara su etapa profesional. Sin embargo, ahora ese destino podría haber cambiado, lo que ha provocado el enfado e indignación del colectivo.
Ante este escenario de absoluta indefensión, el Sindicato Andaluz de Docentes Interinos y Aspirantes (SADIA) ha alzado la voz con para denunciar el trato que recibe el colectivo y criticar que, una vez más, sea el eslabón más vulnerable el que cargue con el coste de los fallos institucionales. Desde la organización sindical lamentan la fría distancia con la que la Junta despacha los errores telemáticos frente a la realidad cotidiana de los trabajadores.
"Para la Administración puede bastar con anular una resolución y publicar otra. Para el docente no existe un botón de “deshacer” el alquiler, los kilómetros realizados o los gastos que ya ha asumido", denuncian desde SADIA, subrayando la injusticia de que el profesorado deba sufragar de su propio bolsillo los errores de un sistema que no ha provocado.
El malestar en el sector educativo no se limita exclusivamente al trastorno logístico y económico derivado de la anulación sobrevenida, sino también a la preocupante gestión de aquellas plazas que, figurando en la convocatoria original, se quedaron inexplicablemente sin adjudicar a pesar de haber sido solicitadas formalmente por los aspirantes en los plazos reglamentarios. El sindicato advierte que numerosos puestos de vital importancia vinculados a programas tan sensibles como los de Transformación, Apoyos ZTS o Educación Inclusiva no fueron asignados, comprometiendo de entrada la atención especializada que precisa el alumnado más vulnerable.
"Los centros saben que necesitan docentes y los docentes saben que existen esas necesidades. Lo que resulta difícil de entender es que una plaza se oferte como vacante, no se adjudique y, mientras tanto, el alumnado continúe esperando al profesional que debería atenderlo", reprochan con dureza desde la representación sindical.
Para frenar esta situación, SADIA ha interpuesto un recurso potestativo de reposición exigiendo explicaciones transparentes, garantías absolutas de que el nuevo listado respetará rigurosamente el orden de prelación de las bolsas de empleo y medidas compensatorias para los damnificados económicos. Mientras la Consejería trabaja contrarreloj para reorientar el procedimiento y fijar nuevas fechas de incorporación, el profesorado andaluz advierte que la confianza en los cauces públicos se resiente con gravedad, recordando que los docentes cumplen con creces su responsabilidad al adaptarse y desplazarse, por lo que exigen a la Junta que responda con el mismo rigor.
La oposición denuncia el "caos" con los interinos
La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado este miércoles el "caos" narrado anteriormente debido a las adjudicaciones del personal interino. Márquez no solo ha criticado la organización puntual que ha propiciado este desconcierto sino que también ha recordado que, desde que gobierna el PP, en Andalucía hay 3.000 aulas públicas menos, una cuestión que también ha criticado, sacando a colación los paupérrimos resultados del informe PISA: "En Andalucía la educación está peor que en otro sitio porque la política del Gobierno de la Junta trae consecuencias muy negativas y que perjudican tanto a alumnado como a familias", así como a "docentes e infraestructuras", ha aseverado la socialista.
Del mismo modo, la diputada de Adelante Andalucía, Mari García, ha calificado de "metedura de pata" el error informático que ha causado este descontrol adjudicatario entre el profesorado interino, y ha exigido "explicaciones inmediatas" a la consejera del ramo. El Gobierno de la Junta "no hace más que meter la pata" en asuntos como la educación o la sanidad, mientras que el PP "está mucho más preocupado por la tauromaquia que por la sanidad pública", de forma que su "prioridad" no es "el aumento de profesionales en la sanidad o la educación", sino los toros, según ha lamentado.
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