El Gobierno central instalará barreras móviles en el río Guadalquivir para dificultar la navegación de narcolanchas y reforzar la lucha contra el tráfico de drogas en Andalucía. Así lo anunció este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control en el Senado, donde ha confirmado que el proyecto contará con una inversión superior a los doce millones de euros y que su tramitación se encuentra ya en la fase final.
La medida llega en un contexto de creciente presión política y social por el avance del narcotráfico en el sur de España, especialmente tras la muerte reciente de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva durante una persecución a una narcolancha.
Durante su intervención, Marlaska ha defendido la estrategia del Ministerio del Interior y ha asegurado que el Ejecutivo lleva más de un año trabajando en los informes y convenios necesarios para desplegar estas infraestructuras móviles en el Guadalquivir. Según ha explicado, el último paso pendiente es la formalización definitiva del acuerdo con la Autoridad Portuaria de Sevilla. “Eso es trabajo serio y continuado”, ha sostenido el ministro, que ha reivindicado además la importancia de la inteligencia policial y de la cooperación entre cuerpos de seguridad para combatir el narcotráfico tanto en el Guadalquivir como en el Guadiana.
El narcotráfico vuelve al choque político
El anuncio ha vuelto a tensar el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la gestión del narcotráfico en Andalucía. De esta forma, el senador popular Fernando Martínez-Maíllo ha acusado al Ejecutivo de actuar con falta de contundencia y ha hablado de “negligencia” por parte del Ministerio del Interior. Igualmente, los populares han exigido autorizar el uso de medios no letales para interceptar narcolanchas y criticaron que Marlaska no acudiera al funeral de los agentes fallecidos en Huelva.
Por su parte, el ministro ha rechazado las acusaciones y ha pedido evitar la utilización política de las víctimas. Además, ha recordado que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar sigue activo y ha defendido que las operaciones policiales contra el narcotráfico han continuado aumentando en los últimos años.
Del mismo modo, la vicepresidenta primera y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha reivindicado recientemente las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Campo de Gibraltar y ha defendido el aumento de efectivos desplegados por el Estado en la lucha contra el narcotráfico. Tanto fue así que, durante un acto político en Andalucía, Montero elevó el tono contra el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, al que acusó de “hacer caja con las víctimas” mientras el Ejecutivo central, sostuvo, ha reforzado los recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad en la zona.
La dirigente socialista defendió también el incremento de la presencia policial gracias al Gobierno, así como la creación de nuevas herramientas de coordinación e intervención frente al crimen organizado, especialmente en áreas sensibles como el Campo de Gibraltar y las rutas fluviales andaluzas.
El Guadalquivir, nueva autopista del narcotráfico
El anuncio de las barreras móviles evidencia además la creciente preocupación de Interior por el uso del Guadalquivir como corredor estratégico para el narcotráfico. En los últimos años, las organizaciones criminales han intensificado la utilización del río para transportar droga tierra adentro aprovechando la complejidad de vigilancia en determinados tramos.
Las narcolanchas han multiplicado su presencia no solo en la desembocadura del río, sino también en zonas próximas a Sevilla, donde las fuerzas de seguridad llevan tiempo alertando del incremento de la actividad criminal. El estudio técnico impulsado por Interior busca precisamente dificultar el acceso y circulación de estas embarcaciones mediante sistemas móviles capaces de bloquear parcialmente determinados puntos del cauce sin interferir permanentemente en la navegación ordinaria.
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