Las demoras en los servicios públicos y las dificultades para acceder a una vivienda se han consolidado como las principales preocupaciones de la ciudadanía andaluza en su relación con la Administración. Así lo recoge el último informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz, presentado este miércoles por su titular en funciones, Jesús Maeztu, que refleja un incremento histórico de las quejas y un creciente malestar social.
En concreto, el documento correspondiente a 2025 señala que la materia con mayor número de expedientes ha sido la dependencia, con 5.330 casos. Este dato se enmarca en un contexto en el que, según el último informe del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, durante 2025 fallecieron en Andalucía 6.995 personas que estaban pendientes de recibir atención del sistema de dependencia. De ellas, 5.598 murieron sin haber obtenido siquiera la resolución que reconoce su grado de dependencia, mientras que otras 1.397 sí tenían el derecho aprobado, pero aún no habían comenzado a recibir la prestación correspondiente.
A la preocupación por la dependencia, tal y como ha afirmado Maeztu, se suma la de la sanidad, con 3.500 expedientes, y vivienda, con 2.423. A estos datos se suman miles de consultas y actuaciones que evidencian un patrón común: retrasos, dificultades de acceso y una percepción generalizada de falta de respuesta por parte de las administraciones públicas.
En total, la institución ha superado las 34.000 actuaciones a lo largo del año, una media de 95 al día, incluyendo más de 17.000 consultas, lo que supone una cifra récord incluso por encima de los niveles registrados durante la pandemia. Además, se han iniciado más de 13.000 nuevas quejas, un 30% más que el año anterior.
Dependencia y sanidad: “los retrasos son desprotección”
Uno de los aspectos más preocupantes que destaca el informe es la persistencia de las demoras en servicios esenciales como la sanidad y la atención a la dependencia. Lejos de ser una cuestión meramente administrativa, Maeztu ha advertido que estos retrasos tienen consecuencias directas en la vida de las personas: “Los retrasos no son solo burocracia, son desprotección”, subraya el informe, que recoge testimonios de ciudadanos que denuncian esperas prolongadas, falta de continuidad en la atención y dificultades para orientarse dentro del sistema.
Estas situaciones afectan especialmente a colectivos vulnerables, como personas mayores, familias cuidadoras o ciudadanos con menos recursos. La brecha digital, además, agrava el problema al dificultar el acceso a trámites que cada vez están más digitalizados. El documento también apunta a problemas similares en otros ámbitos vinculados a derechos sociales, como la valoración de la discapacidad, las ayudas al alquiler o la atención a alumnado con necesidades especiales, donde los retrasos y la falta de información generan incertidumbre y desigualdad.
La vivienda, una “carrera de obstáculos”
El acceso a la vivienda emerge como otro de los grandes focos de preocupación. Según el informe, la combinación de una oferta insuficiente, un parque público limitado y la presión del mercado inmobiliario ha convertido el acceso a un hogar en una “carrera de obstáculos para miles de familias”. Así, el Defensor del Pueblo ha identificado varios factores clave en esta problemática: la falta de vivienda asequible, los retrasos en la concesión de ayudas al alquiler y el impacto de la vivienda turística en determinadas zonas, donde reduce la disponibilidad de alquiler residencial y favorece procesos de sustitución social.
Para hacer frente a esta situación, la institución ha propuesto un decálogo de medidas que incluye la ampliación del parque público de vivienda, la movilización de recursos residenciales y una mayor coordinación con los servicios sociales para prevenir la pérdida de vivienda. También ha planteado mejorar la gestión de las ayudas para garantizar que lleguen a tiempo a quienes las necesitan. Asimismo, el informe aboga por una respuesta integral al sinhogarismo, con soluciones estables y una mayor colaboración con entidades del Tercer Sector.
“Los derechos no se defienden solo proclamándolos, sino haciéndolos efectivos”
Más allá de los datos concretos, el informe ha puesto el acento en una cuestión de fondo: la percepción de desigualdad y desconfianza en el funcionamiento de las administraciones públicas. Según el Defensor, muchos ciudadanos sienten que el acceso a sus derechos depende del lugar en el que viven o del canal por el que realizan sus gestiones.
La falta de información clara y de respuestas en plazo contribuye a esta percepción, pues “cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, el derecho se debilita”, ha advertido Jesús Maeztu, quien alerta de que esta situación puede erosionar la confianza en el sistema democrático
A este escenario de malestar creciente se suma la polémica por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía, sobre el que el Defensor del Pueblo Andaluz ha sido especialmente contundente. Maeztu ha defendido que las mujeres afectadas tienen “inapelablemente el derecho a la información”, subrayando que su institución no actúa con motivaciones políticas, sino con el objetivo de garantizar derechos básicos. De hecho, ha abierto una queja de oficio ante lo que califica como “graves disfunciones” y una situación que ha generado una notable “alarma social”.
El Defensor ha mostrado su “consternación” ante el hecho de que miles de mujeres con resultados “no concluyentes” no fueran informadas ni citadas para seguimiento, lo que podría haber comprometido su derecho a la protección de la salud. En este sentido, ha advertido de que la falta de comunicación no solo vulnera la normativa sanitaria vigente, sino que puede provocar “daños evitables” y una “pérdida de oportunidad asistencial”. “Los derechos no se defienden solo proclamándolos, sino haciéndolos efectivos”, ha resumido Maeztu, en un mensaje que sintetiza el diagnóstico del informe: una ciudadanía cada vez más activa en la defensa de sus derechos ante una Administración que no responde a sus expectativas.