Dos semanas después de que comenzara el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), el fuego continúa sin darse oficialmente por extinguido. Aunque permanece controlado desde el pasado 13 de julio, el Plan Infoca mantiene este viernes un operativo de vigilancia compuesto por 18 bomberos forestales y un camión autobomba para evitar posibles reproducciones dentro del perímetro de un incendio que deja un balance devastador: 13 personas fallecidas, 18 heridos y 5.200 hectáreas arrasadas.
La presencia de efectivos sobre el terreno evidencia que la emergencia aún no ha concluido. Según han explicado fuentes del dispositivo de extinción, los trabajos actuales ya no consisten en combatir llamas activas, sino en supervisar los puntos calientes que puedan reactivarse tras un incendio que, por su comportamiento extremo, puso en jaque durante días a los servicios de emergencia.
El fuego se originó la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó rápidamente hacia los municipios de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas. En el momento de máxima intensidad, el 10 de julio, el operativo desplegó a 187 bomberos forestales y 32 medios aéreos, mientras que la Unidad Militar de Emergencias llegó a movilizar 220 efectivos y 70 vehículos para contener un incendio que avanzaba a una velocidad inédita.
La tragedia mantiene abiertas numerosas incógnitas
Mientras continúan las labores de vigilancia, la dimensión política del incendio sigue creciendo. Tras la comparecencia este jueves del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el Parlamento andaluz, tres grupos de la oposición han anunciado ya que solicitarán la creación de una comisión de investigación para esclarecer la gestión de las primeras horas de la emergencia.
El PSOE-A considera que existe un "mar de dudas" sobre la respuesta del Gobierno andaluz y sostiene que la intervención del consejero no hizo sino aumentar las incertidumbres. Los socialistas cuestionan especialmente el tiempo transcurrido entre la declaración del incendio y la activación del nivel 1 del plan de emergencias, que no se produjo hasta más de tres horas después de detectarse el fuego.
El parlamentario socialista Mario Jiménez ha asegurado que ese intervalo pudo resultar determinante y ha reclamado aclarar quién dirigió el operativo durante esas primeras horas, quién decidió las evacuaciones y por qué no se activó el sistema de alertas masivas Es-Alert. A juicio del PSOE-A, todas esas decisiones deben ser analizadas en sede parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas.
En la misma línea se han pronunciado Por Andalucía y Adelante Andalucía. Ambas formaciones consideran insuficientes las explicaciones ofrecidas por Antonio Sanz y creen necesario reconstruir con detalle la cronología de una emergencia que terminó convirtiéndose en uno de los incendios forestales más mortíferos registrados en Andalucía.
La Junta mantiene que la actuación fue correcta
Durante su comparecencia parlamentaria, Antonio Sanz defendió la actuación del operativo y describió el incendio como un fenómeno "extraordinario", con una velocidad de propagación "fuera de toda lógica" que rompía los patrones habituales de este tipo de fuegos.
El consejero insistió en que la superficie finalmente afectada asciende a 5.200 hectáreas, una cifra inferior a las casi 7.000 estimadas inicialmente gracias a la medición definitiva realizada mediante el sistema europeo Copernicus.
También justificó la decisión de no activar el sistema Es-Alert durante las primeras horas. Según explicó, el incendio afectaba a una zona con viviendas muy dispersas y una orografía especialmente compleja, donde un aviso masivo habría podido generar desplazamientos desordenados y aumentar el riesgo en carreteras comprometidas por el avance de las llamas.
Recuperación pendiente y daños ambientales
Mientras el debate político continúa, la recuperación del territorio apenas comienza. Las primeras evaluaciones de la Consejería de Agricultura han detectado daños en 19 explotaciones ganaderas de ovino y caprino, además de afecciones en caminos rurales, infraestructuras hidráulicas, telecomunicaciones y superficies de pasto.
El incendio también ha golpeado de lleno la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar, integrada en la Red Natura 2000, uno de los espacios con mayor biodiversidad del sureste peninsular. Ecologistas en Acción ha advertido de que el alcance real de los daños ecológicos no podrá conocerse hasta que concluyan los trabajos de inspección sobre el terreno.
Paralelamente, las administraciones ya trabajan en la recopilación de daños para tramitar las ayudas a particulares y municipios afectados. El Gobierno central prevé aprobar en los próximos días la declaración del área como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, una medida que permitirá activar líneas extraordinarias de apoyo económico para afrontar la reconstrucción tras una de las mayores tragedias forestales vividas en Andalucía en los últimos años.
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