El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto-ley urgente para reconocer y reparar la figura de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista asesinado por un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha explicado que el Ejecutivo ha encontrado “la fórmula más adecuada” para dar una respuesta “justa, necesaria y obligatoria” a la familia tras la negativa inicial del Ministerio del Interior a declararlo víctima del terrorismo.
Montero ha detallado, en una atención a medios en la Delegación del Gobierno en Andalucía antes de reunirse con organizaciones agrarias junto al ministro Luis Planas, que habló personalmente con la familia de Caparrós el mismo día en que se conoció la carta del Ministerio denegando el reconocimiento. En esa conversación trasladó tanto información sobre la solución que prepara el Ejecutivo como “nuestras disculpas” por la forma en que se produjo la respuesta administrativa.
La misiva remitida por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo señalaba que el caso no encaja en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Según ha explicado Montero, se trató de una respuesta “exclusivamente técnica”, emitida por los funcionarios competentes, que concluyó que la figura de García Caparrós se ajusta más a los supuestos de la memoria democrática que a los previstos en la normativa antiterrorista vigente.
Recuperar indemnizaciones con carácter urgente
Ante esa interpretación jurídica, el Gobierno ha optado por una vía alternativa. El decreto-ley que se aprobará este martes recuperará las indemnizaciones contempladas en la anterior legislación de memoria y las asimilará, en cuantía y efectos, a las reconocidas para las víctimas del terrorismo. De este modo, García Caparrós será considerado víctima de la memoria democrática, con un resarcimiento equiparable al de quienes han sufrido violencia terrorista.
Montero ha subrayado que lo relevante es el “empeño del Gobierno de España por reconocer la figura de García Caparrós” y el compromiso adquirido con su familia. “Vamos a proceder a ese reconocimiento”, ha asegurado la socialista, destacando que la reparación económica se situará en las mismas cuantías que las previstas para víctimas del terrorismo, como expresión de la dignidad institucional que merece su memoria.
La vicepresidenta enmarcó este paso en la voluntad de cerrar una herida histórica que afecta, no solo a la familia, sino al conjunto de Andalucía. García Caparrós, ha afirmado, representa “la dignidad del pueblo andaluz” en los años finales de la dictadura y en los comienzos de la democracia constitucional. Su muerte durante una movilización masiva por el autogobierno convirtió su nombre en símbolo del 4D y del proceso autonómico andaluz.
Respuesta rápida del Gobierno
Montero defendió que el Ejecutivo central ha actuado con rapidez una vez constatado el encaje legal del caso. A su juicio, el Gobierno está demostrando que “da respuestas muy claras” cuando se trata de cuestiones que afectan a Andalucía. En ese sentido, ha recordado el reciente decreto-ley con ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), convalidado en el Congreso, así como el paquete de 7.000 millones aprobado para paliar los efectos de las borrascas que han castigado la comunidad en las primeras semanas del año.
La dirigente socialista ha aprovechado para cargar contra el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, por haber calificado esas ayudas como “a granel”. Para Montero, esa expresión constituye “una falta de respeto que no cabe entre instituciones” y responde a una estrategia de confrontación política. “Le da coraje”, ha afirmado en referencia al líder del PP andaluz, y “todo lo que viene del adversario político intenta ningunearlo”.
El anuncio del decreto-ley añade un nuevo capítulo al debate político en torno a la memoria de García Caparrós, reactivado tras la negativa inicial de Interior. Con la fórmula elegida por el Gobierno, se busca sortear el obstáculo jurídico que impedía su reconocimiento como víctima del terrorismo en sentido estricto, al tiempo que se garantiza una reparación equiparable.
Casi medio siglo después de aquel disparo que truncó la vida de un joven de 18 años, el Ejecutivo central da un paso para saldar una deuda pendiente con su familia y con la memoria democrática andaluza. El martes, con la aprobación del decreto-ley, el reconocimiento institucional que durante años reclamaron sus hermanas se convertirá en una realidad jurídica.