El alcalde de Arcos, José Luis Núñez, junto a Javier Arenas en un acto público del PP en la localidad. Foto PP
Parafraseando el título de la película de Berlanga, "Todos a la cárcel" bien podría decirse de la política laboral del consistorio gaditano de Arcos de la Frontera que "todos al Ayuntamiento". Nada de supuestos contratos a familiares de uno en uno, nada de eso ¡A lo grande! 25 primos, cuñados, hermanos, sobrinos y afines. Y nada de que se favorezca a los cercanos de un solo cargo sin nada mas ni menos que a ocho concejales más el alcalde ¡Todos al ayuntamiento!
Ocho concejales y alcalde ante el juez
Y es que hasta ocho ediles más el regidor del PP tendrán que comparecer ante el juez al admitir una querella por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias derivado de supuestos contratos irregulares hechos a 25 familiares y personas afines en el Ayuntamiento. Para comenzar hoy ya han comparecido ante el juez de Arcos durante media hora tanto el alcalde, el popular José Luis Núñez como su primer teniente de alcalde, el indepediente Sebastián Ruiz.
Prevaricación y tráfico de influencias
La investigación que ha abierto el juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera se origina en la querella, presentada y aceptada, contra el alcalde y extensiva también a ocho concejales de PP e independientes que gobiernan juntos. Los delitos en los que se imputan en la querella presentada por un actual concejal del PSOE y ex teniente de alcalde son los de prevaricación y tráfico de influencias por la supuesta contratación irregular de 25 familiares y personas afines en el Ayuntamiento.
Según adelanta el diario ‘El Mundo’, el titular del juzgado ha citado a declarar esta jornada a los querellados en calidad de imputados.
Acusaciones "masivas", contratos "masivos"
La querella fue presentada el pasado septiembre. En ella se acusa al alcalde; al senador del PP y edil de Infraestructuras, Obras y Servicios, Sebastián Ruiz; al concejal de Urbanismo, Manuel Erdozain (Aipro); el de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera (PP); la de Asuntos Sociales, Juana María Morales (PP); el de Turismo, Manuel Romero (Aipro); el de Cultura, Domingo Jesús González (PP); el de Medio Ambiente, Francisco Muñoz (Aipro), y Petra Macías (Aipro), responsable de la Delegación de Jédula.
Irregular modus operandi desde el primer minuto del mandato
Se señala que desde el principio del mandato municipal estos habrían venido ordenando, “unas veces directamente, y otras mediante el responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011″, añadiendo que todo esto se ha hecho al margen de los procedimientos legales y sin proceso de selección”. Para aumentar la gravedad del asunto también se denunció que los contratos masivos se llevaron a cabo a falta de fiscalización del Servicio de Intervención.
Cuñados, primos, sobrinos, tíos...
En la nómina de supuestamente favorecidos en esta lotería municipal aparecen el cuñado y una sobrina del alcalde; a un cuñado de Reyes; a un cuñado de Erdozain; un cuñado, una hermana y una sobrina de De la Barrera; una hermana y un hijo de Romero Gallardo; dos sobrinos de Macías; un sobrino y una hermana de Morales; dos tíos de Muñoz y un sobrino de González Gil. Irónicamente hay quien recordaría el indudable valor que la familia tiene para la derecha española.
Desde arquitectos a peones contratados
Los puestos son de todo y variopintos. Ninguna escala municipal ha estado exenta de estas contrataciones masivas. Desde carpintero, a auxiliar, electricista, administrativo, peón, conserje, arquitecto llegando a personal de limpieza, de todo tipo y categoría laboral.
Contratos a miembros de las listas municipales
En la denuncia se recoge que "se han concertado contratos laborales temporales con personas que formaron parte de las candidaturas de los partidos políticos que conforman el gobierno municipal, sin cumplir con las normas procedimentales establecidas en el ordenamiento jurídico".
La tipificación legal de los posibles delitos serían muy graves ya que se abría incurrido en delitos continuados de prevaricación y de un de tráfico de influencias .
