Un funcionario que participó en la redacción del pliego de limpieza y recogida de residuos de Utrera viajó a una fábrica de contenedores con los gastos pagados por una empresa interesada en mostrar sus productos al Ayuntamiento. Ahora pide que no le encarguen evaluar las ofertas hasta que se determine si debe abstenerse por un posible conflicto de intereses. Que los gastos corrieron a cargo de una empresa lo reconoció en 2024 el concejal Félix Gómez Barro, actualmente de baja.
Un técnico del Ayuntamiento de Utrera ha redactado un informe para pedir algo que no se ve todos los días: que no le encarguen puntuar las ofertas de un contrato de 81 millones de euros más IVA en cuya redacción participó. La razón es un viaje. Visitó una fábrica de contenedores junto a otros representantes municipales y los gastos los asumió una empresa interesada en que el Ayuntamiento conociera sus productos. El escrito, de seis páginas, al que ha tenido acceso ElPlural.com en exclusiva, se registró el 6 de octubre y va dirigido al órgano de contratación, que en este expediente es el Pleno municipal.
El viaje no es ningún secreto. Consta en el acta del Pleno de julio de 2024. El delegado del ramo, Félix Gómez Barro, visitó una planta de fabricación de contenedores junto con personal técnico. Se explicó que el objetivo era "la elaboración del nuevo pliego para la recogida de basura" y, cuando se preguntó quién asumía los gastos de viajes, desplazamientos, alojamientos y manutención, la respuesta del área de Gómez Barro fue esta: "Es la propia empresa que está interesada en que conozcamos su producto la que nos invita y corre con los gastos".
El PSOE de Utrera denunció entonces viajes a Ourense y Madrid con alojamiento y comidas pagados por empresas del sector. Los calificó de "viajes y comidas en restaurantes de lujo", apuntó a posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho y anunció que estudiaba emprender acciones legales. Nada de eso aparece en el escrito del técnico. Tampoco se ha identificado públicamente a la empresa que sufragó los gastos ni consta que fuera FCC.
Sin embargo, el nombre de FCC sí apareció en aquel Pleno. Al responder a una pregunta de la oposición sobre este asunto, Gómez Barro afirmó: "Que esto lo haya pagado FCC se lo ha inventado usted". La pregunta, tal como figura en el acta, no acusaba en ningún momento a FCC, la empresa que actualmente presta el servicio, de haber costeado los gastos. El concejal desmintió una acusación que nadie había formulado en esos términos, y la rapidez con la que introdujo el nombre de la compañía llama la atención.
Quien da la voz de alarma no es un espectador. Este funcionario, con décadas de experiencia en el Ayuntamiento utrerano, participó en la redacción de las reglas del contrato y ahora pide que no le permitan evaluar a las empresas que compiten por él hasta que se resuelva si existe una causa de abstención. Además, revela que la Oficina Andaluza Antifraude solicitó información sobre la visita tras iniciar actuaciones previas. El alcance de esas actuaciones se desconoce por el momento.
No hace falta ser adivino para leer entre líneas: el escrito del funcionario parece una manera de ponerse la venda antes de la herida. Cuesta creer que una empresa que invita a representantes municipales a viajar con todos los gastos pagados para enseñarles sus contenedores lo haga por amor al arte.
En un capítulo de Los Soprano, Paulie, furioso por una broma, exige venganza y se aferra al viejo código de la familia. Tony le para los pies con una frase: "Si puedes citar las reglas, entonces puedes obedecerlas".
El funcionario no ha levantado la voz. Ha hecho precisamente lo que Tony le exige a Paulie: ha citado las reglas y ha pedido que se apliquen, aunque eso suponga apartarse de la evaluación de las ofertas. A Gómez Barro le tocaría escuchar la frase. Advertimos que cualquier parecido con una serie sobre mafiosos en la que el negocio de la basura es uno de los tentáculos de sus operaciones en la ciudad es pura casualidad.
Gómez Barro, concejal delegado de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, está de baja por incapacidad temporal desde el 13 de octubre, una semana después de que se registrara el escrito. Según fuentes municipales, la baja se produjo después de que tuviera conocimiento del documento.
El contrato ya llegaba tocado. El PSOE votó en contra del pliego, lo recurrió y examina la licitación, mientras el gobierno de Francisco Jiménez (PP) convive con otros asuntos abiertos. El alcalde y la primera teniente de alcalde, Isabel González Blanquero, están investigados en un juzgado de Utrera por la cesión de un local municipal a un club de ajedrez. Además, dos sobrinas de Jiménez trabajan en FCC, según fuentes municipales, sin que se haya acreditado irregularidad alguna en su contratación. La lista de asuntos pendientes en Utrera ya va necesitando índice.
Este asunto tiene más derivadas y ElPlural.com seguirá informando. Un adelanto: el escrito iba dirigido al Pleno, que es el órgano competente para decidir sobre este contrato. Ha pasado más de un mes y se han celebrado cinco plenos, pero en las actas y órdenes del día públicos no hay rastro del informe. El área de Contratación depende de Isabel González Blanquero y es a ella, como delegada, a quien corresponde preguntar por qué no consta que el documento haya llegado al órgano que debía examinarlo.
Y luego está el calendario. El pasado 24 de octubre, ABC de Sevilla publicó que, si el PP conseguía su quinto diputado por Sevilla, "se materializaría una transición en la localidad que lleva tiempo sobre la mesa". El alcalde, Francisco Jiménez, ocupa precisamente el quinto puesto de esa lista al Congreso. González Blanquero es su mano derecha y este diario ya la situó entre las posibles sucesoras al frente del Ayuntamiento.
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