La gestión manifiestamente mejorable que ha hecho el ministro del Interior del caso Pérez de los Cobos ha desatado varias tormentas simultáneas cuyos damnificados no se registran solo en la nave que capitanea el juez Grande Marlaska, sino que han alcanzado a la mismísima nao capitana de la flota gubernamental.

Bastaba con haber esperado al escándalo que necesariamente habría suscitado el chusco informe enviado a la juez por los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a cuyo frente estaba Pérez de los Cobos, para que el caso desembocara en la pérdida de confianza y ulterior destitución del alto cargo nombrado por el ministro.

La decisión de Marlaska ha puesto el foco político en el cese de Pérez de los Cobos y no, como habría sido lo justo, en la chapuza urdida por sus subordinados, de la que el alto mando de la Guardia Civil es responsable político.

La cuestión de fondo, en todo caso, no es esa. La cuestión es por qué hay una causa abierta por prevaricación de los juzgados de Madrid para esclarecer si la Delegación del Gobierno autorizó la manifestación del 8 de Mayo a sabiendas del peligro de contagio.

¿Habría habido causa judicial sin el 8M? ¿Cabe pensar que los mismos que han denunciado la presunta prevaricación gubernamental hubieran impulsado igualmente su acción judicial por no haberse prohibido los partidos de fútbol o el transporte colectivo, pese a coincidir todos los expertos que este último habría sido el principal agente de contagio?

Las derechas que están jaleando esta causa político-judicial no están indignadas con el Gobierno por haber actuado éste supuestamente tarde, sino por no haber prohibido una determinada manifestación. Su ira la despierta el feminismo, no la torpeza o aun la prevaricación del Gobierno.

El clima anti 8M es principalmente obra de Vox, cuyas paranoias antifeministas han contaminado y arrastrado a las otras dos derechas, hasta la irrupción ultra más bien reticentes que contrarias a la igualdad de hombres y mujeres.