La Fiscalía de Marbella ha solicitado una pena de cinco años y seis meses de prisión para José María García Urbano, alcalde de Estepona, acusado de contratar de manera irregular a su amiga íntima, C.P.B, como cargo de confianza en el Ayuntamiento. Según el escrito de acusación, la contratada percibió su salario a sabiendas de que "nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna". Además, tal y como publicó ElPlural.com, mientras que la amiga de Urbano fue contratada -entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023-, la amiga se encontraba de postoperatorio estético de pechos, con pleno conocimiento del alcalde, con el que mantenía conversaciones casi diarias a través de mensajería y donde iba actualizando su estado. 

El caso, que será juzgado por un Tribunal del Jurado, ha dado un nuevo paso procesal esta misma semana. El titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona, el magistrado Íñigo José Villar Gómez, ha dictado una providencia con fecha de 26 de enero en la que abre la fase de juicio oral y da un plazo de cinco días a las defensas para presentar sus escritos. Según el relato de la Fiscalía, los hechos se remontan al 13 de febrero de 2023, cuando García Urbano, ejerciendo como alcalde, firmó un decreto para contratar a la mencionada amiga como personal eventual adscrita al Área de Control Externo. El auto sostiene que dicha contratación fue una maniobra para que la acusada se apropiara de fondos públicos "sin contraprestación alguna". La mujer, como decíamos, estuvo en nómina hasta el 31 de marzo de ese mismo año, cobrando un total de 5.276,92 euros correspondientes a las mensualidades de febrero y marzo.

Por ello, por los delitos constitutivos de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos, Fiscalía pide para alcalde García Urbano 5 años y 6 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación absoluta para cargo o empleo público. Por su parte, para C.P, considerada "cooperadora necesaria2 del delito de malversación, la Fiscalía pide 3 años y 6 meses de prisión y 8 años de inhabilitación.

Un detalle relevante del escrito de acusación es que, años después de los hechos, en noviembre de 2025, se presentó una instancia ante el Ayuntamiento acompañada de un cheque bancario por el importe cobrado (5.276,92 euros) para intentar reparar el daño. Sin embargo, la Fiscalía señala en su escrito que, a fecha de hoy, "no consta que el cheque haya sido ingresado de manera efectiva en el Tesoro Municipal".

Ahora, el Juzgado ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por la defensa de García Urbano contra el auto de procesamiento, aunque ha especificado que esto no suspende el procedimiento. Las partes tienen ahora cinco días para presentar sus alegaciones finales antes de que se fije la fecha para la vista oral con jurado popular. Además de las penas de prisión, el Ministerio Fiscal exige que los acusados indemnicen al Ayuntamiento de Estepona no solo por los salarios percibidos indebidamente, sino también por los costes de Seguridad Social derivados de la contratación, si no se acredita su devolución íntegra.

Disparate jurídico

Tras conocerse el escrito de la Fiscalía la defensa del alcalde ha asegurado a través de un comunicado al que ha tenido acceso la Ser que "se trata de un disparate jurídico basado en una declaración falsa de una persona que ha evidenciado la falsedad de sus declaraciones en otros procedimientos judiciales que ya han quedado archivados".

La defensa del alcalde señala que presentó un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, solicitando el archivo de la causa al no existir ningún indicio delictivo contra el alcalde en la contratación de esa persona como cargo de confianza durante 46 días. Una petición que está pendiente de resolver por la Audiencia Provincial.

El escrito sostiene que el auto de transformación del pasado 4 de diciembre utiliza la declaración en calidad de testigo que esa misma persona formuló en otro procedimiento, que fue archivado de forma firme por la Audiencia Provincial al demostrarse la falsedad de las acusaciones.

Las conversaciones entre alcalde y C.P y la operación de pecho

Mientras C.P. debiera haber estado trabajando, la realidad es que se encontraba en Córdoba, de postoperatorio de una cirugía estética de pecho que se realizó en Málaga, mientras Urbano era totalmente consciente de ello. El 15 de febrero, tan solo dos días después de contratar a la mujer, el regidor y ella mantienen una conversación por Whatsapp. En ella, C.P. le explica al alcalde que el próximo viernes va a “las pruebas” para una operación: “Tengo ganas de acabar con esto y a por otra cosa”, le explica la mujer, para confirmar a Urbano que la operaban el día 22 de febrero, 9 días después de ser contratada.

Desde el día 23 se inicia una serie de conversaciones -cortas- en las que Urbano demuestra su caridad humana hacia ella y le pregunta cómo está llevando el postoperatorio. El día 23, un día después de realizarse la cirugía, ella le explica que salió del hospital y que ya estaba en Córdoba. Al día siguiente, al volver a ser preguntada, le explica que “no poder hacer nada con los brazos es agobiante pero es lo normal”.

C.P., a Urbano: “Que bailecito me he pegao (emoticono). Esa canción es divina. Soy rumbera y se me pone la piel de gallina… y los pezones!"


El día 27 de febrero, ella avisa al alcalde de que tiene una revisión de la cirugía estética el próximo viernes: “El viernes voy a revisión”; “¿Aquí”, contesta Urbano, refiriéndose a Málaga. “Sí en Málaga capital”, responde ella. “En tren voy. Luego cogeré un taxi porque no se donde esta el hospital vithas”. Tras consultarlo, le envía al alcalde la localización exacta: “Hospital Vithas Parque San Antonio”. “Eso es en el limonar”, responde él.

Conforme el postoperatorio va avanzando, se puede ver que las conversaciones que mantienen Urbano y C.P., mientras continúa contratada en el Ayuntamiento, evidencian, además, la relación que tenían entre ambos. Tras un enlace de Youtube de Urbano a la mujer, esta responde: “Que bailecito me he pegao (emoticono). Esa canción es divina. Soy rumbera y se me pone la piel de gallina… y los pezones! Me he acordado de toda tu vida (emoticono) unos tetones que me he puesto (emoticono). Te echo de menos, gorrión”.

Las conversaciones llegan a su fin el día 30 de marzo, un día antes de que se acabe el contrato con el Ayuntamiento. De hecho, el día anterior, el 29 de marzo, mientras P. le comentaba al alcalde del PP que estaba con ánimos bajos. Incluso le llegó a confesar: “Trabajo… como sabrás es mi último mes. Así que averiguando la vida que no es poco”.

Doble causa judicial

Esta causa se suma a otra investigación que el Juzgado mantiene contra el regidor del PP en la ciudad esteponera, en la que se investiga un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de la concesión de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para uso de restauración a una empresa de la que era socia única y administradora la pareja del hijo del regidor.

El Mirador del Carmen es un edificio de titularidad municipal que alberga un complejo cultural con una biblioteca, un conservatorio de música, un auditorio y una sala de exposiciones. Un espacio con una torre mirador que ofrece impresionantes vistas panorámicas del Mediterráneo y cuya planta baja se dedicaría al restaurante, motivo de este litigio judicial por la concesión a la pareja del hijo del alcalde.

En este contexto, la jueza emitió este martes un auto donde se reconoce al PSOE, representado por la portavoz municipal en el Ayuntamiento, Emma Molina, como parte personada en el procedimiento judicial y fija una fianza de 2.000 euros para poder ejercer la acción popular.

Además de García Urbano en este caso están llamados a declarar la teniente de alcalde y edil de Infraestructuras y Urbanismo, Ana Velasco más cuatro técnicos municipales integrantes de la mesa de contratación que adjudicó esta concesión.