La salud mental sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las políticas sanitarias en Andalucía. En mayo de este año, se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2026 - 2029 (PESMAA), que prometía asegurar una atención sanitaria equitativa y accesible para cada ciudadano andaluz.
Sin embargo, a pesar de que la media europea se encuentra en unos 18 profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes, según declaraciones del decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental para El Diario de Sevilla en julio, en nuestra comunidad autónoma se cuenta con unos cinco psicólogos clínicos por cada 100.000 andaluces.
De cara a esta problemática, el candidato por Almería del Frente Amplio Andaluz, Zacarías Lekal, ha declarado ante los medios en el Centro de Especialidades la Bola Azul la propuesta que presenta el FA para la comunidad: aumentar dicho ratio a 10 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, así como incrementar la inversión en sanidad al 8% del PIB para "reforzar la sanidad pública para reducir las listas de espera y mejorar la atención sanitaria, especialmente en salud mental".
Lekal ha recordado que, como muestra del "deterioro" del sistema sanitario público, Andalucía cerró el pasado año con listas de espera que superan el millón de pacientes y que, en la provincia almeriense en concreto, "los pacientes pueden esperar más de cuatro meses para conseguir una intervención quirúrgica".
Subrayando de nuevo Almería, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ya advirtió al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en septiembre de este mismo año del déficit estructural de enfermeras y enfermeros especialistas en salud mental (EESM). En toda Andalucía, el ratio de dichos profesionales es de 1,83 enfermeros por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional se sitúa en unos 3 EESM.
Además, influye la emigración de profesionales a otras comunidades autónomas que pueden ofrecer mejores condiciones laborales, un desequilibrio entre territorios que también denunció el sindicato. Todo esto tiene un desenlace fatal: Almería ha gestionado en el presente año 451 casos con indicador clínico, siendo el 69,2% relacionados con conductas de autolisis o riesgo inminente de suicidio, cifra que alerta teniendo en cuenta que estos datos reflejan únicamente los casos en centros educativos de la provincia almeriense. Según los datos más recientes que pueden ser consultados en el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 la tasa de mortalidad por suicidio en toda Andalucía fue de 9,8 por cada 100.000 habitantes.
El conjunto del sistema sanitario andaluz, en disputa
Lekal ha enjuiciado la política sanitaria del Ejecutivo de Moreno Bonilla. Ha subrayado que en Almería se destinasen "17 millones de euros a intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, otros 26 millones a pruebas diagnósticas y 25 millones de euros de la sanidad pública almeriense a clínicas privadas de la Región de Murcia". Para el FA andaluz, dichas derivaciones “no solucionan los problemas estructurales del sistema sanitario, sino que suponen una transferencia de recursos públicos al sector privado mientras los centros públicos continúan sufriendo una falta de inversión y medios”.
Y es que no solo en salud mental flojean los presupuestos destinados a la salud de los andaluces. La creciente privatización del sistema sanitario público de la comunidad se demuestra en el informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública comprobado por ElSalto, que asegura que desde 2016 a 2026 la privatización ha aumentado en un 70%.
Así, la formación plantea en Andalucía actuar contra el marco normativo que facilita la privatización sanitaria, con especial atención a la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
La ley en cuestión contra la que plantea actuar el Frente Amplio Andaluz establece en su apartado segundo que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas".
Esto quiere decir que una administración sanitaria puede recurrir a empresas privadas para prestar determinados servicios que forman parte del sistema sanitario público, como por ejemplo contratar con una empresa privada la prestación de determinados servicios sanitarios o concertar intervenciones quirúrgicas con hospitales privados.
De esta manera, la formación recalca que "frente a las políticas de privatización, es necesaria una sanidad pública con más recursos, profesionales y capacidad de respuesta, que permita reducir las listas de espera y atender adecuadamente las necesidades de la población".
"Si la gente quiere que la sanidad pública se conserve, se defienda y mejore, ese voto del 29 de noviembre tiene que ser para el Frente Amplio", ha defendido el candidato.
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