Igualdad trasladará a Andalucía su próximo comité de crisis ante el trágico balance de asesinatos por violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha decidido trasladar a Andalucía la celebración de su próximo comité de crisis, previsto para el próximo mes de septiembre, tras constatar que la comunidad autónoma encabeza los trágicos registros de asesinatos por violencia de género a nivel nacional. Desde el departamento dirigido por Ana Redondo han justificado esta medida excepcional en la necesidad de "llevar esta herramienta a los territorios más afectados" y reforzar la coordinación institucional en la prevención y atención a las víctimas, en un momento marcado por una intensa crispación política en el plano autonómico andaluz en torno a las políticas de igualdad y las relaciones del Ejecutivo del PP con Vox.

La decisión ministerial se fundamenta en los datos acumulados que sitúan a Andalucía como el territorio que soporta con mayor dureza la lacra de la violencia machista. Durante el presente año, la comunidad andaluza concentra más de una cuarta parte de las víctimas mortales registradas en el conjunto de España, superando ampliamente su peso demográfico, una tendencia sostenida que también se reflejó en 2025, ejercicio que concluyó con un balance de 15 mujeres asesinadas, además de los datos de 2024 y los registros históricos que superan las 290 víctimas mortales en la comunidad desde que comenzaron los recuentos oficiales en 2003. Ante este escenario, desde el Ministerio se ha avanzado también la intención de concretar una reunión institucional con el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, para abordar de manera transversal la situación actual y la respuesta de los poderes públicos.

Este anuncio se produce en un clima político especialmente convulso en Andalucía, donde la gestión de las políticas de igualdad y la prevención de la violencia de género se encuentran en el epicentro del debate parlamentario y social. En tan solo la última semana, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha completado la renovación de los equipos provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), un proceso que desató una gran polémica tras confirmarse el nombramiento de un varón, Emmanuel Toro, al frente de la dirección provincial en Sevilla. Esta designación inédita rompió con una línea histórica de representación en el organismo en una de las provincias clave de la comunidad, coincidiendo además con una etapa de fuerte tormenta política marcada por los acuerdos y cesiones del Partido Popular a Vox en materia de violencia de género, unos pactos que han sido duramente reprochados por los grupos de la oposición.

Las formaciones progresistas y los portavoces parlamentarios han venido denunciando reiteradamente lo que califican como una cesión de competencias y espacios ideológicos a la ultraderecha en un asunto tan sensible, advirtiendo de que cualquier retroceso en la contundencia institucional debilita la protección efectiva de las mujeres. Las críticas de la oposición apuntan directamente a que el Ejecutivo autonómico no puede ceder terreno ni hacer concesiones de sillones a formaciones que cuestionan el marco de la violencia machista, especialmente cuando Andalucía continúa lidiando con cifras alarmantes de casos activos, miles de llamadas a los servicios de atención y una alta proporción de mujeres que sufren situaciones de riesgo extremo o vulnerabilidad sin haber interpuesto denuncia previa.

Concretamente, estas críticas se elevaron al espacio público cuando se constató que Vox sería el encargado de gestionar la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, competente de gestionar las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). Se da el caso de que hace siete años la propia formación de ultraderecha pidió conocer los nombres de cada uno de los trabajadores que realizaban su trabajo dentro de esta unidad. Una decisión rechazada por el Ejecutivo del PP. Ahora, los controlará. Estos trabajos son fundamentales para la posterior defensa de la víctima en los juzgados. Las Unidades de Valoración están ompuestas por equipos multidisciplinares de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de las ocho provincias andaluzas, desempeñan una labor crucial. Su cometido central es la elaboración de los informes psicosociales y dictámenes periciales que determinan la evaluación del riesgo, las secuelas psicológicas de las agredidas y la situación de los menores, siendo elementos clave para que las autoridades judiciales decreten órdenes de protección o resuelvan sobre custodias y regímenes de visitas.

El foco que el Ministerio de Igualdad pondrá sobre Andalucía el próximo mes de septiembre vuelve a colocar así sobre la mesa la urgencia de dotar de la máxima solidez, recursos y rigor a los mecanismos de prevención y protección. Mientras el Gobierno central reclama una respuesta unitaria y un análisis pormenorizado de los factores criminológicos, con especial incidencia en provincias como Málaga, que acumula un elevado porcentaje de los crímenes de la comunidad, el debate político andaluz sigue fuertemente condicionado por la sombra de los pactos de gobierno y la controversia en torno a los nombramientos institucionales en el seno de los organismos de igualdad.