El Gobierno de Moreno recurrirá por tercera vez la política de vivienda del Gobierno central: ahora, los decretos de vivienda

El enfrentamiento institucional entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central en materia de vivienda ha vuelto a hacerse notar. El Ejecutivo andaluz, encabezado por Moreno Bonilla, ha anunciado que iniciará los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los dos decretos de vivienda aprobados recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Esta decisión supone la tercera gran ofensiva jurídica de la administración autonómica contra las medidas en materia habitacional impulsadas desde Moncloa, reafirmando una postura firme frente a lo que consideran una "intromisión continuada" en sus competencias autonómicas.

El detonante de este nuevo conflicto radica en la vía elegida por el Gobierno central para sacar adelante estas dos normas. Tras haber sido rechazadas previamente por la mayoría de la Cámara Baja, y que posteriormente provocaron la convocatoria electoral, el Ejecutivo central optó por darles luz verde aprovechando la constitución de la Diputación Permanente. Con estos textos normativos, el gobierno de Pedro Sánchez argumenta su intención de articular "mecanismos urgentes" para "frenar los desahucios y proteger a familias vulnerables". Sin embargo, la maniobra para sacar adelante la regulación ha estado en el punto de mira de la oposición, donde PP y Vox han rechazado de plano las formas, hasta el punto de acusar de "fraude" a la democracia.

En declaraciones a los medios, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha confirmado que el gabinete jurídico del Gobierno andaluz ya se encuentra trabajando en los informes correspondientes, existiendo el convencimiento técnico de que el recurso tiene fundamento firme para prosperar ante el Tribunal Constitucional debido a una "invasión flagrante" de las competencias atribuidas a la comunidad autónoma. Asimismo, la responsable andaluza ha advertido que el contenido de los decretos supone una "seria vulneración del derecho a la propiedad privada", cuyos efectos distorsionadores ya se están dejando notar de "forma directa en el mercado" con la progresiva retirada de inmuebles destinados al alquiler.

Este nuevo frente judicial se suma a un historial tenso entre ambas administraciones que se remonta al inicio de la legislatura. La primera gran batalla institucional por las competencias de vivienda tuvo lugar a cuenta de la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. En aquella ocasión, el Gobierno andaluz presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el texto final al considerar que la normativa del Estado vulneraba el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Según detalló el propio Gobierno andaluz en su portal institucional, la ley nacional regulaba aspectos sustanciales del urbanismo y la vivienda que corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas, invadiendo el margen de gestión propio e interviniendo en la regulación de las zonas tensionadas y la fijación de precios del alquiler.

El segundo choque se produjo hace apenas unos meses, cuando la Junta de Andalucía decidió interponer un conflicto de competencias contra las condiciones impuestas en la prórroga y diseño del Plan Estatal de Vivienda. El Ejecutivo autonómico recurrió ante el Tribunal Constitucional al entender que la normativa nacional "desnaturalizaba" el marco autonómico. Entre las discrepancias se encontraba la protección de forma permanente las Viviendas de Protección Oficial (VPO), condición sine qua non para la distribución de las transferencias financieras, lo que según el análisis del Gobierno andaluz limitaba drásticamente la autonomía financiera de la comunidad y reducía las atribuciones del gobierno autonómico a un mero papel de gestor administrativo de las ayudas diseñadas por el Ministerio.

Con el paso anunciado ahora por la consejera Rocío Díaz la Junta de Andalucía consolida una estrategia sistemática frente a la intención estatal de regular el sector inmobiliario.